Lo ocurrido la tarde del 5 de febrero en el centro de Panguipulli, en la Región de Los Ríos, y que terminó con la muerte del malabarista Francisco Martínez por disparos de un carabinero, abrió el debate sobre factores como el control de identidad, el uso proporcional de la fuerza por parte de la policía y el derecho a la legítima defensa. Todo ello, además, ocurre en el contexto sobre el proceso político que terminará con la redacción de una nueva Carta Fundamental.
El Poder Judicial determinará la eventual responsabilidad del sargento de Carabineros Juan González Iturriaga, quien disparó en seis ocasiones -cuatro de ellas en el cuerpo de la víctima, una mortal- luego de que el se le abalanzó con machetes en sus manos.
En Primera Pauta, de Radio PAUTA, pusimos el tema en discusión con dos abogados constitucionalistas que además compiten por un cupo en la Convención Constitucional: Patricio Zapata, que va por la Democracia Cristiana en la Lista del Apruebo en el Distrito 10, y Luis Silva, quien se presenta como independente en la Lista de Vamos por Chile en el Distrito 13. Seguridad, libertad y derechos humanos son elementos que destacaron en este caso.
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Los detalles de la formalización por homicidio del carabinero que disparó al malabarista
La discusión de fondo fue si acaso hubo legítima defensa, pero la Fiscalía señaló que el último balazo fue "injustificado".
Para Silva, exvicerrector de la Universidad de Los Andes, la Justicia es la que debe determinar las responsabilidades, pero desde el punto de vista de los principios el conflicto nace desde la restricción de la libertad de la víctima, al derecho a seguridad que tiene el resto de los vecinos que circulaban por el centro de esa ciudad en ese momento. "Desde la perspectiva del controlado, se hace patente la restricción a su libertad, un bien que el Estado debe garantizar […] Pero desde la mirada de los demás, pueden decir 'yo quiero seguridad en las calles'", dijo.
Patricio Zapata, profesor de derecho constitucional, cree que la Constitución "no es una panacea que impida que ocurra cada una de las tragedias", pero sirve para impedir el abuso de poder de parte de una agencia estatal. Sostiene que estas materias desafían al derecho constitucional para pensar que en la Carta Magna se afirme que las Fuerzas de Orden y Seguridad deben tener apego irrestricto a los derechos humanos.
Escuche a continuación la conversación con Patricio Zapata y Luis Silva en Primera Pauta
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