Gobernadores Regionales: Senado se divide ante la aprobación del traspaso de competencias

Se aprobó la ley corta de descentralización. El silencio administrativo fue un punto de alto debate. Sigue a la Cámara.

A dos semanas y media de que se realice la segunda vuelta de gobernadores regionales, la Sala del Senado votó en particular y aprobó un aspecto clave para el funcionamiento de este nuevo cargo: el traspaso de competencias desde el gobierno central a las autoridades regionales y cómo se regularán esas transferencias.

El proyecto busca definir el concepto de competencia y sus limitaciones, e incorpora la evaluación de esas nuevas áreas en las que podrá actuar. Además, detalla un procedimiento de resolución de competencias que tendrá la Contraloría, la cual será el ente dirimente en caso de que surjan diferencias entre los futuros gores y los delegados presidenciales (representantes del Ejecutivo en las 16 regiones).

“Se entenderá por competencia toda facultad, función o atribución que posean los ministerios o servicios públicos para satisfacer las necesidades públicas establecidas en sus leyes orgánicas, o en otras disposiciones legales, con excepción de la Ley de Presupuestos”, dice el articulado.

Además, la nueva normativa precisa que las competencias transferidas de manera definitiva solo pueden revocarse mediante una ley. Y define que el gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales. 

El silencio de la discordia 

Uno de los puntos más debatidos en el Senado fue qué pasa ante la figura del “silencio administrativo”. Es decir, qué sucede cuando existe una solicitud de competencia y no hay respuesta por parte del Ejecutivo. Según la propuesta del Gobierno, la idea era tener un silencio “negativo”, lo que se traducía en que si no había respuesta en seis meses se entendía como rechazada la transferencia de la competencia solicitada. 

Sin embargo, primero en la Comisión de Gobierno Interior y luego en la de Hacienda ese concepto se cambió por un silencio “positivo”. Es decir, si no hay pronunciamiento de la autoridad en un plazo de seis meses, se dará por aprobada la solicitud de competencia. Esta modificación valió además una reserva de constitucionalidad por parte del Gobierno. 

Pero todo ese debate tuvo un epílogo en la votación. La propuesta de los senadores se rechazó por no alcanzar el cuórum requerido (19 a favor del silencio positivo y 12 en contra) , por lo que se debió revisar nuevamente el texto que había sido aprobado en la votación general. Así, con 31 votos a favor, finalmente la redacción que quedó explícita fue la siguiente: en caso de solicitar la competencia, el no tener un pronunciamiento favorable o desfavorable por parte de la autoridad, y mientras esta circunstancia sea debidamente representada por el respectivo gobierno regional al Comité Interministerial de Descentralización, “se procederá a rechazar expresamente la solicitud de transferencia de competencias mediante un decreto firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública”. 

Esta polémica fue de las más tensas en la Sala. Algunos senadores apuntaron que tanto este punto como el debate completo de descentralización serán parte de la discusión de la Convención Constitucional. 

Otro tema que causó divisiones fue el que dejaba establecido expresamente que el delegado presidencial debía “coordinarse” con el gore, y la autoridad administrativa competente del nivel central en las decisiones que se tomen, según las necesidades de la región. Este artículo fue aprobado por mayoría, pero con el mismo nivel de crítica que ítem anterior. Aquí, los “regionalistas” acusaron que los gobernadores electos tendrán “pocas competencias” y sin una ley de rentas regionales resuelta a la hora de asumir.

Las culpas cruzadas

Con una elección de gores a la vuelta de la esquina, el debate se concentró en que no había más tiempo. Los comicios de segunda vuelta son el 13 de junio. “Al final esto será a lo que salga, a la chilena […] Ahora hay que apoyar nomás”, dijo en tono resignado el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). 

Una de las más críticas fue la senadora Luz Ebensberger (UDI). Señaló que el proyecto no corrige la “mala ley” que hay de fondo y que con suerte arregla la situación para “que no resulte tan desastrosa” la instalación de las nuevas autoridades.

Otro de los temas que salieron en la discusión fueron las responsabilidades tanto del Gobierno como del propio Congreso por estar viendo este tema encima de los plazos. Hubo críticas cruzadas. Se culparon entre ellos mismos por no “querer soltar poder”. 

“Los gobernadores regionales llegan desnudos al nuevo cargo”, dijo el senador Alejandro Navarro (PRO), apuntando que el proyecto era a sus ojos solo un barniz. “Los gobernadores electos van a tener que marchar a La Moneda y rodearla para conseguir más poder”, agregó.

Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para iniciar su segundo trámite legislativo.