Correa Sutil y Pluralismo Jurídico: “En ningún país civilizado el sistema penal es un sistema distinto”

El abogado constitucionalista cuestiona que la norma no establece quién va a ser esa autoridad indígena que va a ejercer justicia. “Me parece muy preocupante y es susceptible de abuso”, advierte.

Un nuevo avance logró la comisión de Sistema de Justicia, luego que el Pleno de la Convención Constitucional aprobara la modificación realizada por la comisión ad hoc a la norma sobre Pluralismo Jurídico que había sido rechazada en primera instancia, quedando lista para ser incluida en la propuesta de texto constitucional. En la práctica, el Pluralismo Jurídico supone la existencia de dos sistemas de justicia: uno nacional y otro indígena. 

En entrevista con Pauta Final, de Radio PAUTA, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, exmiembro del Tribunal Constitucional, cuestionó el Pluralismo Jurídico al señalar que no establece claramente quién va a ser esa autoridad indígena que va a ejercer justicia. 

“Son dos artículos, uno es el que reconoce la jurisdicción indígena, llamémoslo así, y es bastante peculiar este artículo porque, dice, se ejerce exclusivamente, o sea la jurisdicción con los tribunales y las autoridades de los pueblos indígenas. ¿Quiénes son las autoridades de los pueblos indígenas?. Porque a mí me dicen que van a haber tribunales constituidos entre los pueblos originarios con determinadas competencias y determinadas reglas, yo no tengo problema. Pero si me dicen que las autoridades indígenas pueden impartir justicia y no me dicen siquiera quiénes son esas autoridades, quiénes las nombran y quedan enteramente entregado a cada pueblo o a cada lof, decidir quién es el juez de ese lugar, y conforme a qué resuelve, a mí me parece muy preocupante”, señaló.

“Entonces, la voz autoridades como algo distinto a un Tribunal y como una cosa que tiene una cierta autonomía y no una programación jurídica, a mí me parece muy preocupante y es susceptible de abuso”, agregó.

Correa Sutil aludió en este caso a “sistemas jurídicos paralelos” y que en un ningún país democrático y civilizado el sistema penal es un sistema distinto. Y fue enfático en señalar, además, que este sistema de Pluralismo Jurídico no entrega certezas ni siquiera a los pueblos originarios.

“Hasta donde yo entiendo en ningún país civilizado, digamos una democracia bien hecha, el sistema penal es un sistema distinto. Ahora el principio de igualdad admite diferencias allí donde esas diferencias están fijadas y no son discriminatorias. Por ejemplo, entre los pueblos originarios, podrían haber ciertas reglas de modo de comerciar y que serían perfectamente lícitas o de modo de proteger la naturaleza, que serían perfectamente lícitas, y si esas reglas existen y preexisten y dan seguridad y tienen una cierta aprobación por parte de los pueblos indígenas y tienen el consentimiento de ellos y tienen la aprobación del Congreso Nacional, yo no tengo problema en que se aplique”, indicó.

“El problema está en que surja el problema y se lleve a la autoridad indígena, que no sabemos que sea un juez siquiera, o sea alguien que no ha estudiado derecho tampoco y se lleva a la autoridad indígena y la autoridad indígena resuelve sin que haya pluralismo jurídico propiamente tal. O sea, sin que haya una regla que conozca los miembros de su pueblo originario, que la hayan aprobado de una cierta manera, porque la función esencial del derecho es dar certeza y entonces estas reglas así establecida, por ahora, no da ninguna certeza a los pueblos originarios ni a quienes puedan verse arrastrados a esos tribunales”, añadió.

Sobre la aprobación del artículo 4 sobre la inamovilidad de jueces se estableció que “no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes”.

Sobre este punto, Correa Sutil criticó la incerteza que hay respecto de quién o qué órgano será el encargado de determinar la remoción de un juez o jueza.

“¿Quién va a poder remover a los jueces?. Está claro que los jueces son inamovibles mientras mantengan su buen comportamiento dice la Constitución actual, o sea, la regla dice y a mi juicio incorrectamente, que los jueces solo pueden ser removidos por causales establecidas en la Constitución o en la ley y por los procedimientos establecidos en la Constitución de la ley. O sea, los jueces son inamovibles, salvo causa legal y eso está bien. Ahora, ¿quién los va a remover?. Es la pregunta del millón. Y eso que era el Consejo Nacional de la Justicia, a mí me parece que eso coloca a los jueces en una posición de obediencia a un órgano político”, sostuvo.

El abogado cuestionó, además, los artículos 14 y 15 del informe de la comisión de Sistema de Justicia que establece que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género, así como también conforme a los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad.

“Me parece tremendamente negativo que es esto de que los jueces tienen que resolver con criterio de género y con criterio plurinacional. Los jueces tienen que resolver conforme a derecho. Los órganos que tienen que crear las condiciones para que haya igualdad de género son los órganos políticos. El que representa al pueblo o a los pueblos son los órganos políticos, no el Poder Judicial o se dice en el artículo primero y dice que se ejerce la jurisdicción en nombre de los pueblos”, sostuvo.

“Si los tribunales no están para representar al pueblo ni a los pueblos, están para representar el derecho. Se ha hecho una confusión grave, me parece, entre el Poder Judicial y el poder político y esto coloca a los jueces en una situación muy complicada porque si no cumplen con estos deberes políticos van a ser acusados de violar la Constitución”, afirmó.