Factchecking

¿Cuáles son los plazos institucionales y políticos después del triunfo del Rechazo?

Diversos analistas coinciden en que la nueva propuesta constitucional no debe pasar de 2023 y enfatizan en el rol de los partidos políticos por sobre el aporte de los independientes.

Por Ignacio Arriagada Mira

Viernes 9 de septiembre de 2022

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Negociaciones que no duren más allá de dos semanas de conocido el resultado del plebiscito de salida del domingo 4 de septiembre, con una convención electa sin votación de entrada e instaurada entre enero y marzo de 2023, con un plazo acotado de trabajo y un objetivo de finalizar el proceso previo al 11 de septiembre de 2023 podría ser la fórmula del nuevo proceso constituyente tras la victoria del Rechazo, de acuerdo con el análisis preliminar de diversos los expertos consultados.

A partir del amplio triunfo del Rechazo sobre el Apruebo (61,8% frente al 38,1% de los votos), nuestro Constitucheck, de Watchdog PAUTA, investigó cuáles deberían ser las etapas y los plazos para el nuevo proceso constituyente.

Plazos y mecanismos

Luego del cambio de gabinete y conocido el resultado de la histórica votación que convocó el 85% del padrón electoral, queda saber las posturas de los diversos partidos políticos y el rol que cumplirá en estas reuniones el Congreso, con el propósito de establecer los nuevos plazos para el proceso constituyente.

Daniel Mansuy, doctor en ciencia política de la Universidad de Rennes, en Francia, asegura que al Gobierno no le interesaría concluir este proceso más allá de 2023, porque el año 2024 hay elecciones municipales y mezclar un nuevo ciclo electoral (2024-2025) con uno constituyente sería caótico. Por ello, explica que el proceso debería extenderse por seis meses y no por un año como el que acaba de terminar.

Con ese plazo también concuerda Tomás Jordan, abogado constitucionalista de la Universidad de Chile y exredactor de la Constitución de la expresidenta Michelle Bachelet en 2018, quien afirma que las fechas de este nuevo proceso deberían estar acotadas entre cinco a seis meses. De este modo, explica Jordán, antes de septiembre del próximo año debería emitirse un texto o borrador para ser sometido en algún momento a un plebiscito.

Pía Mundaca, cientista política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora ejecutiva de Espacio Público, agrega que es fundamental entregar pronto certezas en cuanto a los plazos y acuerdos para la elaboración de una nueva Constitución.

"Creo que esas claridades tienen que estar en las próximas semanas, para luego poder tener los próximos meses de trabajo. Y así como han señalado algunas autoridades del mundo político, poder tener el próximo año una propuesta sobre la mesa", asegura.

Según una encuesta realizada por Ipsos posterior al último plebiscito, el 78% cree que se debe avanzar en una reforma a la Constitución y el 41% que tiene que ser redactada por una comisión de expertos. Los distintos analistas consultados señalan que es necesario hacer un diagnóstico exhaustivo sobre el diseño del proceso pasado, para no cometer errores de representatividad. Respecto de los mecanismos, existe consenso que el proceso debe operar con una amplitud de opiniones de todos los sectores posibles.

"Es necesario que exista un acuerdo político equivalente al del 15 de noviembre, al que concurran las grandes fuerzas con representación parlamentaria. Ahora que el cuórum es más bajo, uno quisiera que fuera lo más lo más amplio posible para fijar las reglas", afirma Mansuy. Explica que esto es relevante porque el proceso constitucional terminó con un mal resultado; por lo mismo, asegura que es necesario discutir las reglas que regirán en las nuevas opciones para la continuidad de la discusión sobre una nueva Constitución.

Mundaca considera que el proceso debe avanzar por medio de la elección de una nueva Convención Constitucional, en las que algunas de las reglas utilizadas en este proceso se puedan replicar. "Creo que tenemos un texto que puede ser como base, no estoy pensando repetirlo en ningún sentido, pero sí que permita ordenar la discusión", añade.

Para el decano de Derecho de la Universidad de los Andes, profesor de derecho constitucional y miembro del Observatorio Constitucional de esta misma casa de estudios (Polis), José Ignacio Martínez, uno de los elementos centrales que se deberían considerar durante el nuevo proceso constitucional es el Informe de la Comisión Venecia.

En este documento se establecieron recomendaciones para la Convención, planteando que el texto debe ser unificador; esto es, tener la capacidad de recuperar la confianza de la ciudadanía y dar respuesta a las expectativas de numerosas y muy diversas categorías de personas y grupos políticos. Además, tiene que ser lo suficientemente claro, técnicamente completo, sólido y políticamente viable.

En cuanto a la experiencia del proceso constituyente, algunos de los expertos apuntan a que uno de los principales aprendizajes fue la verdadera dimensión de aporte de los independientes. Al inicio de su trabajo estos representaron cerca del 64%. Un mapa actualizado de los colectivos de la Convención Constitucional realizado por PAUTA da cuenta de una posterior atomización en once grupos distintos, además de considerar a quienes se definieron como independientes sin identificarse con algún partido político.

"Yo creo que lo que se acaba aquí es la ilusión de los independientes, es decir, la ilusión de que los movimientos sociales y los independientes puedan resolver nuestros problemas al margen de los partidos políticos", menciona Mansuy.

Agrega que un proceso constituyente tiene que ser articulado en torno a los partidos políticos,  debido a que son estos los que tienen representación, legitimidad e historia. Por ello, asegura que son estos los que tienen que estar más presentes y cumplir con la responsabilidad de llevar a los mejores candidatos.

"La convención requiere acuerdos políticos lo más amplios posibles. Creo que esa es la clave del nuevo texto constitucional y para eso se necesita que opere la política en el sentido de articulación de intereses de cara a resolver los problemas. Me parece que es lo que estuvo ausente la Convención", asegura Jordán.

Munduca considera que la experiencia del proceso ha mostrado que "llegar tarde es muy costoso", además de dar cuenta de que sí es posible alcanzar ciertos acuerdos que reconozcan las demandas de nuestro país, junto con reconocer qué es lo que esperan las personas del mundo político.

 

 

 

 

 

 

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