De la autonomía a la falta del control: lo que reveló la crisis en la fiscalía de Rancagua

Académicos cuestionan cómo el Ministerio Público ha manejado las denuncias de Sergio Moya y hablan de falta de liderazgo.

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, fue designado la tarde del 23 de abril por el Consejo de Fiscales para realizar la investigación penal en contra de su par de la región de O’Higgins, Emiliano Arias, quien enfrenta cuatro denuncias presentadas la semana pasada por quien era su brazo derecho en el Ministerio Público en Rancagua, Sergio Moya.

La información la dio a conocer la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, luego de que terminara la reunión del Consejo de Fiscales, en la que participaron los 18 jefes regionales -incluido Arias- y que convocó el fiscal nacional Jorge Abbott.

Campos, quien además está cargo de las pesquisas por el millonario fraude en Carabineros, es el segundo fiscal que indagará a Arias. La arista administrativa, es decir el sumario interno que se abrió tras las denuncias de Moya, está desde el lunes 22 en manos del fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala.

Antes de que presentra su denuncia la semana pasada, Emiliano Arias y Sergio Moya tuvieron durante años una fluida relación, la que se gestó mucho antes de que ambos concidieran en Rancagua, el primero como fiscal regional jefe y, el segundo, como fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de O’higgins.

Eso, hasta que Moya lo denunció por cuatro hechos: posible obstrucción en la investigación contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Emilio Elgueta (Moya dijo que su reacción fue lenta y que tuvo que pedir la formalización del juez sin esperar la venia de su jefe); violación de secreto en un caso de traspaso de información desde la Fiscalía de O’Higgins en una causa que se indaga en Puerto Montt; presunta obstrucción en la causa del Teatro Municipal de Rancagua, y de haber favorecido en el proceso que se siguió en contra del síndico Herman Chadwick en Caval con un procedimiento abreviado que implicaba una pena más baja.

Tras la reunión con el Consejo Regional de Fiscales, Abbott les envió un correo en el que junto con informar el nombramiento de Campos, señaló que lo ocurrido esta tarde “demuestra que las leyes se están aplicando y que los mecanismos previstos en nuestra ley orgánica están en plena vigencia. Mientras la ley impere, todas nuestras acciones están plenamente justificadas y salvaguardadas”.

También señaló que “no es grato estar expuestos de esta manera ante la opinión pública y ante los demás organismos con los que trabajamos en el sistema de administración de justicia. Por ello creo imperioso que todos los funcionarios del Ministerio Público no pierdan de vista el contexto global de nuestro trabajo. Hay 19 Fiscalías Regionales cada una con sus sus equipos de trabajo, que están realizando su labor diaria de manera incansable, con alta vocación de servicio público y con total entrega”.

¿Hay insubordinación en la Fiscalía?

Lo que ocurre en la Región de O’Higgins podría transformarse en el reflejo de la crisis que enfrenta el Poder Judicial. Ello, luego de que tras pasar de una investigación de presuntos tráfico de influencias y pervaricación a tres jueces, hoy el foco esté em el quiebre al interior de la fiscalía zonal, donde el persecutor jefe Emiliano Arias será investigado por irregularidades administrativas y penales, entre ellas posible obstrucción a la investigación en dos casos.

Para los especialistas, las razones de lo que ocurre en el Ministerio Público tiene origen en la autonomía creciente entregada por el poder legislativo hasta la falta de control interno y liderazgo del fiscal nacional, Jorge Abbott.

Mauricio Duce, presidente ejecutivo de Espacio Público y parte del equipo que en 1996 diseñó la Reforma Procesal Penal, dijo en Primera Pauta que quienes cuestionan su autonomía excesiva hoy son “los que sistemáticamente han ido aprobando leyes en los últimos años que les han ido quitando a los jueces poderes de control”. Entre esas nuevas facultades menciona facilidades para solicitar medidas cautelares, limitar peso de jueces de garantía para decretar ilegales las detenciones y menos sistemas de control para medidas intrusivas, entre otras.

“Los sistemas de justicia criminal operan sobre la base de un equilibro de poder entre los distintos actores”, destaca, y “cuando se le mete mano a un actor, puede estar afectando ese equilibrio”.

Cristián Riego, profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, detecta en la crisis de Rancagua otro síntoma del mal funcionamiento de la Fiscalía de Rancagua, donde se aprecia que el fiscal Sergio Moya decide investigar a su superior en vez de haber respetado la jerarquía y haberlo informado de forma oportuna al fiscal nacional Abbott. “Lo que hizo Moya es impropio, una insubordinación. Un subalterno no debe denunciar a su superior en estos términos y las decisiones del superior jerárquico debe obedecerlas. Si él tiene un reclamo, tiene que hacerlo saber al fiscal nacional”, dijo en diálogo con Pauta Final.

Mauricio Duce expresa además sus reparos cuando los fiscales a nivel general adquieren mucho protagonismo mediático. Aunque no cree que ser un “rockstar” propiamente tal pueda ser un problema, puede serlo -dice- cuando “cruza la línea” y la persecución penal se empieza a orientar solamente por razones de opinión pública.

Duce nota un vacío de presencia del fiscal nacional Jorge Abbott en medio de la crisis. “En este espacio vacío se escucha una disputa entre dos fiscales, muy enredada, y eso pareciera ser la voz del Ministerio Público y me complica que esa sea la voz que se escucha”, insistió.

Escuche a continuación la entrevista a Mauricio Duce en Primera Pauta:

¿Hay crisis institucional?

La académica de Derecho de la Universidad de Chile Pía Tavolari señala que el Ministerio Público, por disposición legal, es un organismo autónomo, “lo que significa que lo es en relación con los otros poderes del Estado, como el Poder Judicial y en el poder político”.

Sin embargo, señala que un problema es que esta autonomía se ha malentendido “en la medida en que los fiscales, como individuos, han asumido roles de connotación pública”. Y añade: “El Ministerio Público no puede perder nunca de vista que es un órgano jerarquizado divivido en fiscalías regionales, pero siempre es un órgano. Entonces, si uno pudiera cotejarlo con la antigua figura del juez del crimen, que era el que investigaba, juzgaba y sancionaba, podemos ver la gran diferencia que existe con los fiscales”.

Pía Tavolari explica que los antiguos jueces del crimen (que operaban hasta que se implementó la reforma procesal penal), aunque investigaban al igual que hoy lo hacen los fiscales, “eran una figura de la que apenas se sabía el nombre. Mientras actualmente el fiscal, principalmente por los medios, y por la independencia de su propio cargo, ha tenido una connotación mediática que daña mucho el sistema”.

Añade que este daño al sistema se produce porque una de las funciones princiaples que tienen los fiscales no es solo dirigir la investigación, sino que también acreditar la inocencia de las personas. “Entonces, cuando un fiscal aparece dando entrevistas antes de que se inicie un juicio y cuando está recién recogiendo la prueba, es evidente que una de las dos personas, sea quien acusa o el imputado, se puede sentir incómodo, y pensar que no se está resguardando la objetividad con la que tiene que actuar el Ministerio Púiblico”.

Ante la pregunta si el caso de Moya versus Arias refleja una crisis institucional, Tavolari dice que se trata de una disputa particular que requiere mucho más diagóstico. “Primero, que hay esperar a que se resuelva el conflicto de los fiscales en Rancagua y determinar qué fue lo que pasó para ver cuál es el mecanismo de control”.

“Creo que aquí la institución dentro está funcionando, pero más lento. Uno habría esperado que la Fiscalía Nacional actuara en un primer minuto”, puntualiza.