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Normas, deliberación, indicaciones y votación: el cálculo de los plazos en la Convención

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Agencia Uno
POR Paul Follert |

Se ingresaron 1.272 normas, que deben ser discutidas y votadas por las siete comisiones temáticas.

Cerca de mil iniciativas. Esa es la estimación que hacía a inicios de semana la Mesa Directiva sobre las normas que podrían ser discutidas y votadas en la Convención. El pasado martes 1 de febrero terminó el plazo para que los constituyentes ingresaran propuestas de normas a las distintas comisiones temáticas. Ese mismo día se ingresaron las últimas firmas para apoyar las distintas iniciativas populares de norma (IPN) publicadas en la página de la Convención. 

En ese contexto, de las 2.496 iniciativas populares publicadas, 78 lograron cumplir los requisitos para ser ingresadas en la deliberación de las comisiones. El proceso de participación también incluía iniciativas populares de pueblos originarios, que tenían otro tipo de requisitos, entre ellos, tener el patrocinio de comunidades o asociaciones indígenas. De estas, 248 iniciativas fueron admitidas en la Convención.

A las 78 IPN y las 248 iniciativas de pueblos originarios, se suman otras 946 propuestas de normas ingresadas por convencionales. La suma de estas tres cifras alcanzan las 1.272 normas, las cuales deben ser presentadas y votadas en las siete comisiones temáticas del órgano. Se trata de un número que podría variar, aunque no sustancialmente, ya que desde la Mesa explican que aún podrían haber normas repetidas o mal ingresadas. 

“Los grandes debates que se están dando representan distintas visiones de país, de sociedad. Efectivamente todas estas decisiones tienen que estar construidas colectivamente, porque todos sabemos que el cuórum que se enfrenta en el Pleno es difícil de alcanzar”, sostuvo el viernes la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda (PC).

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El cálculo detrás de las normas

La Mesa Directiva aún no termina de distribuir la totalidad de las normas a las respectivas comisiones. La tarde de este viernes 4 de febrero, la secretaría técnica trabajaba a toda máquina para alcanzar esta tarea y dar cuenta de la totalidad en el Pleno agendado para el lunes 7 de febrero.

Los tiempos de discusión y votación varían según cada comisión. Así lo grafican las comisiones de Principios Constitucionales y Formas de Estado, que tienen una metodología similar para el procedimiento de votación de una norma. En el primer paso, los autores de la norma exponen su propuesta, para lo cual tienen un tiempo aproximado de 15 minutos. Luego, se abre un espacio para preguntas del resto de los integrantes de la comisión, seguido por un espacio de deliberación y/o presentación de las distintas posturas de los convencionales.

De esa manera, se presentan y discuten las normas una tras otra. Luego de que termina este proceso con todas las iniciativas -las cuales son agrupadas en bloques temáticos- , se cita a una o más sesiones de votación general, es decir, cada norma que fue discutida pasa a ser votada, donde se necesita la mayoría de los convencionales para que sea aprobada. 

Un mecanismo distinto ocurre en la Comisión de Medio Ambiente, espacio que integran 19 constituyentes. Ahí la metodología recorre el siguiente camino: primero se presenta la norma en un periodo de 10 minutos aproximadamente; luego se abren rondas de preguntas; los expositores responden, lo que puede llegar a tomar cerca de media hora; y finalmente se procede a la votación en general. El mismo procedimiento se repite con cada iniciativa presentada.

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Si bien puede haber variaciones en cada comisión, el tiempo estimado que toma la presentación, deliberación y votación de las iniciativas se acerca a los 45 minutos. En ese contexto, las primeras comisiones en comenzar la votación en general lo hicieron el pasado 20 de enero. Desde esa fecha, y hasta el cierre de este artículo, las comisiones habían votado 228 iniciativas de las 1.272 ingresadas en la Convención.

