Nacional

La solución del nuevo reglamento de aborto para clínicas objetoras

El nuevo texto le dará un "trato especial" a estos hospitales y sólo les exigirá una derivación “efectiva y oportuna” y no la contratación de ginecólogos no objetores.

Agencia Uno

Martes 5 de junio de 2018

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Hace más de dos semanas que el ministerio de Salud (Minsal) despachó el nuevo reglamento que regulará la ley de aborto en tres causales. El nuevo texto se encontraría en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para ser revisado luego de que el ministro de Salud, Emilio Santelices, se viera obligado a tener que redactar un nuevo documento dado el dictamen de la Contraloría que estableció que el protocolo elaborado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera no se ajustaba a derecho.

La resolución del contralor Jorge Bermúdez estipuló que “cuando una entidad suscribe un convenio al amparo del citado decreto con fuerza de ley con los mencionados Servicios de Salud, aquélla toma el lugar del respectivo servicio para los efectos de otorgar las prestaciones de salud convenidas, es decir, al ejecutar la acción de salud de que se trate, la entidad contratante se encontrará desarrollando una función pública”.

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Como consecuencia, dice el dictamen, “si bien se trata de una entidad de carácter privado, tiene el deber de dar cumplimiento a una función pública —a la que voluntariamente se ha comprometido— y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos”.

Por eso durante mayo la División Jurídica del Minsal, junto a asesores externos del organismo —y con consulta a los colegios profesionales — estuvieron dedicados a redactar el nuevo texto legal que, tal como lo dijo el ente fiscalizador que lidera Jorge Bermúdez, deberá ser vía reglamento dictado por decreto supremo con firma de Piñera y no a través de un protocolo.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, junto al Contralor, Jorge Bermúdez (Imagen: Agencia Uno)

PAUTA.cl pudo confirmar con un funcionario de esta cartera que el nuevo reglamento se hace cargo de las objeciones que hizo Contraloría, tanto respecto del fondo como de la forma, estableciendo como obligación para todos los establecimientos de salud públicos el hecho de tener a lo menos un equipo disponible para realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Esto resolvería situaciones como las que ocurren en la ciudad de Osorno, lugar en donde la totalidad de los ginecólogos de la red pública son objetores de conciencia en la tercera causal de violación. Así lo dio a conocer a mediados de abril el diario Austral de Osorno y la situación no estuvo exenta de polémicas. Por eso el director del hospital tuvo que salir a explicar que a pesar de no contar con ningún profesional disponible para realizar abortos en dicha causal, la institución confeccionó un claro procedimiento de derivación hacia Puerto Montt. A eso se sumó posteriormente la intención del director del Servicio de Salud de Osorno de contratar a médicos no objetores de conciencia para los casos de violación.

Según quienes han estado al tanto de este proceso, el nuevo texto incluirá además un “tratamiento especial a las instituciones de salud que tienen un ideario religioso” y que por eso no están disponibles para realizar la prestación de aborto.

La solución para los privados con convenio

El “tratamiento especial” pensado para las instituciones privadas que tienen convenio vía DFL N°36 —en la ley de presupuestos 2018 considera un gasto de US$76 millones—, que suscriben a un ideario religioso y realizan prestaciones gineco-obstetras, consistirá en darles la facilidad para que no se vean obligadas a contar con médicos disponibles para realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

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US$ 76 millones gasta el Estado en los convenios de salud

Las instituciones que se han declarado objetoras de conciencia por el aborto calculan los efectos de los cambios al DFL nº 36.

Esto consistiría en abrir la posibilidad de que puedan ofrecer un “efectivo y oportuno procedimiento de derivación” al centro asistencial terciario disponible más cercano. Con esta solución, los privados no se verán en la obligación de tener que poner fin a los convenios suscritos con el Minsal. En estos casos, el reglamento estipulará que todo costo mayor que se produzca de esa derivación será con cargo al hospital y nunca deberá implicar algo extra para la paciente. De esta forma, el Gobierno respetará el criterio de Contraloría que estipuló que los privados con convenio “no pueden acogerse a la objeción de conciencia institucional”.

El rector de la Pontifica Universidad Católica (UC), Ignacio Sánchez, en entrevista con PAUTA.cl coincide en que la solución del nuevo reglamento debiese tener el foco en la derivación. “Contraloría tendría que aceptar una excepción, considerando el principio institucional, para que esos hospitales hagan la derivación”, dice Sánchez quien refuerza la idea asegurando que “lo único que se tiene que pedir y exigir según la ley es un adecuado traslado”.

El rector de la UC, Ignacio Sánchez (Imagen: Agencia Uno)

En todo caso, los centros Áncora que son propiedad de la UC y que tienen convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente siempre estuvieron fuera de la prestación de aborto. Esto porque se trata de Centros de Salud Familiar, es decir, establecimientos de atención primaria ambulatorios. La norma técnica del Minsal estipula que la interrupción del embarazo se realiza en nivel terciario y necesita hospitalización.

Un ejemplo de los hospitales que sí están atentos a cómo será el nuevo reglamento es el Parroquial de San Bernardo. El establecimiento que dirige el obispo opus dei Juan Ignacio González, entre julio y diciembre de 2017 recibió un total de US$ 14 millones ($8.858 millones), es decir, cerca de un tercio del total de los dineros destinados por concepto de DFL N° 36 en el segundo semestre del año pasado.

Consultado el Minsal sobre el contenido del nuevo reglamento, el organismo evitó referirse al asunto y se limitó a afirmar que este es un tema que “aún se está trabajando” y que sólo se referirán “cuando todo esté listo”.

Por el momento el nuevo reglamento estaría siendo revisado por la Segpres y no se descarta que, de ser necesario, el ministerio lo devuelva con comentarios o correcciones al Minsal. En caso de que la cartera que lidera el ministro Gonzalo Blumel entregue el visto bueno, el texto pasará a Presidencia a la espera de la firma de Piñera para finalmente volver en manos de Bermúdez para la toma de razón y, esta vez, el Minsal espera que sea aprobado para evitar un segundo revés para Santelices.

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