Boric urge por solución a “presos del estallido” y anuncia su propia fórmula para financiar PGU
El Presidente electo, tras ser proclamado como tal por el Tricel, dijo que entregará a la administración Piñera un “pool de alternativas” para financiar la pensión garantizada.
Faltando dos meses para que se verifique el traspaso de mando, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó a Gabriel Boric Font como el próximo Presidente de la República para el periodo 2022-2026. Ello durante una ceremonia formal a la que asistieron, entre otras autoridades, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ximena Rincón y Diego Paulsen, respectivamente; la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros; y el director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García.
Tras concluir el evento, el Presidente electo reafirmó que el anuncio del gabinete ministerial que lo acompañará a partir de marzo se realizará la pénúltima semana de enero. Será un equipo paritario en materia de género, con presencia de diferentes generaciones y con diversidad social, anticipó.
Pero también se pronunció sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego que incluso el Consejo Fiscal Autónomo haya formulado reparos a la fórmula diseñada por Hacienda. “Quiero dejar claro que nosotros no tenemos ningún interés en disputar quien firma la reforma”, dijo, detallando que lo que importa es que “sea una reforma seria, responsable y sostenible en el futuro”.
Anunció que presentará a la actual administración un “pool de alternativas distintas para asegurar el financiamiento, en función de recomendaciones de economistas expertos en el área, que no necesariamente son de nuestro sector”.
En cuanto a la idea (a la que se habría abierto el actual Gobierno) de emplear el royalty a la minería en discusión como parte del financiamiento de la PGU, Boric llamó a “tener mucho cuidado” ya que los contratos de invariabilidad tributaria de la minería vencen en 2023 y se trata de un tema que no debe discutirse apresuradamente.
“No se puede estar haciendo royalty o reformas de estas características cada vez que se quiere financiar algo. Tiene que ser una [reforma] que sea definitiva y otorgue seguridad jurídica en el largo plazo”, afirmó.
Presos en la crisis social e indulto
El Presidente electo también abordó las conversaciones que ha sostenido con los familiares de quienes permanecen en prisión por delitos ocurridos en el marco del estallido de 2019.
Al respecto, admitió que se trata de “una situación difícil y esperamos que se resuelva en el actual Congreso”, para lo cual ha tomado contacto con el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (Indep.) “para que esto se resuelva a la brevedad”. Sin embargo, admitió que se requieren “al menos dos votos de los senadores de derecha”.
“Instamos al Senado a que tome las acciones correspondientes y hago un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva durante el mes de enero. Esto no puede seguir esperando”, afirmó. Para ello, se comprometió a generar un diálogo amplio con todos los sectores “para que esto no se trate de vencedores y vencidos, ni de un sector contra otro, sino que busquemos generar la unidad que nos va a permitir salir adelante después de un periodo de tanta tensión y división”.
Al respecto, la senadora Rincón informó que envió a la Fiscalía, la Corte Suprema y al Presidente de la República un informe sobre las personas en prisión preventiva por hechos ocurridos en el estallido. “No puede ser que en muchos de los casos las personas ya habrían cumplido la pena que se les hubiese asignado de haberse sancionado”, afirmó.
Aunque la parlamentaria tiene reparos al proyecto en discusión (“no puedes indultar a quien no ha sido sancionado”, sostuvo), estimó que el debate debe hacerse considerando los antecedentes que recopiló.