Arturo Prado, el ‘famoso desconocido’ de la Suprema que falló contra Airbnb

Está a punto cumplir dos años como ministro de la Suprema, donde votó a favor de un cliente en un caso de fraude informático en su cuenta bancaria. Su obsesión es buscar libros y películas sobre derecho y justicia.

El próximo 19 de abril, Arturo Prado Puga (63) cumplirá dos años desde que el Senado aprobó su nombramiento -con un voto en contra y una abstención- como ministro de la Corte Suprema. Nombrado por la expresidenta Michelle Bachelet –en la quina de postulantes que elaboró el Pleno fue el más votado, con 11 preferencias-, en su momento su designación gatilló varias críticas, entre ellas desde el sindicato del BCI, debido a que su carrera como abogado estuvo siempre ligada a la banca: trabajó por 40 años en el BCI y renunció siendo gerente del área judicial.

Concursó a la Suprema por los cupos que no requieren carrera en el Poder Judicial, aunque ya desde 2012 era abogado integrante en la Primera Sala Civil, que ve asuntos laborales y donde se hizo conocido en diciembre de 2014 como “pro empresa” -según el entonces oficialismo- por haber sido parte del voto de minoría del emblemático fallo que prohibió a las empresas reemplazar a sus trabajadores en huelga con personal interno. Un voto que se le recordó en el Senado cuando postulaba para supremo, junto a su trabajo en la banca: “Mi inclinación antisindical es una fantasía” y “no es efectivo que vaya a fallar a favor de los bancos”, respondió entonces a los parlamentarios.

Dos años después, ahora como miembro de la cada vez más influyente Tercera Sala de la Corte Suprema, que preside el ministro Sergio Muñoz, la semana pasada Prado fue parte de dos fallos que tuvieron impacto en la agenda pública: redactó la resolución que dio la razón a la administración de un edificio en Las Condes que prohíbe al arriendo de departamentos por la aplicación Airbnb, dando fuertes señales respecto de que Chile no ha legislado al respecto. Y también fue parte del fallo unánime que estableció que, en caso de fraude informático, es el banco el responsable y no el cliente.

Esta última resolución de la Suprema -contra el Banco de Chile- surgió en medio de la polémica en el Congreso por el proyecto de ley que responsabiliza a la bancos y no a los clientes ante los fraudes en la web, algo a lo que la banca se ha opuesto.

No era el primer voto de Prado “contra” los bancos. En 2018 participó en al menos otros dos fallos de la Tercera Sala: en septiembre votó a favor de un cliente que fue víctima de hackeo en la web de Itaú y, en diciembre, también en votación unánime, acogió un recurso de protección contra BancoEstado por mantener un registro de deudores y evaluar su comportamiento como clientes, lo que no les permitía la apertura de cuentas.

Según el académico de derecho administrativo de la Universidad Diego Portales Cristóbal Osorio, “Prado es el ejemplo de que no se puede estigmatizar a los abogados externos que han pasado a ser parte del Poder Judicial, porque ha fallado por convicciones jurídicas, como en los fraudes bancarios”.

Sin embargo, en el estudio elaborado por el Observatorio Jurisprudencial del Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la UC, liderado por Alejandro Vergara y que analizó votaciones históricas de jueces en 30 materias, se situó a Prado como uno de los jueces con importantes cambios de criterio en distintas áreas. En PAUTA, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo que “pensar que siempre hay una certeza jurídica es un error, siempre hay un albur. Los tribunales evolucionan, el juez que hoy piensa de una manera puede mañana pensar de otra“.

Cuando es minoría

Uno de los promotores en el Senado para que llegara a la Suprema fue el exministro de Justicia Jaime Campos. El abogado radical sabía que políticamente no eran del mismo lado -es conocida la cercanía de Prado con la derecha-, pero destacó varios puntos a su favor, entre ellos su larga carrera como profesor de derecho comercial en la Universidad de Chile, donde el juez se tituló. De hecho, es un influyente profesor en su área, autor un libro de consulta académica: Manual de cuentas corrientes bancarias y cheques, además de artículos publicados en revistas de derecho y constantes flirteos con la literatura: quienes lo conocen dicen que es su verdadera pasión.

Con Campos se conocían, además, porque Prado lidera desde hace tres años la Comisión de Estudio para una Nueva Codificación Comercial, instancia que formó en la Universidad de Chile para la modernización del Código de Comercio, que data de 1865. Hoy suma a 80 académicos de distintas escuelas de derecho que trabajan en una propuesta. Por ello, el juez se ha vinculado tanto con el exministro de Justicia del gobierno anterior como con el actual, Hernán Larraín.

Cuando llegó a la Corte Suprema, primero integró la Cuarta Sala, pero hoy es parte de la Tercera Sala, que ve temas constitucionales y donde hoy se resuelven los recursos de protección que los ciudadanos presentan ante la justicia por actos que estiman arbitrarios y que amenazan sus garantías y derechos, como han sido los recursos contra las isapres. Pero también ve asuntos de medio ambiente y libre competencia.

En esa sala se da una particularidad: de las cuatro que tiene la Corte Suprema, es el tribunal que tiene más integrantes que vienen del mundo externo al Poder Judicial. Prado es uno de esos ministros, junto con María Eugenia Sandoval –experta en derecho tributario y quien asumió en 2011– y la abogada constitucionalista de la UC Ángela Vivanco, quien está el cargo desde hace ocho meses. Los ministros de carrera son Sergio Muñoz y Carlos Aránguiz.

