Política

El giro de La Moneda tras el informe de Human Rights Watch

El Gobierno considera el documento de HRW como "serio", a diferencia del diagnóstico que dio Amnistía. Blumel pidió respuestas a Carabineros.

El Presidente Piñera y José Miguel Vivanco este martes en La Moneda. Agencia Uno.

El Presidente y José Miguel Vivanco este martes en La Moneda. Agencia Uno.

Por Gladys Piérola M.

Martes 26 de noviembre de 2019

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Seis minutos y 50 segundos. Eso duró la respuesta oficial del Gobierno al duro informe sobre derechos humanos que este martes dio Human Rights Watch (HRW). Fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien ejerció como la primera vocera del tema. Al igual que la semana pasada, cuando se dio a conocer el informe de Amnistía Internacional (AI), ella enfrentó las cámaras, pero esta vez con un tono y un discurso completamente distinto al que se escuchó el jueves pasado desde el Ejecutivo.

"Valoramos el informe de Human Rights Watch y las recomendaciones que nos han realizado, las cuales hacen un llamado a incorporar reformas profundas en Carabineros y mayor control efectivo de la acción policial en situaciones de disturbios y de detención", dijo Recabarren en La Moneda. 

Por la mañana fue el propio José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien entregó el diagnóstico al Presidente Sebastián Piñera, a través de un documento de 18 páginas. En él se asegura que en Chile se han violado "gravemente" los derechos humanos desde que se inició la crisis el pasado 18 de octubre, apuntando principalmente al actuar de Carabineros. Su principal recomendación fue una reforma urgente a la policía.

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Crisis en Chile: el duro diagnóstico internacional sobre violaciones a DD.HH.

Human Rights Watch detalló transgresiones a los derechos fundamentales, revelando 11.564 personas atendidas en urgencias por heridas. Y contabilizó casi 1.900 policías heridos.

Tras hacerse público el informe y escuchar la conferencia de prensa que Vivanco dio desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pasado el mediodía se reunieron con el Presidente los titulares de Justicia, Hernán Larraín; del Interior, Gonzalo Blumel, y la vocera de Gobierno, Karla Rubilar. También estuvieron los subsecretarios Rodrigo Ubilla (Interior) y la propia Lorena Recabarren. Entre ellos definieron las palabras que se leyeron pasadas las 15.00 horas. 

"Este informe nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual", comunicó la subsecretaria. 

Las tres solicitudes a Carabineros

En la declaración, también, quedaron plasmadas tres medidas de acción. La primera fue pedirle al general director de Carabineros, Mario Rozas, un informe con el estado de los 600 sumarios, con las medidas de corrección que se han tomado, señalando las instrucciones y las sanciones que correspondan. De hecho, un rato antes de la declaración del Gobierno, el ministro Blumel se comunicó con el general Rozas y le explicó que en una semana el documento debe estar en sus manos, donde debe quedar explícito su respuesta a los planteamientos de HRW y hacerse "cargo de todas las denuncias en materia de violaciones de DD.HH".

A eso se sumó la creación de un grupo transversal de especialistas para reformar la estructura de Carabineros más allá del proyecto de modernización que hoy se tramita en el Congreso. "Los hechos conocidos en las últimas semanas en materia de derechos humanos y, también, en la capacidad de controlar y resguardar el orden público indican que se hace necesario una reforma mucho más profunda", dijo Blumel por la tarde, en Valparaíso. 

Además, se instruyó al nuevo Comité Técnico Asesor de DD.HH. el seguimiento a las 10 recomendaciones que dio Human Rights Watch, entre las que se encuentran asegurar la existencia de los mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos; herramientas para detectar el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros y reformar el sistema de disciplina de los efectivos. 

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Las tareas y prioridades del comité técnico asesor de DD.HH.

El Gobierno anunció una mesa especial con énfasis en tres áreas, entre ellas el rol de las FF.AA., Carabineros y la PDI. Todo, a horas de conocerse el cuestionado informe de Amnistía.

Las diferencias con AI

Fue el pasado 24 de octubre cuando desde La Moneda solicitaron a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a José Miguel Vivanco, de HRW, enviar observadores a Chile para informarse en terreno de la situación que se vivía. Un mes después, se conoció el informe de HRW, que se convierte en el segundo diagnóstico sobre derechos humanos que conoce el Ejecutivo. El primero lo entregó la semana pasada Amnistía Internacional y fue "rechazado categóricamente" por el Gobierno.

La diferencia entre ambos para La Moneda es clara y se traduce a que HRW no usa la palabra "sistemáticamente" o "generalizado", como sí describió Amnistía en su informe. Esa entidad acusó a las fuerzas de seguridad bajo el mando de Sebastián Piñera de cometer "ataques generalizados", usando la fuerza "de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta". Esa frase, comentan desde el Gobierno, fue determinante para criticarlo públicamente "sin medias tintas".

Y, por lo mismo, en la última declaración del Ejecutivo también quedó registrado. "Human Rights Watch ha desestimado la existencia de una política sistemática con la intención de dañar a los manifestantes. Queremos ser muy claros en esto: nuestra política ha sido siempre el resguardo de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la integridad física de nuestros compatriotas, junto a la mantención del orden público, como componentes fundamentales de nuestra democracia", dijo la subsecretaria Recabarren.

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Las cifras del estallido social

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De hecho, parte de esas críticas se conversaron este martes en la mañana, entre el ministro Blumel y representantes de Amnistía Internacional. Sostuvieron un reservado encuentro luego de la polémica que se generó por la solicitud de audiencia al Presidente y la petición de información a distintos ministerios, y que según La Moneda, nunca se dio. 

Fuentes de Gobierno consultadas por PAUTA señalaron que el trato distinto entre ambos informes se debió a que el de HRW "metodólogicamente es diferente", "serio" y "estructurado", pues recibió información de todos los organismos pertinentes. Aseguran, además, que el documento final tuviera un contexto de los últimos 35 días fue clave para "valorarlo". "El informe es duro, profundo y habla de cosas que estremecen, pero da un paisaje completo", comentan en Palacio. 

Además, según las mismas fuentes, las recomendaciones que se dan en el texto se "comparten". De hecho, esa habría sido una de las razones para pedirle ahora y con un plazo de siete días, el informe detallado a Carabineros, pese que faltan aún dos diagnósticos internacionales sobre DD.HH. por conocerse: el de la ONU y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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