El libro que plantea que la desigualdad en Chile es más alta de lo que se cree

En Chile la desigualdad no se ha reducido y la concentración del ingreso en el 1% más rico se ha mantenido alta: desde 2000 a la fecha las personas en ese segmento reciben anualmente casi un 30% de los ingresos nacionales, mientras que el 50% más pobre recibe solamente el 10% del total. 

Esta es una de las conclusiones centrales de una investigación de Cristóbal Otero, quien está cursando su doctorado en Economía de la Universidad de California en Berkeley, y el profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales Jorge Atria, para quienes este nivel de desigualdad constituye una "anomalía extrema" que refleja lo que está mal en el pacto fiscal chileno.

Ambos son los editores del libro Impuestos justos para el Chile que viene, publicado recientemente por el Fondo de Cultura Económica. En el texto explican que cuando los expertos señalan que en las últimas décadas la desigualdad se ha reducido, aluden al coeficiente de Gini. Pero ocurre que ese "termómetro no mide toda la fiebre", porque aseguran que esto se basa en encuestas a hogares que no logran captar los ingresos de las familias más ricas, porque no son encuestadas de forma representativa y porque sus ingresos están subreportados.

Los autores añaden que este indicador también se queda corto al enfocarse en la distribución de la riqueza. El World Inequality Report 2022 estima que en Chile el 1% más acomodado es dueño del 50% del patrimonio privado del país, lejos del 35% en EE. UU.; 30% en Alemania y el rango entre 25% y 27% que exhibe una serie de países desarrollados, como Corea, Francia, Suecia y Canadá.

Desde 2012 el tema tributario está sobre la mesa y sigue en pleno debate. Esto se debe a que confluyen el proceso constitucional, que definirá las funciones del Estado, nuevos derechos y cómo financiarlos, y porque la actual estrechez de las cuentas fiscales presiona por más ingresos. Un nuevo pacto fiscal asoma en el horizonte y este libro, dicen sus autores, pretende aportar una reflexión crítica sobre dónde estamos hoy y algunas orientaciones de cómo avanzar.

Atria, también investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), estima clave que ese nuevo pacto "no sobrerrepresente las visiones de la élite como hoy”. También enfatiza la necesidad de incorporar los impuestos verdes, las nuevas tecnologías y aspectos de coordinación internacional para lograr impuestos más justos hacia el futuro. 

Complementa Otero, quien integra el Stone Center de UC Berkeley sobre desigualdad de riqueza e ingresos, para quien es clave hacer realidad el imperativo de que quienes tienen más recursos contribuyan en mayor medida que quienes tienen menos, lo que hoy no se cumple, asevera. Esto, "para equiparar la cancha democrática, tanto al recaudar como al financiar gasto público".

Todo esto debe reflejarse en una nueva estructura tributaria que refleje el rol que la sociedad quiere que el Estado cumpla, con las capacidades y facultades para hacerlo, afirman los autores.

La progresividad tributaria apunta a que la tasa de impuestos que pagan las personas aumente con su nivel de ingreso, para que las que tienen mayores recursos paguen más que las vulnerables. Esto, que parece bastante simple, no es tan fácil de conseguir.

Los autores comentan que, en general, los impuestos directos (que gravan los ingresos) son más progresivos porque la tasa aumenta mientras mayor es la renta de las personas. En cambio, los que gravan el consumo (como el IVA) son regresivos porque si bien todos pagan la misma tasa, los más pobres consumen la mayor parte de sus ingresos y los más acomodados pueden dedicar una parte al ahorro y a la inversión. En Chile, solo un cuarto de los hogares del 50% más pobre genera algún ahorro, mientras que en el 20% más rico esa proporción sube a tres quintos.

Ya que el grueso de la recaudación proviene del IVA (aunque su tasa de evasión genera pérdidas estimadas en US$ 7.500 millones anuales), el sistema tributario local es ligeramente regresivo. No es una característica reciente: el libro afirma que históricamente han predominado los impuestos al consumo, a la exportación o explotación de recursos naturales por sobre los que gravan los ingresos, la propiedad o las herencias.

La comparación internacional es reveladora. Aunque Chile es más rico que cualquier país de África o de América Latina, la misma proporción de su recaudación total (60%) viene de los impuestos al consumo, la que es de 45% para el promedio OCDE. Para los tributos al ingreso, mientras países como Australia y Nueva Zelanda recaudan cerca de 17 puntos del PIB, en Chile la cifra llega a 6,5%, situándose muy por debajo del promedio OCDE, y más cerca de lo que registran países pobres.

"Los Estados débiles tienen mayores dificultades para recaudar impuestos al ingreso, pues eso requiere instituciones adecuadas, información y capacidad de fiscalización", se explica en el texto.

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Otero y Atria comentan que si la estructura tributaria en general favorece a los grupos más acomodados, en el detalle se suman ventajas adicionales. Por ejemplo, el IVA no se aplica en forma pareja porque los servicios están exentos. Esto beneficia comparativamente más a los segmentos altos que son los que en mayor medida contratan servicios financieros y servicios profesionales de todo tipo (como abogados, arquitectos), incluyendo los de salud y educación privada.

"Si se eliminaran todas las exenciones del IVA a los servicios, la contribución del decil más rico en la recaudación total del IVA aumentaría hasta 10%, mientras que la del quintil más pobre caería en más de 8%", comentan.

Similar situación ocurre con el impuesto a la renta, donde apenas 3% de los hogares declara tener acciones que se transan en bolsa, pero cuando ese tipo de operaciones genera ganancias ese retorno está exento de impuestos. Además, dice el libro, son los grupos de mayores ingresos los que pueden postergar el pago de impuestos por las utilidades que no han retirado de las empresas de las que son dueños, postergación que no existe para los trabajadores respecto de sus salarios.

Otra vía es la elusión del pago de impuestos mediante la planificación tributaria. El libro recoge un informe de 2007 que revela que unos US$ 5.500 millones en ganancias de empresas multinacionales que deberían haber tributado en Chile terminaron haciéndolo en paraísos fiscales, realidad que anualmente implicaría pérdidas anuales para el Estado en torno a US$ 1.400 millones.