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Comisión de Constitución aprueba en general el indulto al 18-0 pese a reparos jurídicos

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Senado
POR Diego Zárate |

A favor votaron Pedro Araya (ind), Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC). En contra Luz Ebensperguer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). El debate que viene es si será un indulto o una amnistía.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó, por tres votos a favor y dos en contra, en general el proyecto de ley que concede el indulto por razones humanitarias a los detenidos en el contexto social que comprende delitos que incluyen porte ilegal de armas, homicidio, homicidio frustrado, incendios, lanzamiento de bombas molotov y saqueos, entre otros.

Votaron a favor el presidente de la comisión, Pedro Araya (independiente), Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC). En contra se pronunciaron Luz Ebensperguer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), quienes estimaron que la moción no impulsa un indulto sino una amnistía, que contiene errores doctrinarios y que no se trata de delitos políticos, sino comunes.

Con esta decisión, ahora el texto pasará a la Sala para que se pronuncie en general sobre la iniciativa y donde desde ya se vislumbra que tendrá modificaciones en torno a los conceptos de indultos y amnistía. Y, de acuerdo con lo que estableció este 11 de agosto la Comisión, hay dos normas de rango orgánico constitucional  –el artículo cuarto y quinto del proyecto– que requieren de 25 votos para ser aprobadas, mientras que el resto necesita 22 votos a favor.

Según explicó Araya, “en el caso en que en la votación en Sala no se alcance el quórum para esas dos normas,  habría un proyecto de ley que otorgue el indulto, pero no habría autoridad que lo aplique“.

La iniciativa fue presentada el 20 de diciembre de 2020 por las senadoras Yasna Provoste –hoy candidata presidencial de la DC-, Adriana Muñoz (PPD) e Isabel Allende (PS) y los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PAIS Progresista). 

La moción contiene ocho artículos y permite el indulto tanto para “imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 7 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma”. Además, añade a quienes estén con investigaciones formalizadas y desformalizadas, una situación que fue criticada jurídicamente tanto el Ministerio Público como por la Corte Suprema.

El último artículo, en tanto, señala “no quedarán comprendidos en el indulto general quienes fueren miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Públicas, o funcionarios de cualquiera de los organismos y poderes del Estado a la época de la comisión de los hechos”.

“Mala factura técnica”, pero…

Previo a su votación, la Comisión de Constitución realizó ocho sesiones en las que escuchó a familiares de los detenidos, al Ministerio del Interior, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, académicos de derecho penal, a un exministro de la Corte Suprema y a abogados que litigan como querellantes y defensores en las causas del estallido social con el fin de oír opiniones a favor y en contra de la iniciativa.

En sus argumentos los senadores que votaron a favor de la idea de legislar reconocieron que el proyecto tiene problemas jurídicos. Esto, porque mezcla dos instituciones que están contenidas en el Código Penal: la amnistía y el indulto.

Una opinión que ya había emitido la Corte Suprema en el informe que envió al Senado cuando en mayo pasado se le pidió su opinión: “El proyecto que se denomina ‘indulto general’ no coincide con lo que la doctrina ha considerado históricamente como tal, sino más bien como lo que corresponde a una ley de amnistía”.

El presidente de la Comisión, Pedro Araya, votó a favor pese a que dijo que el proyecto “tiene mala factura técnica” y “complejidades difíciles de resolver, trata de indulto general algo que a todas luces es una amnistía”. Por ello, se abrió a que se modifique en algunos de sus puntos.

Pero su voto lo explicó así: “El estallido social también reveló las miserias que tiene el proceso penal. Hemos visto, y quedó demostrado con mucha fuerza, lo que ha ocurrido con algunos presos del estallido que fueron objeto de largas prisiones preventivas para después ser absueltos. También hemos visto cómo muchos han accedido a procesos abreviados para poder salir de las cárceles señalando que son inocentes y hemos visto las deficiencias del Ministerio Público en las investigaciones”.

Huenchumilla: “Por la paz social”

El senador Huechumilla, en tanto, tras relatar parte de la historia de las amnistías en Chile en situaciones excepcionales, señaló que se debe “buscar la paz social”. Como Araya, también admitió que debe perfeccionarse a medida que el proyecto se tramite pues el indulto y la amnistía implican decisiones jurídicas diferentes.

El senador DC dijo que, para “obtener una paz social completa, es necesario que el Estado renuncie a su acción punitiva respecto de que la gente salió a la calle a protestar”. Y añadió que “a mi juicio procede, desde el punto de vista jurídico, constitucional, político y moral, dictar una ley de indulto o de amnistía, o lo que salga, porque tenemos facultades para eso en aras de un bien superior”.

De Urresti, a su vez, también se abrió a modificar el proyecto a futuro, pero dijo que votaba a favor por la situación que viven muchos de los detenidos, en especial por sus largos períodos de prisión preventiva.

Los cinco integrantes de la Comisión son abogados, una situación que ayer enfatizó varias veces el exministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller en su exposición. “Ante una audiencia formada por juristas, insistir en que nuestro ordenamiento jurídico somete la gracia del indulto a la existencia de una sentencia condenatoria firme o ejecutoriada. No hay nadie en la literatura penal nacional que sostenga la posibilidad de otorgar esta forma de perdón a quienes están siendo sometidos a juicio y, por lo tanto, no han sido sentenciados por el tribunal correspondiente”.