Narcotráfico y crimen organizado: las propuestas de los candidatos presidenciales

De los siete candidatos a Presidencia de la República, cuatro proponen un conjunto de medidas -unas más concretas que otras- para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado: Yasna Provoste, Sebastián Sichel, José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Franco Parisi dedica solo un párrafo al tema en su programa presidencial, relacionado con unificar la inteligencia nacional; Eduardo Artés hace un diagnóstico y apunta a reformar el sistema carcelario. Marco Enríquez- Ominami, en cambio, no hace mención al crimen organizado.

En las propuestas que tienen más detalles hay algunas coincidencias en la mayoría de las candidaturas. Entre ellas, modificar la Ley de Drogas (20.000), modernizar las policías y cambiar o refundar la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Además, se suele hablar de un ministerio o unidad dedicada a la seguridad pública, impulsar policía especializada -algunos la llaman fuerza de tarea-, potenciar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y poner foco en el comiso de bienes que se obtienen por actividades ilícitas.

Kast es el único que propone la intervención de las Fuerzas Armadas para "casos excepcionales”. Así como solo Boric habla de "refundación de las policías", aunque dice que lo hará "de manera progresiva".

Solo Kast y Provoste anuncian la persecución del uso fuegos artificiales por parte de bandas criminales.

El aumento del narcotráfico no solo por las fronteras, sino también por vía marítima, son hechos que han sido advertidos en dos informes del Observatorio del Narcotráfico en 2020 y 2021. 

El último informe, presentado en septiembre pasado, reveló el avance de tres carteles internacionales de droga en Chile. Dos son mexicanos: Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa (ligado a Joaquín "El Chapo" Guzmán). El otro es colombiano: el Cartel del Golfo, en el Valle de Cauca.

No es todo. A junio de 2021, la droga incautada a nivel nacional duplicó la totalidad de la que se requisó durante el transcurso completo de 2020. El narcotráfico, además, está ligado al aumento de armamento en las calles. Y, según dijo Héctor Barros, fiscal regional de la zona metropolitana sur en una entrevista a PAUTA, hoy la delincuencia organizada ya no usa armas hechizas, sino que "tiene una logística más compleja y refinada" que "se refleja en que el poder de fuego aumentó con el uso de armas convencionales".

Provoste: desarme y fiscalización en las macrozonas

La candidata de Unidad Constituyente, Yasna Provoste (DC), es quien tiene la propuesta más extendida en su programa. Se titula "Seguridad Ciudadana. El Derecho a Vivir en Paz".

Busca establecer una fuerza de tarea permanente para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Para ello, pretende modernizar la actual Ley 20.000 de drogas. Con esto espera poner el foco "sobre el gran tráfico y en evitar que se utilice para abultar detenciones bajo una lógica de pesca de arrastre que termina por encarcelar la pobreza, dejando impunes a los grandes narcotraficantes".

Además, propone crear un plan nacional de prevención del consumo abusivo de drogas.

Su proyecto presidencial apunta además a actualizar la regulación de transacciones financieras, el movimiento de capitales, el lavado de dinero y los delitos informáticos. Y anuncia la creación de "un nuevo plan nacional operativo para fiscalizar los flujos de bienes que ingresan al país principalmente a través de puertos, a fin de detectar el tráfico de drogas y armas".

Su propuesta impulsa también una estrategia nacional: crear fiscalías de análisis criminal y focos investigativos contra el crimen organizado a nivel de macrozonas (norte, valle central, sur y austral); fortalecer las actuales unidades especializadas de las policías y aumentar su control interno; crear una dirección especial de crimen organizado y narcotráfico, e impulsar fuerzas de tarea conjuntas interpoliciales al amparo del futuro "Ministerio de Seguridad Pública".

El programa, además, se refiere a realizar un plan de desarme e intervención en zonas críticas. Aparte del "Ministerio de Seguridad Pública", crearía una nueva Agencia Nacional de Inteligencia.

