Negocios

Los abogados y equipos jurídicos detrás de la batalla legal de las rentas vitalicias

Los asesores legales de las compañías de seguros han tomado estrategias muy disímiles: recurrir a la Corte de Apelaciones, en contra de la CMF y el TC, y hasta los TLC con EE. UU. y Suiza.

El proyecto de reforma de retiro de fondos desde rentas vitalicias abrió una batalla legal.

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Por Ana María Sanhueza y Cristián Rodríguez

Domingo 29 de agosto de 2021

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Hace cuatro meses, el Congreso tomó una de las decisiones político-económicas más polémicas de los últimos años: autorizar que los jubilados de rentas vitalicias adelanten una parte de sus pagos, pese a que esos dineros son, por contrato, propiedad de las compañías de seguros y no de los beneficiarios de estas pensiones.

A partir de esta decisión legislativa, las compañías desplegaron una serie de estrategias, las que han ido desde interponer recursos de protección ante la Corte de Apelaciones y presentar requerimientos al Tribunal Constitucional (TC) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), hasta apelar a los tratados de libre comercio firmados por Chile.

El retiro excepcional de dineros de las rentas vitalicias fue una moción de cambio constitucional presentada por iniciativa del Congreso en el contexto de la pandemia y se enmarca dentro de los retiros de dineros desde las cuentas de capitalización individual que administran las AFP. La moción parlamentaria -que ha implicado hasta ahora un solo retiro- ha generado un fuerte debate jurídico en Chile en relación con que se vulneraría el derecho a propiedad, el de igualdad de cargas públicas y, entre otros, el derecho a dominio. Asimismo, las compañías de seguros lo consideran una política expropiatoria.

Pese a su negativo análisis, las aseguradoras han adelantado los pagos -con cargo a sus reservas técnicas- a todos los pensionados de rentas vitalicias que lo han solicitado. Hasta ahora, han entregado un monto cercano a los US$ 1.000 millones.

Pero este jueves 26 de agosto su sumó otro ingrediente a la discusión. Las aseguradoras de propiedad de capitales estadounidenses hicieron un llamado al Parlamento chileno a oponerse a la iniciativa y, además, enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que intervenga. "El nuevo proyecto que está en el Congreso chileno socavará aún más a los chilenos, en especial a las mujeres, que están tratando de asegurar en futuro de sus familias", dice un escrito redactado por el American Council of Life Insurers (ACLI), gremio de los aseguradores de Estados Unidos, según extractó La Tercera. Instan "al Congreso chileno a oponerse a este medida y tomar acciones para fortalecer la seguridad de jubilación de los consumidores". Este gremio agrupa a las aseguradoras con Metlife, Ohio National y Principal, que tienen presencia en Chile.

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Los estudios y su estrategia

En Chile, abogados de distintos estudios jurídicos han sido fichados por las aseguradoras para librar una batalla legal en este tema.

La primera aseguradora que recurrió al Tribunal Constitucional (TC) fue Bice Vida, a través de un requerimiento de inaplicabilidad que ya fue declarado admisible. Pero, poco antes, la compañía presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que paralizó la causa hasta que no se resuelva el fondo en la justicia constitucional.

Detrás de esta estrategia están los abogados Pedro Pablo Gutiérrez, Juan Francisco Asenjo y Cristóbal Jimeno, del Estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo (GWJ & A).

Poco antes, Penta Vida y BanPenta ll -controladas por los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín-, a través de los abogados Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi, usaron otra estrategia legal, pero que no dio frutos: presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la CMF. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible la presentación, pues estimó que el recurso de protección no es la vía idónea para que las compañías enfrenten el retiro de fondos.

Alcaíno, a su vez, también representa en esta batalla legal a 4Life, junto con el constitucionalista Arturo Fermandois. El pasado 9 de agosto presentaron -tal como Bice Vida- un recurso de inaplicabilidad por inconstitucional ante el TC, estrategia a la que también se sumó Penta Vida con el mismo equipo legal.

En tanto, la aseguradora Confuturo -controlada por ILC, matriz de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, que a su vez es dueña de PAUTA- también siguió, primero, el camino de recurrir a la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible el recurso de protección. Tras la decisión del tribunal de alzada, sus abogados Cristóbal Eyzaguirre y Alex Van Weezel, de Claro & Cía., insistieron ante la Corte Suprema. Sin embargo, la Tercera Sala Constitucional confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones.

Ese mismo camino -un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones- siguió en mayo pasado la Compañía de Seguros de Vida Consorcio -bajo la asesoría legal del mismo Eyzaguirre-. Pero, en su caso, apuntó contra el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.

En tanto, Renta Nacional, representada por los abogados Emilio Pfeffer y Francisco Galli, del Estudio Pfeffer & Asociados, también fue al TC y su recurso fue declarado admisible. Previamente, interpuso un recurso de reposición ante la CMF.

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El escenario local e internacional

Entre los argumentos de las aseguradoras que han recurrido al TC no solo se encuentra la vulneración a derechos -entre ellos el de propiedad y de dominio-, sino también que la reforma constitucional impulsada por el Congreso vulnera los tratados internacionales suscritos por Chile.

Así, si el TC llegara a declarar inconstitucional el retiro de rentas vitalicias, se podría abrir un escenario muy complicado para el Estado chileno. Por ejemplo, con un fallo a su favor, las aseguradoras podrían, eventualmente, buscar la responsabilidad civil del Estado. A ello se suman las causas internacionales por vulneración de tratados internacionales.

Este es el caso de la compañía estadounidense Ohio National, cuya ofensiva legal -liderada por Rodrigo Díaz de Valdés, del estudio Baker McKenzie- fue activar el mecanismo de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos

Se trata del mismo camino que tomó, en junio pasado, Chilena Consolidada. La firma controlada por Zurich Insurance Group pidió el inicio de un proceso de consultas con el Estado de Chile en base al acuerdo con la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y su protocolo.

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