“La Tercera Sala Constitucional es donde se resuelven asuntos de mucha relevancia política y de opinión pública”, explica José Miguel Aldunate, director ejecutivo de Observatorio Judicial, instancia que se dedica a analizar y hacer seguimiento a las sentencias y criterio de los jueces. “Se ven los recursos de protección (que primero se ven en las cortes de apelaciones) que hoy se han convertido en el gran cajón de sastre del derecho, pues aunque es cautelar, hoy ha terminado muchas veces resolviendo sobre el fondo”, agrega.

Aldunate explica que el ejemplo “más claro” han sido los últimos fallos a favor de afiliados a las isapres, donde la Tercera Sala “ha ido hacia una verdadera política pública, para bien o para mal”.

En varios de estos casos Prado ha sido voto de minoría.

Pero donde su posición es claramente solitaria en materia de derecho a la salud, es en los fallos donde la Tercera Sala, invocando el derecho a la vida, ha ordenado que el Estado se haga a cargo de costosos tratamientos, de hasta $500 millones, para niños que padecen enfermedades como la Atrofia Muscular Espinal.

Mientras cuatro ministros de su sala estiman que en estos casos el derecho a la vida prima por sobre los recursos económicos del Estado y aunque algunas enfermedades degenerativas no estén contenidas en la Ley Ricarte Soto, Prado alude a que Fonasa “carece de presupuesto” ni cuenta con recursos financieros extraordinarios para “solventar, dar cobertura y administrar tratamientos farmacológicos que se encuentran fuera del marco presupuestario”.

Quienes conocen a Prado explican que en este punto es “excesivamente legalista”, mientras que sus pares en la Suprema, para casos extremos, son capaces de ‘saltarse’ la ley Ricarte Soto.

Católico y conservador en lo valórico, se opone al aborto. Además, ha sido minoría en causas sobre identidad de género. En noviembre de 2016, cuando era abogado integrante, fue uno de los dos votos en contra cuando la Suprema ordenó a la Clínica Alemana reconocer la identidad de género de una niña de seis años en su ficha médica.

Según la profesora de derecho constitucional de la UC Constanza Hube, Prado “tiende a plantear su propia mirada, porque, aunque muchas veces se suma a la mayoría, en varias ocasiones presenta su propia prevención y destaca ciertos argumentos distintos de los fallos” .

De hecho, también ha sido minoría en los fallos de la Corte Suprema en los que se ha ordenado al Registro Civil celebrar un matrimonio entre chilenos y extranjeros aunque estos últimos estén en situación irregular. El fundamento de la mayoría: que el matrimonio “es un derecho de la naturaleza humana, por lo que no puede estar sometido a exigencias formales previas”.

Escritor y entrevistador

Sergio Muñoz, Hugo Dolmestch y Milton Juica han sido solo algunos de los entrevistados de Prado mientras fue director de la revista del Colegio de Abogados, cargo al que renunció cuando asumió en la Corte Suprema.

En esa revista, Prado desplegaba su gran pasión: la escritura. Pero también el contar historias y reconstruirlas. Pudo dedicarse a eso en su vida, pues estuvo cuatro años en el Pedagógico de la Unversidad de Chile estudiando Historia, donde entre sus profesores tuvo a Nicanor Parra. Pero cuando le quedaba apenas un año para terminar, se decidió por las leyes.

Como sea, durante sus 40 años dedicado a los litigios bancarios, encontró en un espacio de la revista del Colegio un lugar para mezclar la historia y el derecho: la columna “Abogado Ilustre”, donde hasta hoy escribe semblanzas que firma con su nombre, aunque sin su cargo: Arturo Prado Puga.

Una de ellas, publicada en mayo de 2018, llamó especialmente la atención de un escritor chileno superventas: Guillermo Parvex, autor de Un veterano de tres guerras. Prado se había inspirado justamente en el protagonista de ese libro y decidió seguirle la pista como abogado. Así, la reseña “Recuerdos de don José Miguel Varela V. (1856-1941). Veterano de guerra y abogado”, hoy es un anexo de la última edición de Un veterano…

Entre las decenas de libros sobre derecho que repletan su oficina en la Corte Suprema, se cuelan varios de literatura. Pero no cualquier literatura: lee y busca obsesivamente los libros que hablen de jueces y abogados. Uno de ellos es Abogados y jueces en la literatura universal, de Jorge Fábrega Ponce. Otros autores predilectos son el Premio Nobel Camilo José Cela, el norteamericano John Grisham y el Premio Cervantes Miguel Delibes.

No es a lo único que le hace seguimiento. Otra pasión-obsesión es su búsqueda de películas relacionadas con su profesión. De vez en cuando envía cartas a los diarios sobre el tema, como una que publicó El Mercurio y tituló “Justicia y cine”: a muchas obras las considera herramienta pedagógica.

“Por su género argumental, las obras cinematográficas están presentes en la enseñanza de numerosas disciplinas jurídicas”, escribió. Y recomendó una docena de películas por área, prácticamente con las mismas categorías que tienen las salas de la Suprema. Entre ellas, para derecho laboral Tiempos modernos; para penal, A sangre fría; para constitucional -como la Tercera Sala-, Matar a un ruiseñor; en el tema de la “literalidad de títulos de crédito del derecho comercial”, El mercador de Venecia con Al Pacino, y para la rehabilitación social y la reinserción recomienda La naranja mecánica.

Mire la presentación de este tema en Primera Pauta: