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La Moneda interviene en la polémica de la inadmisibilidad de proyectos

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POR Cecilia Andrea |

El Ejecutivo tendió una mano a su coalición por el fallido reglamento, pero se metió en un problema con la oposición, que acusan intromisión en el Poder Legislativo.

Otra vez. Justo como hace dos semanas, el reglamento interno de Chile Vamos para evitar la presentación de proyectos inadmisibles enfrentó a la coalición en un nuevo Comité Político Ampliado.

El sábado pasado, Evópoli presentó oficialmente el documento y compartió la lista de firmantes entre el oficialismo. Eran 40 de 85 en total, y el partido que menor representación tenía entre los adherentes era Renovación Nacional. Su líder, Mario Desbordes, había calificado la idea de inconstitucional.

Este lunes, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), les anunció a los personeros que el Ejecutivo estaba estudiando una forma de mejorar el reglamento del Congreso o derechamente impulsar una reforma constitucional a la Ley Orgánica del Congreso, que trata precisamente la declaración de admisibilidad de los proyectos.

Sin embargo, aquello no zanjó la pelea.

El round de Evópoli y RN

El proceso quedó en manos del ministro secretario de la Presidencia, Claudio Alvarado (UDI), quien se iba a encargar de la coordinación con los partidos y abogados. 

Con el anuncio del Ejecutivo, la idea del reglamento interno de la coalición pasaba a segundo plano, pero de todas formas Desbordes valoró la intención detrás de la iniciativa de Evópoli y destacó la necesidad de generar mejor ambiente en Chile Vamos, lo que luego fue secundado por el líder del PRI, Rodrigo Caramori.

Pero el senador Felipe Kast (Evópoli) le reclamó a Desbordes su apoyo constante a los miembros de Renovación Nacional que precisamente habían presentado proyectos inconstitucionales. Desde la UDI intentaron poner paños fríos y comentaron que el reglamento no iba dirigido a nadie en particular, que era necesario coordinarse mejor como coalición.

En ese sentido, el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, pidió que se terminara la persecución a los parlamentarios de su partido. Y concluyó Blumel, reiterando que trabajarían en encontrar el mejor mecanismo para hacerse cargo del problema.

Además de una breve intervención del ministro de Salud, Enrique Paris, por la situación de la pandemia, aquel fue el único tema que discutieron durante la reunión. El Ejecutivo comprometió encargarse del proceso y en eso quedaron.

Pero habría algo más.

Poco más de una hora después, el propio Presidente Sebastián Piñera salió al entrepatio de La Moneda y criticó a los parlamentarios que impulsaban iniciativas inconstitucionales, que incluso lo hacían argumentando bondad, “como si el fin justificase los medios”.

De inmediato comunicó la solución al problema que su coalición arrastró por casi un mes: convocar a un grupo de especialistas que harán recomendaciones para “perfeccionar” los criterios de admisibilidad con los que se maneja el Congreso.

La salida del Ejecutivo

“Todos tenemos derecho a proponer cambios a la Constitución y las leyes, en aquellas materias que corresponda. Pero todos tenemos la obligación de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluso cuando esa Constitución y esas leyes no nos gusten. Imaginen qué pasaría si el Presidente abandonara su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y actuara al margen del Estado de Derecho”, declaró el Mandatario en su discurso.

Así, anunció que “en los próximos días” convocaría a un grupo de exparlamentarios, expertos y académicos para revisar el reglamento y los procedimientos con el que el Congreso determina la admisibilidad de las mociones que ingresan.

Su anuncio fue muy bienvenido en el oficialismo, incluso como una forma de poner paños fríos a la polémica interna de Chile Vamos, pero también para incluir a los partidos opositores y que no fuera únicamente una “camisa de fuerza” entre las colectividades oficialistas.

“Este es un problema para el Gobierno y para el mundo parlamentario. Si bien es cierto estamos frente a un problema no menor, es el Gobierno el que también sufre porque claramente se le hacen situaciones donde se legislan cuestiones inadmisibles y luego se ven con la disyuntiva de ir al Tribunal Constitucional, de no ir, de vetar. Se desgasta mucho”, contesta a PAUTA el jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Andrés Molina.

Fue muy bien evaluado por la UDI y RN también. “Valoramos profundamente la decisión del Gobierno, que reafirma el respeto al Estado de Derecho y que no le teme a hacer cumplir la ley”, declaró su par del gremialismo, la diputada María José Hoffmann.

“Es el camino adecuado, a través de propuestas concretas y responsables se puede avanzar en este camino. Mientras, RN se la va a jugar por respetar siempre la ley y la Constitución”, agregó Torrealba.

En esa misma línea opinó Caramori, quien dijo a este medio que “esto viene a mejorar el trabajo legislativo de todos los parlamentarios y debiera ser apoyado por todos las bancadas”.

Pero, ¿es improcedente?

Los partidos opositores reaccionaron de inmediato acusando una intromisión de parte del Poder Ejecutivo en el Legislativo. 

Lo que dice la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional es que es el presidente del Senado o la Cámara el que puede determinar la admisibilidad de un proyecto. Y que, en todo caso, la sala de dicha cámara puede reconsiderar aquella determinación.

A esto y al reglamento de cada corporación recurrieron la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), y el vicepresidente, Rabindranath Quinteros (PS), en una declaración publicada durante la tarde. 

“Lamentamos que, en lugar de llamar a la moderación y entendimiento, tan necesario en medio de la crisis que afecta al país, el señor Presidente de la República busque perseverar y profundizar una disputa sobre los procedimientos referidos a la admisibilidad de mociones parlamentarias”, se lee en el texto.

Ojo, el posnatal de emergencia, la misma misma mesa de la Cámara lo declaró admisible. ¿Cómo va a ser así, si necesitamos recursos? ¿Quién va a ponerlos, la mesa? Ellos también se equivocan”, afirmó a PAUTA la subjefa de bancada de RN, Karin Luck.

El argumento esgrimido por los opositores se resume en que no corresponde que el Presidente se meta en atribuciones que son específicas del Congreso. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), lo resumió en una palabra: “Improcedente”. 

Según la bancada socialista, es una “amenaza” a otro poder del Estado. Y a juicio del senador Álvaro Elizalde, presidente del PS, el Mandatario busca evadir su propia responsabilidad y el costo de sus decisiones. “No se entiende la propuesta del Presidente. La propia Constitución le entrega herramientas en caso de que considere que un proyecto de ley es inconstitucional”, declaró el legislador.

Ante la polémica, desde el mismo oficialismo salieron a apagar el fuego. 

“No es una intromisión en el Congreso Nacional, es el Congreso el que va a tener que legislar la propuesta que hicieran el grupo de expertos transversales. Por ende, lo que se busca es una ayuda”, replicó Desbordes.