Política

Salud: Convención Constitucional crea un sistema público, universal e integrado

Corresponderá "exclusivamente al Estado [...] la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas". Regresan a la comisión de Derechos Fundamentales dos normas referidas al rol de los privados.

La Convención Constitucional aprobó una serie de derechos sociales y creó un nuevo Sistema Nacional de Salud de carácter universal y público.

Agencia Uno / Pauta

Por Paul Follert y Ana María Sanhueza

Miércoles 20 de abril de 2022

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El Pleno de la Convención Constitucional votó las propuestas sobre Derechos Fundamentales referidas a vivienda, trabajo, seguridad social y salud. Fue justamente sobre esta última materia donde se aprobaron varios cambios respecto de la norma actual, como la creación de un Sistema Nacional de Salud que tendrá un "carácter universal, público e integrado, que se rige bajo algunos principios como equidad, solidaridad, interculturalidad y no discriminación".

Este sistema se financiará a través de las rentas generales de la nación. Y, añade la norma, será la ley la que podrá establecer "el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema". Asimismo, la ley determinará el órgano público que se encargará de la administración del conjunto de los fondos.  

También ingresó al borrador de nueva Constitución que la atención primaria será la base de este sistema y se "promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo".

Además, se establece que el "Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento". El derecho a la salud incluirá tanto la dimensión física como mental.

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¿Qué pasa con los privados?

El Pleno también aprobó el inciso donde se señala que corresponderá "exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas".

Además, rechazó dos incisos que se refieren al rol de los privados en este nuevo Sistema Nacional de Salud, los que volvieron a la comisión de Derechos Fundamentales para ser modificados.

El primero señala que "podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud".

El segundo establece que los "prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro" y que será la ley la que establezca los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento". 

Sobre las normas rechazadas, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, dijo que "está el tema del lucro, porque habemos muchos que queremos fin al lucro [...] que existan los privados, que no reciban plata del Estado, todo bien con ellos, pero que lo que se financie con fondos públicos esté integrado".

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Descartan acción monopólica

Sobre la serie de artículos de derechos sociales aprobados en el Pleno del martes 19 de abril, el coordinador de la Comisión, César Valenzuela (Col.Socialista), explicó que "se reconoce siempre la rectoría que tiene el Estado sobre el sistema, es decir, los deberes de fiscalización, de fijar normas comunes, mínimos que deben respetar los distintos actores del sistema".

Y agregó que el fortalecimiento del sector público "quiere decir que tiene un deber especial de provisión. ¿Significa que los sistemas públicos son igual a la acción monopólica del Estado? De ninguna forma, los privados van a seguir existiendo, van a poder seguir actuando, pero deben sujetarse a las reglas que estipule la Constitución y la ley".

En tanto, para el constituyente Ruggero Cozzi (RN) "la Convención hizo la tarea fácil, que era tener en la nueva Constitución el derecho a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y tantos otros derechos sociales que no podían no estar en la nueva Constitución. Pero la tarea difícil era establecer un diseño institucional responsable, viable financieramente. Se le está quitando a los chilenos el derecho a elegir entre prestadores públicos y prestadores privados, tanto en el área de la salud como en la seguridad social".

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