Las aseguradoras terminaron pagando más por el estallido que por el terremoto de 2010

El terremoto de febrero de 2010 y el estallido que se registró en octubre y noviembre de 2019 son dos eventos de origen y características muy diferentes que han marcado a la industria aseguradora. La destrucción generada por el movimiento telúrico y el posterior tsunami en un lapso de horas fue experimentada de manera distinta de aquella que, en el contexto de las manifestaciones sociales, se tradujo en saqueos, vandalismo e incendios durante meses.

Aunque hay diversas estimaciones sobre los costos asociados a los daños, los desembolsos que cursaron las compañías de seguros ayudan a dimensionarlos: en cifras gruesas, pagaron en torno a US$ 6.500 millones en 2010 y alrededor de US$ 1.300 millones en 2019. Esta última cifra es "un récord mundial en cobertura de desórdenes populares", dijo a PAUTA el presidente de la Asociación de Aseguradores, Mario Gazitúa.

¿Por qué, entonces, los aseguradores sostienen que "les salió más caro" el estallido que el terremoto?

Es una práctica global: las aseguradoras locales contratan reaseguros globales para cubrir sus riesgos catastróficos, asociados a eventos (como los terremotos) que duran 72 horas como máximo. Cada vez que se activa un evento cubierto en una póliza, el seguro se termina (se paga) y se debe reinstalar si quiere mantener la protección. De lo contrario, las firmas quedarían descubiertas ante nuevas catástrofes.

Según el informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre el terremoto y tsunami de 2010 (descargar aquí), a agosto de 2012 las aseguradoras habían pagado siniestros por US$ 6.567 millones. Pero de ese total, lo que salió del bolsillo de las firmas locales fue muy menor (se estima en US$ 11 millones), porque los reaseguradores extranjeros absorbieron gran parte de los riesgos.

Las firmas locales tuvieron que pagar primas para reinstalar los reaseguros, lo que fue más cuantioso que los siniestros pagados. En adelante, los contratos de reaseguro incluyeron una cláusula de reinstalación automática por una vez.

Para los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019, el gran problema fue que los saqueos, incendios y destrucción de bienes físicos asegurados no ocurrieron en un período acotado, sino a lo largo de meses. Entonces, dicen desde la industria, cada compañía tenía que ver cuándo gatillaba el inicio del evento, considerando que la cobertura se terminaba en 72 horas. Luego se activaba la reinstalación automática del reaseguro, pero eso era solo por una vez.

Una aseguradora que no hiciera una buena apuesta podría terminar pagando más de su bolsillo, no solo en los siniestros que debía absorber directamente sino en las primas de reinstalación de reaseguros.

Pero además, hay que considerar que la "póliza madre" siempre es la de incendio, a la que se agregan coberturas adicionales de terremoto, tsunami, rotura de cañerías, desórdenes populares, entre otras. Pero estos adicionales tienen limites, los que se toparon.

"Si se pagaron US$ 1.300 millones no es porque los daños fueran de esa magnitud, sino porque el compromiso del asegurador llegaba hasta ahí", dice una fuente del sector, que pone como ejemplo lo ocurrido a una cadena de supermercados que tenía en su póliza mundial un sublímite de US$ 500 millones para daños por terrorismo, lo que "quedó corto" ante los saqueos, incendios y lucro cesante por cierre de decenas de locales. 

Una complejidad adicional del estallido fue el riesgo cubierto. Aquí había una gran diversidad de redacciones en las pólizas: desórdenes populares, actos vandálicos, alteración del orden público, terrorismo. Pero lo que todas tenían en común era que excluían expresamente la cobertura en caso de guerra. Esto debido a una práctica internacional de los reaseguradores.

Pero el 20 de octubre, en medio del estado de emergencia y con los militares en las calles, el Presidente Sebastián Piñera puso en riesgo esa interpretación. "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie", afirmó en un punto de prensa en La Moneda.

"Esas palabras del Presidente, tan desafortunadas, provocaron un movimiento de tierra entre los aseguradores, porque preveíamos que generarían problemas. Fue algo muy complejo para nosotros, con lo que lidiamos varios meses", recuerda un alto ejecutivo de esa industria.

Otra fuente del sector confirma que las declaraciones del Mandatario (sumadas al estado de excepción constitucional) fueron usadas como argumento por abogados de una de las principales firmas de reaseguros para excluir pagos en el periodo de "guerra interna". Las demás reaseguradoras pusieron en pausa sus desembolsos. Finalmente, al no haber una declaración oficial de estado de guerra, el problema se solucionó y se cursaron los pagos.

Los datos agregados que recopila el Banco Central permiten tener órdenes de magnitud sobre los pagos de los reaseguradores, reflejados como flujos en la cuenta financiera del sector externo (descargar aquí). Estas cifras difieren de las que entregan los aseguradores porque emplean otro método de cálculo.

Las cifras muestran que en febrero de 2010 las aseguradoras demandan indemnizaciones por US$ 7.520 millones y desde el mes siguiente y hasta septiembre de 2013 ingresan pagos por US$ 7.498 millones (99,7% de lo solicitado).

En cambio, para el estallido, las firmas locales solicitan US$ 1.021 millones en octubre de 2019, en noviembre no hay ningún reembolso, en diciembre llegan los primeros US$ 3 millones y finalmente en julio de 2020 terminan los pagos del reaseguro por un total de US$ 176 millones (17,2% de lo solicitado).

En suma, según estas cifras, para el 27F la industria aseguradora local desembolsó $22 millones y para el estallido US$845 millones.