Respecto de Carabineros, dice: "Requiere cambios urgentes en lo administrativo, operativo, institucional, para recuperar su capacidad operativa, credibilidad y legitimidad en los territorios".

Sebastián Sichel: una policía especializada 

Una de las principales propuestas de Sichel es la creación de una institución especializada en narcóticos y delitos asociados al tráfico y microtráfico de drogas, a la que llama "Policía Especializada en Tráfico" (PET), similar a la DEA. Ello implica fusionar tres instituciones actuales: dos de la PDI y una de Carabineros.

En el caso de la PDI, Sichel pretende juntar la Jefatura Nacional Antinarcóticos y la subdirección de Inteligencia del Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, con el Departamento de Drogas de Carabineros, el OS7.

"Actualmente las labores de investigación criminal de los delitos contemplados en la Ley 20.000 dependen de la Policía de Investigaciones, específicamente de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y contra el crimen Organizado, dependiente de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria. Esta separación de funciones permitirá una profundización en las acciones que tienen como fin combatir el narcotráfico, dejando atrás los lineamientos burocráticos que hoy enfrenta la institucionalidad pertinente", dice su programa.

También, junto a la PET propone "armar una escuela de formación especializada con al menos cinco años de capacitación y preparación".

Coincide con Provoste en "mejorar y aumentar las herramientas tecnológicas para investigar los delitos y controlar el flujo de dinero ilegal" y "entregar vía ley herramientas especializadas para el uso estrategias de intervención y persecución del delito organizado".

Para quienes trabajen en el país en temas de narcotráfico y crimen organizado, para "evitar riesgo de captura", el candidato de Vamos por Chile propone "generar la capacidad de ascenso, remuneración y rotación en territorio".

Su propuesta requiere de pilares: mejorar la acción de las policías, en especial de Carabineros; que quienes hayan sido condenados por tráfico de drogas no obtengan beneficio y una estrategia de que el consumo no sea penalizado para haya incentivos a denunciar con protección de parte del
Estado. También -y coincide con Boric- sumó a su programa la rehabilitación para han caído en adicciones por culpa del microtráfico.

Sichel además propone la creación de un Ministerio de Seguridad Interior. Y plantea la reestructuración de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Kast: un comité de seguridad permanente

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y del Frente Social Cristiano anuncia que vamos a combatir la narcopirotecnia con un equipo especializado de la PDI se dedicará a la investigación e incautación.

También pone foco en el combate el tráfico marítimo de drogas. Y anuncia que se reforzará "la dotación, recursos y estrategias de la policía marítima y de Aduanas a fin de "cerrar el tráfico marítimo desde y hacia Chile".

Propone una nueva fuerza de tarea especial para el combate del crimen organizado: "Esta nueva organización debe bastarse en el actual OS7 de Carabineros y la BRICO, siendo parte fundamental Carabineros y la PDI".

Con esta propuesta, dice, consolidar la información y "llevar a juicio la cadena completa del crimen". Y agrega que para ello se requiere la participación de Gendarmería, Fuerzas Armadas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Registro Civil, Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII)".

Kast coincide con Sichel en que "se contará con manos rotativos".

También, plantea la instauración de manera permanente a la convocatoria a un Comité de Seguridad Nacional que reemplace al actual comité político semanal de La Moneda. Su rol: que aborde directamente la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia.

A diferencia de los otros candidatos, Kast le da un rol a las Fuerzas Armadas. Dice que tendrán un papel "en casos justificados y como medida estrictamente excepcional" y que "podrán colaborar en materias de seguridad pública cuando les sea requerido a fin de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico".

También propone reformular la ANI. Y, además, crear un Consejo Superior de Inteligencia que "tendrá como misión obtener información que ayude al Estado a combatir el crimen en sus distintas forma (espionaje, intervenciones subversivas, otras) y, particularmente, el crimen organizado.

