El debate sobre datos personales vuelve cargado de dudas sobre su financiamiento

El debate sobre la protección de los datos personales tomó relevancia como uno de los requisitos para que Chile ingresara formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque el acceso se concretó en 2010, el país aún carece de una legislación que proteja la información. Y es un déficit acuciante.

La pandemia se cruzó en el nuevo esfuerzo por saldar esa deuda, interrumpiendo en marzo de 2020 el debate del proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales. En ese momento, la iniciativa comenzaría su revisión en la Comisión de Hacienda del Senado, luego de que su par de Constitución la despachara. Despejados en general los temas de fondo, la discusión se centraba en dos temas relacionados: el organismo encargado del tema y los recursos para cumplir esta nueva labor.

Y fue precisamente ese mismo punto el que, 15 meses después, ocupó la sesión en que los senadores y el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, coincidieron en la urgencia de contar pronto con esta ley, ya que el país está varias décadas desfasado en términos regulatorios. Incluso, la autoridad adelantó que ello permitiría a Chile "eliminar incertidumbres que le permitan convertirse en una plataforma de servicios en materia de datos para la región".

Aunque la administración anterior había planteado crear una nueva agencia que se encargara de la protección de datos, el Gobierno propuso entregar esa responsabilidad al Consejo para la Transparencia (CPLT), cuya misión es garantizar el aceso a la información pública. Esta decisión tiene un correlato financiero: crear un nuevo organismo (lo que se propuso en 2017) tendría un costo fiscal de $1.428 millones anuales en régimen, pero ampliar las atribuciones del CPLT implica un gasto fiscal total en régimen de $874 millones anuales. Es decir, un ahorro anual de casi $600 millones.

Economía

El millonario ahorro fiscal que genera el cambio en el proyecto sobre datos personales

Desde 2016 el Consejo para la Transparencia viene solicitando asumir esa tarea. El impacto fiscal convenció a Hacienda y despertó el debate.

Lo dijo muy claramente el director administrativo del CPLT, David Ibaceta: "Nos preocupa que se nos entregue esta responsabilidad sin el respaldo presupuestario adecuado".

Comentó que internamente han modelado los recursos recesarios para asumir responsablemente las nuevas funciones, estimándose entre $3.300 millones y $3.900 millones en régimen. "Los funcionarios del organismo se preguntan con angustia si para asumir esta nueva área de protección de datos será necesario aumentar las cargas laborales o renunciar a espacios de transparencia. Nos parece riesgoso que este proyecto pueda verse casi como un presente griego", resumió.

Los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS) pidieron aclarar el informe financiero del proyecto, precisando que el debate no se ha demorado tanto para terminar con una institucionalidad débil. Consultado al respecto, el ministro Cerda dijo que "hoy la posición del Gobierno es la que está en el informe financiero", pero no entregó razones sobre cómo se hizo ese cálculo. Cuando se emitió ese documento, él era el director de Presupuestos.

Sí se mostró dispuesto a revisar la cifra, por lo que se acordó suspender la votación para una nueva sesión a la que además se invitará a la directora de Presupuestos, Cristina Torres.

Otro tema pendiente es la conveniencia de que un organismo cuya misión es entregar información pública se encargue de protegerla cuando se trate de las personas. "Esto debería revisarse. El exministro [Ignacio] Briones se convenció que no es el Consejo para la Transparencia el que debería asumir esa tarea. El exministro Felipe Larraín admitió que esa propuesta se hizo para reducir los costos asociados a crear una nueva institucionalidad", comentó el exsenador y hoy convencional constituyente Felipe Harboe (PPD), uno de los impulsores del tema.

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