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Los flancos abiertos del proyecto inmobiliario de Fundamenta en Plaza Egaña

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Agencia Uno
POR Manuel Izquierdo |

Aunque la Corte Suprema falló a favor de la iniciativa que involucra una inversión de US$300 millones, todavía resta una resolución administrativa en respuesta a un recurso interpuesto por la Municipalidad de Ñuñoa. Desde el SEA, en tanto, insistieron en que “el proyecto está aprobado”.

El pasado miércoles 1 de marzo, por cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema dio luz verde al megaproyecto inmobiliario Eco Egaña Comunidad Sustentable, desarrollado por la inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa, en la intersección de las avenidas Américo Vespucio e Irarrázaval. 

En Radio Pauta revisamos la historia reciente de la iniciativa que podría tener un nuevo episodio en el plano administrativo.

El historial del proyecto de Fundamenta en Plaza Egaña 

En abril de 2022, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva), revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Esto llevó a la paralización de las obras, generando para la empresa perjuicios millonarios, de más de 400 mil UF.

En mayo, Fundamenta recurrió ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en contra de la resolución de la comisión metropolitana. El 14 de noviembre, la directora del SEA, Valentina Durán, acogió parcialmente la reclamación de la inmobiliaria.

Además, respecto al “efecto sombra”, una de las principales críticas al proyecto, el SEA concluyó que “los antecedentes presentados permiten descartar la afectación significativa en los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos urbanos, considerando la normativa urbanística”.

En tanto, en enero de 2023, la empresa pidió un préstamo de $3.500 millones de pesos por parte del Banco de Chile, lo que le permitiría retomar las obras próximamente.

A la espera de una nueva resolución administrativa

El gerente de arquitectura de Fundamenta, Alfredo Palominos, valoró el fallo de la Corte Suprema y comentó a Radio Pauta que se trata de un respaldo a todo el rubro de la construcción. “Ha sido muy llamativo la cantidad de personas que me han llamado, enviado mensajes, pero especialmente por la señal. Este un sector que veía con mucha preocupación lo que está pasando, las garantías jurídicas… Es un espaldarazo”, expresó. 

La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), ha sido detractora del proyecto desde el inicio e incluso presentó una reclamación en contra de la resolución del SEA, que calificó ambientalmente favorable la iniciativa. En conversación con Radio Pauta, aseveró que “lamentó profundamente el fallo. Estamos a la espera de la resolución del servicio por la solicitud de invalidación que realizamos hace unas semanas”.

Esto abre la posibilidad de que se invalide, en sede administrativa, la resolución favorable del proyecto en SEA. Sin embargo, desde el organismo plantean que esto se resolverá la próxima semana, y lo más probable es que se falle tal como lo hizo el máximo tribunal. “El proyecto está aprobado”, aseguraron.

A juicio de Palominos, la alcaldesa “está apelando a algo que ya no existe. Ella está muy enredada. La Suprema dice ‘yo zanjo retrotrayendo la sentencia del Tribunal Ambiental’ y si quiere suspender los trabajos, se lo debería pedir a la Corte Suprema”. Agregó que “se cerró el capítulo en tanto en cuanto a lo ambiental, la declaración de impacto ambiental es inapelable”.  

Rodrigo Benítez, abogado que representó a la inmobiliaria Fundamenta en el litigio con parte de los vecinos del sector, señaló a Radio Pauta que están muy contentos porque “el fallo otorga certeza jurídica al sector inmobiliario, cerrando la discusión sobre la legalidad del permiso ambiental del proyecto”. Planteó, además, que “esta certeza es muy necesaria para la reactivación económica y para la reactivación de empleo, tan necesario para el país”.

La sentencia de la Suprema dice que queda firme la autorización ambiental y que no hay posibilidad de ser impugnada nuevamente en ninguna otra sede. La empresa, en tanto, estudia acciones legales contra el Estado.

En esa línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, afirmó que “esperamos que estos daños sean compensados y que este caso sirva de ejemplo en cuanto a que los prejuicios políticos no deben tener lugar en el desarrollo de proyectos de inversión que cumplan con la ley definida por el propio Estado de Chile”.

El caso Fundamenta no es el único

El proyecto de Fundamenta en Plaza Egaña no es el único que ha vivido una accidentada tramitación en la institucionalidad ambiental. El martes 14 de febrero, la Coeva metropolitana rechazó el proyecto “Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales” (Cigri), de la empresa Ciclo S.A.

La iniciativa consideraba una inversión de US$85 millones en la comuna de Tiltil y contaba con el respaldo del SEA metropolitano. Sin embargo, no pasó la prueba, y fue desestimado por siete votos en contra y cinco a favor.

El gerente general de Ciclo, Damián Tomic, dijo a Radio Pauta que “con Fundamenta compartimos un aspecto fundamental. Es el hecho de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM, de este Gobierno, decidió rechazar ambos proyectos, pese a llegar a dicha instancia con la recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental”.

Agregó que “la consecuencia de esto para la imagen que proyecta Chile de cara a la inversión, tanto chilena como extranjera, que es nuestro caso -Ciclo es filial de la francesa Séché Group, presente en 15 países-, es evidentemente de falta de confiabilidad y consistencia entre las leyes y normas, y su aplicación por parte de las autoridades que tienen esa primera responsabilidad”.

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