La ANI, en el plan de Kast, "debería estar integrada por especialistas en inteligencia provenientes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y la PDI". Y actuaría como brazo derecho del Consejo Superior de Inteligencia.

Boric: denuncias y comiso ampliado de bienes

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, propone legislar una nueva la Ley de Drogas, aunque también habla de modificarla. El objetivo, dice, es "que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes".

Según su programa, se realizará un cambio en la forma de enfrentar el problema del consumo de marihuana "adoptando un enfoque de prevención y reducción del daño". 

Propone "desburocratizar el sistema de denuncia de delitos e incentivar la denuncia" a escala barrial. Y agrega que se requiere de una nueva estrategia "alejada de la noción de la 'guerra contra las drogas' basada exclusivamente en la represión".

Señala que se requiere de una respuesta frontal del Estado que ponga como prioridad "la lucha contra las organizaciones criminales, identifique espacios de posible corrupción o ineficiencia institucional, consolide una mayor eficiencia en la investigación criminal y fortalezca el énfasis en la lucha contra el lavado de activos como mecanismo de consolidación del crimen organizado". 

Propone refundar las policías "de manera progresiva". y proyecta actualizar el sistema de inteligencia del Estado con una nueva arquitectura "que permita la integración real de las distintas agencias y unidades de inteligencia bajo el mando y control de una agencia civil con capacidades operativas autónomas". 

También propone, tal como los anteriores candidatos, mejorar la capacidad de la UAF, integrándola como actor clave del Sistema de Inteligencia del Estado.

El programa propone decomisar bienes de igual valor al generado por la actividad ilícita, un comiso ampliado para bienes que aunque no son provecho de la actividad ilícita sí está relacionada con ella y el comiso de bienes en los que exista prueba de que se han obtenido por una actividad ilícita a pesar de que no haya una condena.

Franco Parisi, candidato del Partido de la Gente, propone en un párrafo de su programa la unidad de la inteligencia chilena.

Así, promueve la creación de una unidad especial que reunirá a la ANI, la UAF, el SII, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la PDI y de Carabineros. Y agrega al grupo a la Dirección de Aduanas y la Tesorería General de la República. La instancia, dice el programa, será presidida por el Presidente de la República, más un director ejecutivo designado por el Mandatario. Su rol: "coordinar las reuniones, informes y temas a tratar, principalmente relacionados con el lavado de dinero, el narcotráfico y los negocios de connotación terrorista y contrabando".

La mención a la comisión de delitos en el país está inmerso dentro del capítulo Sistema penitenciario y carcelario del candidato del Partido Unión Patriótica (UPA), Eduardo Artés.

Artés señala que aumentar a cantidad de cárceles "no conducirá a solucionar el sistema carcelario y el flagelo del crimen organizado y la delincuencia. Nosotros reconocemos en el presidiario, en su mayoría al menos, una víctima del sistema imperante". Agrega que la falta de educación, de hallar un trabajo asalariado, la drogadicción y el alcoholismo, la violencia en el hogar y en la sociedad, "llevan a un ser humano a tomar el camino de la delincuencia".

Entre las medidas de su programa, se propone la refundación del sistema penitenciario para que "eduque, reforme y prepare al delincuente para su reinserción".  Y aunque señala que la mayoría de las penas "son excesivas" y "tendientes a destruir las vidas en términos económicos y sociales del presidiario y su familia", también postula el aumento de penas para crímenes "de alta gravedad y gran brutalidad".

Este aumento de penas se refiere a homicidios (excepto en el que se comete para defender la vida), violación sexual, violación a los derechos humanos y crímenes de corrupción "superiores a un límite acordado por la sociedad chilena".

Agrega Artés que "en estos casos y tomando sin duda la particularidad de cada uno de ellos, debería haber, como pena máxima posible, la muerte".

No menciona el término narcotráfico.