Política

La encrucijada del Gobierno ante el Acuerdo Nacional de Seguridad

“Estado intermedio” e indulto a los “presos del estallido” son los proyectos que La Moneda pretende modificar a través de indicaciones, pero que no dejan conforme a su sector ni a la oposición. Los ministros del comité político se despliegan en búsqueda de votos.

El Gobierno busca votos en el Congreso

Agencia Uno

Por M. Cecilia Olmedo

Martes 10 de mayo de 2022

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"La contingencia actual no nos permite avanzar en nuestra agenda. Sacar este proyecto adelante nos permitiría hacerlo". Así la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, intentó persuadir a la bancada comunista de apoyar la legislación que impulsa el Ejecutivo para establecer un "Estado de Protección y Resguardo Constitucional" o estado de excepción intermedio, como lo denominó el propio Presidente, Gabriel Boric.

Según comentó a PAUTA uno de los participantes de ese encuentro, se trató de una reunión por Zoom en la que la secretaria de Estado junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expuso a diputados y senadores de su partido las razones por las que el Gobierno ingresará una indicación sustitutiva al proyecto de Protección a la Infraestructura Crítica, que es una moción de los senadores Carmen Gloria Aravena (RN) y Kenneth Pugh (independiente) que está en el Congreso desde noviembre de 2019.

En el Partido Comunista existe reticencia a la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden y seguridad, aunque la autoridad a cargo de este "estado Intermedio" sea un civil y su rango de acción sea acotado.

Así lo manifestó la diputada Lorena Pizarro, ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos: "el camino no es nunca sacar a los militares a la calle, así lo demuestra la dictadura cívico militar, lo demuestra la revuelta popular, demuestra toda la situación represiva que se desata contra el pueblo".

La parlamentaria sostuvo además que "los estados de excepción, se llamen intermedios o de excepción, nunca van a ser la solución para la inmensa mayoría que vive desprotegida de seguridad y el camino no es la opresión, el camino es tomar medidas legislativas que traigan justicia social".

Desde el Congreso el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, reiteró que la iniciativa es necesaria: "hace un par de semanas le venimos comentando a los partidos políticos y a las distintas bancadas del oficialismo que acá hay un tema complejo del cual hay que hacerse cargo. Que como Gobierno nos toca el rol de gobernar y garantizar, no sólo que se cumpla el estado de derecho, sino también de tener las herramientas con los mayores contrapesos para poder ejercer esa autoridad".

Una propuesta que no convence

Según una minuta que La Moneda entregó a los parlamentarios de la Comisión Mixta que debe revisar la iniciativa, este nuevo "estado de protección y resguardo constitucional" será declarado por el Presidente de la República, a través de un decreto supremo en caso de "grave alteración de la seguridad o libre circulación en vías que sean consideradas esenciales".

En dicho decreto se deben establecer las vías específicas que requieren protección y resguardo y se dará cuenta al Congreso. Habrá una autoridad civil a cargo de coordinar las acciones y una autoridad militar que instruirá la ejecución de las tareas de protección y resguardo.

Respecto a la definición de las rutas esenciales serán aquellas "cuya perturbación pueda implicar una alteración grave para el normal abastecimiento y conectividad de los territorios, de forma tal que pueda perjudicarse el bienestar y seguridad de las personas", según consigna el documento.

Pero desde ya parlamentarios de la Comisión Mixta, como el senador DC Matías Walker, quien la preside, o el senador de RN Rodrigo Galilea, han manifestado que están por una indicación que permita incluir no sólo vías esenciales, sino también otra infraestructura crítica.

En Primera PAUTA, el senador Pugh, autor de la iniciativa que el Ejecutivo busca intervenir, aseguró en que "todos los países desarrollados tienen centro de protección de infraestructura crítica".

Para aprobar este proyecto en la Cámara de Diputados se requieren 93 votos, esto es 25 apoyos más de la base que tiene el Gobierno si todo el oficialismo votara a favor.

La encrucijada es que actualmente entre diputados y senadores oficialistas hay quienes coinciden con la oposición, en que apuntar sólo al resguardo de carreteras es poco.

El otro proyecto que complica a La Moneda

"El indulto a los presos de la revuelta es un compromiso, una prioridad", señaló el fin de semana en una entrevista en El Mercurio la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Luego en Comisión Mixta de Constitución, explicó que están buscando alternativas para darle viabilidad al proyecto que hoy no cuenta con los votos para ser aprobado.

La ministra del Interior también habló de un compromiso de campaña al ser consultada por los dichos de su par de Justicia.

Siches aseguró que "hay compromisos de campaña al momento de sufragar cada uno de los chilenos y chilenas". Agregó que esperan que el proyecto pueda avanzar y se puedan "discutir los límites de las propuestas. Esperamos cerrar el proceso del estallido social".

El ministro Jackson, en tanto, en el Congreso, explicó que el proyecto cuenta con urgencia simple y que como Ejecutivo están buscando la mayor cantidad de consensos porque "es un problema que hay que resolver, no es un problema que podemos simplemente dejar de lado".  

Han sido, precisamente las titulares de Justicia e Interior y el ministro de la Segpres, quienes han estado conversando con parlamentarios oficialistas para ver de qué manera conseguir los votos que faltan para aprobar la iniciativa, que en enero de este año varió de indulto a amnistía, ya que técnicamente no se puede indultar a personas que cumplen prisión preventiva y que no han sido condenadas.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) explicó las alternativas que se están evaluando: "hay antecedentes previos, por ejemplo, el indulto conmutativo que presentó el Presidente (Sebastián) Piñera en contexto del Covid, ahí hay un antecedente. Para el Jubileo 2000 también se promovió otro indulto conmutativo. Ese tipo de fórmulas se están explorando y podrían tener más consenso y lograr los votos que falten en el Senado". El parlamentario reconoció que "es un proyecto polémico, un proyecto que genera mucho debate, mucha controversia, pero como hemos dicho este es compromiso de campaña con los presos de la revuelta".

El senador independiente – PPD, Pedro Araya, en tanto comentó a PAUTA que esperan conocer el detalle, para ver si esa alternativa tiene viabilidad política o no y agregó que "estamos disponibles a conversar con el Ejecutivo una fórmula que permita acercar posiciones y de esta forma conseguir los votos que faltan para aprobar esta iniciativa".

El parlamentario afirmó, finalmente, que "es muy importante comenzar a construir paz social, por eso creemos que el Ejecutivo tiene que actuar con la cautela necesaria con el objeto de poder generar un acuerdo en esta materia y así poder solucionar el problema de los denominados presos de la revuelta".

Este miércoles las ministras Ríos, Siches y Vallejo tienen agendadas reuniones en el Congreso para revisar, entre otros temas, el proyecto de indulto. La iniciativa está en la Comisión de Constitución del Senado.

Desde la oposición advierten que sus votos no están disponibles y que avanzar en esa iniciativa entrampa el eventual Acuerdo Nacional por la Seguridad al que está convocando el Presidente Boric. "El gran error de este Gobierno en esta materia ha sido justamente las señales contradictorias que se han entregado", planteó el lunes recién pasado a Primera PAUTA el presidente de la UDI, senador Javier Macaya

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