En la AFP o en el sistema público: cómo es la propuesta de pensiones de Boric

El economista Nicolás Grau detalla cómo el programa de Apruebo Dignidad planea financiar una pensión universal de $250 mil, su esquema de elecciones y cuál es el riesgo de un “manotazo” a los ahorros.

La propuesta de pensiones del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, no estará afinada en sus últimos detalles antes de la elección. La idea, dijo el economista del Frente Amplio y uno de los coordinadores económicos de esa campaña, Nicolás Grau, es tener un proceso de participación social  “con todas las personas, incluyendo la industria”, lo que tomaría la primera parte del futuro gobierno.

“Sabemos que si hacemos una reforma a contrapelo existe el riesgo de que eso se revierta, lo que sería el peor de los fracasos. Se necesitan acuerdos amplios”, agregó. El también acadérmico de la Universidad de Chile se refirió al tema al participar en el ciclo de charlas organizadas por Pacífico Research, donde su economista jefe, Igal Magendzo, lo sometió a diversas preguntas sobre este y otros temas económicos que preocupan al mercado.

Grau advirtió que la fórmula que han puesto sobre la mesa recoge elementos importantes del sistema actual. “Creo que tiene más viabilidad que otros intentos. No digo que sea fácil; de hecho, de todo lo que estamos planeando, esto es lejos lo más complejo”, admitió.

Objetivo: pensión universal de $250 mil

La idea clave para mejores jubilaciones es asegurar, de cargo fiscal, una pensión universal de $250 mil en una primera etapa, aunque “es algo que se está conversando todavía“. Detalló que si bien se apunta a que ese monto sea parejo, sin importar lo que haya ahorrado cada persona, también “está sobre la mesa que el Estado complemente lo que a las personas les falta”.

El cálculo para la primera propuesta apunta a un financiamiento equivalente a 2,5% del PIB a 2030, recursos que provendrán de una reforma tributaria.

Sobre este piso vendría el segundo pilar basado en las cotizaciones, donde se propone elevar a 18% lo aportado en régimen, que incluye 8% de cargo del empleador. Del total ahorrado, en torno a 40% iría a un fondo colectivo de reparto y la otra parte a una cuenta nocional que registra las contribuciones de las personas, “y les diríamos que tienen asegurado un nivel rentabilidad promedio para lo que se recaude en esas cuentas”.

¿Por qué esto? “[Con las cuentas nocionales] desaparece el riesgo individual, que es algo muy raro de nuestro sistema que tiene muy poca lógica de seguridad social. Y también es más fácil hacer subsidios cruzados”, dijo. Añadió que se mantienen los incentivos a formalizarse y ahorrar.

Este 18% cotizado se ahorraría en un fondo administrado por un ente público autónomo, separado del gobierno y con una gobernanza similar a la del Banco Central.

La compleja transición

“Todas las personas va a tener posibilidad de pasarse al nuevo sistema con sus fondos ahorrados hasta ese momento o mantenerse en el sistema anterior”, sostuvo Grau. No mencionó a las AFP.

Explicó que “hay razones obvias” por las que no se puede permitir elegir entre los dos sistemas respecto de las nuevas cotizaciones. A su juicio, se generaría una segmentación de mercado que separaría a los grupos de menor y mayor riesgo, como ocurre hoy con los seguros de salud. “Eso no puede pasar para adelante, pero tampoco podemos obligar a las personas a cambiarse al nuevo sistema con los fondos que ahorraron con otras reglas. El tema es cómo generamos situaciones en que realmente puedan elegir”, sostuvo.

Añadió que los atributos más importantes del nuevo régimen previsional, especialmente la pensión básica universal, “no estarán condicionados a que las personas muevan sus fondos al sistema nuevo, porque eso sería una forma muy agresiva de incentivar ese traspaso”. Pero habrá incentivos más en el margen, sobre todo para las mujeres. “En lo grueso, estamos tratando de jugar justo y no generar una situación donde la opción no sea tal”, afirmó.

¿Y qué pasa con las AFP?

Con un actor estatal que manejará el fondo constituido por cotizaciones equivalentes al 18% de las remuneraciones (hoy 10%), el rol de las AFP actuales se desdibuja y “probablemente necesitará ajustes”, adelantó Grau.

De todos modos, lo que parece evidente es que, con todas las cotizaciones nuevas entrando al nuevo sistema, las AFP se quedarían sin nuevos flujos y no podrían seguir financiándose vía comisión, como ahora.

El economista planteó que probablemente habría que reemplazar el pago de comisiones por flujo (comisión por cada nuevo aporte) a una por saldo (comisión por el total ahorrado), incluso con la paradoja de que los cotizantes ya pagaron por ese servicio. Grau dijo que lo lógico es que en esos casos no haya nuevos cobros, pero advirtió que las AFP “no tendrán utilidades para seguir el negocio” y, al quedarse sin flujos, “en el fondo esa empresa no va a subsistir”.

Apuntó que las AFP podrían cumplir un rol en el ahorro previsional voluntario. Los gestores de esos aportes serán entes privados, “probablemente los mismos que hoy participan en el sistema de pensiones, aunque con regulaciones distintas en algunos casos”.

Pero en el escenario general, estimó que pensar que “las AFP sigan teniendo un rol primordial en el sistema, y voy a ser muy honesto, es más un estorbo que algo que solucione problemas. El nivel de indignación que existe, fundado o no, dificulta toda la economía política”. A su juicio, el debate “está totalmente bloqueado” y lo que se requiere es discutir con mayor racionalidad y “menos carga emocional”.

El riesgo del “manotazo”

El vocero económico de Boric sostuvo que la necesidad de contratar servicios para invertir los cuantiosos fondos previsionales seguirá existiendo y, por ende, ahí habrá un espacio para agentes privados. Adelantó que en esa línea están revisando experiencias internacionales (como California y Canadá), mirando aquellas acciones que se realizarían en forma directa y las que se externalizan, esquema que estimó “probable” de replicar.

“¿Cómo nos aseguramos de que [este fondo colectivo] no se desfonde?”, preguntó Igal Magendzo. Grau respondió que es muy importante que exista una “muralla china entre el gobierno de turno y la entidad autónoma”. Pero aludiendo al debate de los retiros, dijo que “siempre, aunque los fondos sean privados, pueden dejar de serlo si la la gente se vuelve loca y empieza a hacer malas políticas públicas”.

Y aunque estimó que es necesario tener una institucionalidad robusta, a su juicio la “mejor protección” está en la percepción de las personas sobre la propiedad de sus ahorros, alentado por los retiros. Ese “individualismo”, dijo, será un obstáculo para la propuesta de un fondo colectivo, que en este contexto “no creo que sea un elemento popular”.

Reiteró que el mayor seguro para evitar el desfonde “es que las personas quieren defender pensiones de malos usos. Nunca en democracia las cosas son imposibles, pero es importante que la institucionalidad haga muy difícil un ‘manotazo’ del gobierno hacia esos fondos”, concluyó.