El Pleno “constitucional” de la Corte Suprema

El 19 de febrero hubo un Pleno extraordinario en que los ministros hablaron sobre el rol del Poder Judicial en la Constitución. Una comisión de tres supremos, liderados por Sergio Muñoz, trabaja en un informe.

A mediados de 2019, pocos meses antes del estallido social del 18 de octubre y tras reunirse en el Pleno, tres ministros de la Corte Suprema comenzaron a trabajar en propuestas internas frente a dos temas: revisar la vigencia de algunas de sus disposiciones de organización interna (los “auto acordados“) y analizar el rol que la Constitución entrega al Poder Judicial.

La comisión quedó integrada por Sergio Muñoz, presidente de la Tercera Sala Constitucional; la ministra Ángela Vivanco, quien es parte del mismo tribunal y es la única abogada constitucionalista de la Corte Suprema, y Jorge Dahm, integrante de la Segunda Sala Penal.

Así, los tres jueces han trabajado durante más de ocho meses en una propuesta. De hecho, el primer informe de su trabajo fue presentado en un Pleno extraordinario (hasta ahora desconocido) el pasado 19 de febrero. Según reconstruyó PAUTA, el encargado de exponer ante los otros ministros fue Sergio Muñoz.

En este pleno “constitucional” -en el que no se votó ningún acuerdo por ahora- no tocaron el tema de los auto acordados. La cita, así, solo se abocó al rol de la judicatura contenido en la Carta Fundamental. Fue una descripción de las atribuciones que tienen los jueces, tema que está descrito en el capítulo VI de la Constitución, titulado Poder Judicial, y en que se le dedican siete artículos: del 76 al 82.

La idea, además, fue identificar los temas que le incumben al Poder Judicial frente a una eventual nueva Constitución. En todo caso, es algo que están discutiendo no solo desde que se formó esta comisión, sino que desde 2015, cuando los supremos se juntaron en las Jornadas de reflexión de Chillán y abordaron una crítica histórica del gremio de los jueces: la posibilidad de dividir las funciones administrativas -como los nombramientos y calificaciones- de su rol de juzgar.

El propio presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dio luces sobre este trabajo. “Nos encontramos analizando el actual régimen constitucional del Poder Judicial y los posibles cambios que podrían experimentarse en relación a nuestra institución en dicho instrumento normativo”, deslizó durante la Cuenta Pública con la que inauguró el Año Judicial 2020 este lunes 2 de marzo, en compañía del Presidente Sebastián Piñera.

La relación con el TC

Dentro de los temas constitucionales a que se abocaron los supremos en el pleno extraordinario del 19 de febrero se encuentran las acciones cautelares, el sistema de nombramiento de los ministros de Corte de Apelaciones, jueces civiles y de garantía; y, en tercer lugar, la relación con el Tribunal Constitucional (TC) exclusivamente respecto de los roles de cada uno.

Sobre lo último, hay varios temas que cruzan a ambos organismos. Uno de ellos es la atribución que dejó de tener la Corte Suprema tras la reforma constitucional de 2005 para ver los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, hoy potestad del Tribunal Constitucional.

Además, en cuatro meses dos fallos de la Corte Suprema han inquietado al TC. A comienzos de octubre de 2019, una resolución de la Tercera Sala señaló que los fallos del Tribunal Constitucional podían ser revisables. Y el pasado miércoles 26 de febrero, la Suprema tuvo un criterio opuesto al que tiene el TC respecto de los emails de los funcionarios del Estado, al validar que se acceda a su contenido al solicitarlos vía Ley de Transparencia.

En la inauguración del Año Judicial 2020, Guillermo Silva abordó en forma clara esos conflictos con “otras instituciones”: “Es cierto, las diferencias existentes con otros órganos jurisdiccionales han experimentado instantes de algidez, que son connaturales a las adaptaciones de cambios competenciales que aún repercuten en ámbitos de decisión en que existen aparentes concurrencias. Sin embargo, podemos decir que manteniendo cada órgano jurisdiccional su espacio de autonomía y atribuciones, hemos sabido superar esa tensión, volviendo al clima de cordialidad”, afirmó en su Cuenta Pública.

Si en un punto hay consenso entre los ministros de la Corte Suprema es en deberán ocuparse de antemano de los temas que vienen frente a una posible nueva Constitución. De hecho, al interior del máximo tribunal destacan que esta labor viene de mucho antes de que se anunciara el Plebiscito del 26 de abril para abrir el eventual proceso constituyente.

Acción o reacción: ¿Qué papel tendrán los supremos?

Pero en lo que aún no hay consenso es en el rol que tomará la Corte Suprema en este proceso. Es decir, si tendrá un papel activo al emitir una opinión respecto de lo que le incumbe a la orgánica del Poder Judicial, o si tendrán un rol pasivo, a la espera de que el Congreso le pida una opinión.

He allí precisamente el punto diferencial entre los supremos: ¿Es mejor adelantarse a los escenarios y emitir una opinión respecto de decisiones que podrían incidir directamente en su trabajo? ¿O resulta más apropiado reaccionar si se les presentara una cuestión?

Aunque el Congreso suele pedir opiniones a la Suprema sobre proyectos de ley, legalmente no tiene la obligación de hacerlo. Por lo demás, el punto de vista del máximo tribunal no es vinculante con lo que determine el Parlamento.

Sobre el punto, la primera señal respecto del papel que debiera tener la Corte Suprema en el proceso constituyente la entregó el ministro y exvocero del máximo tribunal Lamberto Cisternas.

A fines de octubre de 2019, Cisternas se mostró partidario de una nueva Constitución. Además, cuando se presentó a candidato para presidir el máximo tribunal -lo venció ampliamente Guillermo Silva-, dijo a El Mercurio que la Corte Suprema “debería tener un rol más activo, un planteamiento respecto de los asuntos que directa o indirectamente incumben al Poder Judicial. Directamente, en cuál es la organización de este poder del Estado, cómo son sus nombramientos”.

En cambio, Silva solo se ha pronunciado una vez sobre el tema, justamente 18 de diciembre, el día que salió electo frente a Cisternas. Cuando se le preguntó por el proceso constitiuyente, que coincidirá con los dos años de su mandado, dijo: “Pretendo enfrentarlo de la mejor manera posible” y añadió que “todos los cambios que puedan venir en materia legislativa, en que sea necesaria la opinión de la Corte Suprema, la vamos a dar”.

Y este lunes 2 de marzo, Silva mantuvo el guion. Sobre el Plebiscito dio luces sobre el proceso que vive su entidad: “El plebiscito que se avecina y la elección de los constituyentes que podría producirse en octubre imponen plazos acotados de reflexión interna de cada institución, cuya regulación constitucional podría ser alterada en este proceso de cambios”. Agregó que si bien el debate deberá instalarse en los órganos políticos que corresponde, “ello no obsta a que cada ente involucrado ponga a disposición su expertise en la discusión del proceso constituyente”.