El Ingreso Familiar de Emergencia se entrampa por el choque oposición-Hacienda

Mientras el Ejecutivo evalúa un veto para salvar el proyecto para apoyar a los hogares vulnerables, escala la tensión política en el Congreso contra Ignacio Briones.

La oposición, antes desperdigada, notificó al Gobierno de que para lograr respaldos en las medidas de apoyo ante la emergencia sanitaria debe abrirse a incorporar propuestas. Y lo hizo en el proyecto más ambicioso: el Ingreso Familiar de Emergencia, que transfiere recursos monetarios por tres meses a los hogares que viven principalmente de trabajos informales.

Tras más de cinco horas de debate y a pesar de los acercamientos que impulsó Renovación Nacional, el Senado siguió el mismo camino que la Cámara de Diputados: aprobó en forma unánime la idea de legislar, pero rechazó la fórmula específica para distribuir los US$ 802 millones que cuesta la propuesta entre un millón 780 mil hogares.

Ahora, como admitió el ministro secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, el paso siguiente es buscar “el camino más rápido para pagar este beneficio en mayo”. No descartó que sea a través de un veto presidencial.

Los dardos opositores cayeron sobre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien había sido criticado incluso desde el oficialismo por el recorte a los recursos de Bomberos.

Tras aprobar la Ley de Protección del Empleo y los créditos Covid-19, las medidas más potentes del plan económico de emergencia, el traspié legislativo empina la ruta para el próximo proyecto: el seguro de ingresos para trabajadores independientes que emiten boletas.

Guardar para mañana

El conflicto puede resumirse en que no se trata solo de cuánto gastar, sino de cuándo. El Gobierno dispuso de US$ 2.000 millones para apoyar a los trabajadores informales, pero está gastando US$ 802 en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Como ha explicado insistentemente el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la lógica detrás es que se deben guardar recursos para más adelante, ya que no tiene sentido ayudar a las familias vulnerables hoy y dejarlas caer mañana.

Para la oposición esa lógica no debe extremarse: hay que gastar más hoy para lograr que las personas se queden en casa y hacerlo con aportes mensuales iguales, no decrecientes, dijo el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Su colega DC Jorge Pizarro resumió la aspiración opositora: aumentar el monto per cápita del apoyo a los trabajadores informales de $65.000 a $80.000 sin distinción hasta el 60% más vulnerable, lo que eleva el gasto fiscal a US$ 1.200 millones, con lo que se mantiene dinero en caja.

En las intervenciones en Sala, los parlamentarios opositores insistieron en “la intransigencia del ministro de Hacienda” en acceder a algún ajuste al IFE como la principal razón de este rechazo. Por ende, estiman que un veto presidencial solo tendría viabilidad si se innova en la propuesta original.

Protección de empleo al TC

Pero eso no fue todo. En la jornada también se despachó a ley la iniciativa que introduce diversos ajustes a la Ley de Protección del Empleo, para modificar las condiciones en que las empresas afectadas por la crisis sanitaria pueden suspender los contratos de trabajo.

De este modo, entre otras propuestas del Ejecutivo, ahora los empleadores deberán pagar el 100% de las cotizaciones previsionales de los trabajadores (y no el 50% como había quedado en la ley) mientras estén recibiendo pagos desde el seguro de cesantía.

Además, se incorporaron los planteamientos de la oposición en el sentido de que, para acogerse a esta ley, las sociedades anónimas y firmas que sean parte de un grupo empresarial no podrán distribuir utilidades ni tener inversiones en los llamados “paraísos fiscales“. Asimismo, deberán reducir las dietas de sus directores.

Sin embargo, aún falta el próximo paso: la revisión del Tribunal Constitucional, pues tanto el diputado Patricio Melero (UDI) como el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, hicieron reserva de constitucionalidad sobre algunos de estos últimos puntos.

La defensa del Gobierno

La ministra del Trabajo defendió las medidas que siempre tuvo la iniciativa para evitar abusos y aclaró que no puede dudarse del comportamiento ético del Gobierno en esta materia.

“Que tengamos una empresa [Cencosud] hasta ahora que haya repartido el 80% de sus utilidades y que haya acogido a un número de sus trabajadores [a la Ley de Protección del Empleo], nos dice que las medidas de sanción que se implementaron estaban bien contempladas en la ley. […] No por un solo caso de abuso en esta ley vamos a tener que suponer que la totalidad de los empresarios en nuestro país quieren abusar de la norma”, enfatizó.

El titular de Hacienda sostuvo que el resultado final “no nos deja satisfechos”. Explicó que los ajustes en materia de dividendos pueden tener un efecto no deseado al no considerar gradualidad, ya que con lo aprobado “una sociedad anónima de cualquier tamaño que suspende [el contrato de] un trabajador por un día, queda obligada a repartir cero utilidad”.

Recordó que lo planteado por el Ejecutivo fue que las firmas no distribuyeran dividendos más allá del mínimo legal (30%) y que esa prohibición se activara en relación con un contingente de trabajadores con contratos suspendidos (5% a 10% de la planilla). “Sin gradualidad se va a una solución extrema, que puede generar que el incentivo sea a despedir y no a suspender [los contratos]”, señaló.