Pero ha habido críticas. Los convencionales, por ejemplo, impulsaron transversalmente la posibilidad de que la sociedad civil ingresara directamente sus propuestas por medio de las INP. La idea era que sus creadores, amparados por el respaldo de firmas a sus proposiciones, pudieran exponer ante la Convención. Uno de ellos, Andrés Larraín, tuvo unos 10 minutos para responder 20 preguntas. “Eso no es participación ciudadana (que nos ganamos con 37 mil patrocinios)”, criticó vía Twitter.

Los datos de las iniciativas que se votaron por comisión muestran que Sistema Político fue el espacio que más propuestas votó: 57 iniciativas. Está seguida por Principios Constitucionales, con 44; Sistemas de Conocimiento, 38; Sistemas de Justicia y Derechos Fundamentales, con 26 iniciativas cada una; Medio Ambiente, 22; y finalmente Formas de Estado, con 15 inciativas votadas.

Si a las 1.272 normas ingresadas a la Convención se les restan las 228 que ya han sido discutidas, se llega a la cifra de 1.044 iniciativas que faltan por votar. Por una operación matemática simple, si se multiplican los 45 minutos que toma el proceso de deliberación y votación de las normas, por las 1.044 iniciativas restantes se obtiene que la eventual votación y deliberación en las comisiones podría tomar 783 horas. Son 97 horas en promedio por comisión.

Pero esa cifra oculta un profundo misterio. El cálculo no considera las votaciones en separado que pueden solicitar los integrantes de las comisiones. Tampoco considera el tiempo que podría tomar la votación de las indicaciones, que en algunos casos, como la Comisión de Formas de Estado, alcanzan las 727. De hecho, cuando se debatió el Reglamento hubo más de 1.100 indicaciones.

El debate por ampliar el plazo

La Mesa Directiva ha sostenido que la posición institucional es cumplir con el cronograma de trabajo de la Convención, que respeta los 12 meses de funcionamiento. Al respecto, Sepúlveda sostuvo que “estos plazos son acotados, pero esto es parte del cronograma general que la Convención ya presentó. Es un cronograma que no está en discusión. Sé que hay varias especulaciones sobre extensiones de plazo: eso no es una posibilidad, la Mesa no lo ha discutido y el llamado es ajustarse a este cronograma, respetarlo”.

En esa misma línea, agregó que “podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas posturas que se están tomando, pero en las votaciones en general van a ir decantando, los procesos de indicaciones van produciendo diferencias en los textos normativos”.

Una opinión distinta tiene el convencional y exvicepresidente adjunto Pedro Muñoz (Col. Socialista), quien llamó a la Mesa a solicitar un plazo de tres meses. “Dentro de la Convención es un secreto a voces que estamos constreñidos por los plazos. Yo invitaría a la mesa directiva a hacerse cargo del problema de los plazos, porque afecta indudablemente la calidad de la nueva Constitución”, comentó Muñoz.

“Hay un cansancio, nosotros estamos tratando de hacer lo máximo”, dijo la convencional Trinidad Castillo (Col. Socialista) en entrevista con PAUTA este domingo. “Pero también es importante este tiempo de deliberación, de consenso, de acuerdos, de diálogo, y eso amerita tiempo. Veamos cuánto se demoran los diputados y los senadores en hacer leyes, ¿cuánto se demoran en sacar una ley?”, se preguntó.

En tanto, desde la derecha sostienen que se deben respetar los plazos definidos en la reforma constitucional. Es el caso del convencional Rodrigo Álvarez (UDI), quien señaló que “estamos en un momento especialmente delicado, una Consulta Indígena, cientos de normas a analizar, el trabajo de las comisiones. Yo creo que la gente empieza a percibir lo que es el trabajo de esas comisiones […] es un momento especialmente complejo para la Convención”.

Agregó que para atender el problema, hay que seguir “trabajando, dedicándole todo el tiempo posible a la creación de normas que es un proceso sumamente complejo, probablemente revisando los cronogramas, en el sentido de mayor número de sesiones, etcétera, y sobre todo dedicando la Convención a la tarea que se debió haberse dedicado el primer día, redactar la nueva Constitución”.