Los perfiles de los nueve candidatos para liderar la Fiscalía Oriente

El próximo jueves 12 de agosto, los plenos de las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel escucharán vía telemática las exposiciones de los nueve postulantes -seis hombres y tres mujeres- que concursan para el cargo de fiscal regional de la zona metropolitana oriente en reemplazo de Manuel Guerra, quien renunció el 1 de agosto pasado.

La Fiscalía Metropolitana Oriente tiene a cargo nueve comunas: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Ñuñoa, Macul, Peñalolén y La Florida. De acuerdo con el último informe de la Fiscalía, comparando los delitos a mayo de 2021 con los acumulados a mayor de 2020, los portonazos disminuyeron 54%, mientras que los robos lo hicieron en 48%.

El concurso se cerró el lunes 2 de agosto y de todos los postulantes ocho son candidatos internos; es decir, son parte del Ministerio Público, y solo uno es externo: el abogado penalista Francisco Cox.

En tanto, entre los postulantes internos, hay tres integrantes de la Fiscalía Oriente: el jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, Lorena Parra y Álvaro Pérez, fiscales jefe de Las Condes y Ñuñoa, respectivamente. También concursan el fiscal adjunto de Delitos Violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Patricio Pérez Rojas; la directora ejecutiva regional de la Fiscalía Occidente, Rocío Berríos, y Hernán Ferrera Leiva, abogado de la unidad de recursos procesales y jurisprudencia de la Fiscalía Nacional.

Además, hay dos concursantes que tienen cargos estratégicos en la Fiscalía Nacional: el gerente general de la División de Estudios, Rolando Melo, y la jefa de la Unidad de Derechos Humanos, Ymay Ortíz.

Una vez que los plenos de ambas cortes escuchen los planteamientos de los abogados, elaborarán una terna que luego será enviada al fiscal nacional, Jorge Abbott, quien finalmente elegirá al sucesor de Manuel Guerra para un puesto que dura ocho años.

Actualmente, de los 19 fiscales regionales del país, solo cuatro son mujeres: Claudia Perivancich, de Valparaíso; Nayalet Mansilla, de Ñuble, Marcela Cartagena del BioBío y Carmen Gloria Wittwer, de Los Lagos.

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Francisco Cox es el único abogado externo que postula al cargo y, como tal, ha sido contraparte en algunas causas con la Fiscalía Oriente, entre ellos el caso Penta, en el que defendió al exsenador de la UDI Jovino Novoa, quien fue condenado por delito tributario.

El penalista ha llevado varias causas de connotación pública: representó a la jueza Karen Atala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); defendió a la exministra de Educación Marcela Cubillos -hoy convencional constituyente- de la acusación constitucional en su contra y  fue querellante en el juicio contra María Pilar Pérez.

Cox trabajó en el programa de Justicia Internacional de Human Rights Watchs y en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA lo designó como uno de los cinco expertos internacionales para investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, en México, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014. Además, en 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo nombró como uno de los tres expertos en la misión especial de investigación en Venezuela en cuyo informe se constataron violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Nicolás Maduro.

Actualmente es socio del estudio BCP, junto con los abogados Matías Balmaceda y Juan Ignacio Piña, exsubsecretario de Justicia y ministro (s) de la misma cartera y expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

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De los ocho postulantes, cuatro son fiscales de terreno. De ellos, tres son de la Fiscalía Oriente -Felipe Sepúlveda, Lorena Parra, Álvaro Pérez- y uno de la Metropolitana Sur: Patricio Pérez Rojas.

Sepúlveda es jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente y asumió el cargo en 2018, tras la renuncia de Carlos Gajardo, quien investigó el caso Penta. Su carrera la comenzó en Rancagua y también ha sido fiscal jefe de Macul, Peñalolén y Ñuñoa.

Ha tenido varias causas de connotación pública y actualmente está a cargo de la investigación tras la denuncia por el delito de apropiación indebida por tercera dosis contra el covid-19 que recibió el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil.

Lorena Parra, fiscal jefe de Las Condes, trabajó en el caso Penta junto con Gajardo y Pablo Norambuena, quien también renunció al Ministerio Público en 2018.

Es especialista en delitos sexuales y, entre los casos que investigó, se encuentra el proceso por abuso sexual reiterado contra el sacerdote John O’Reilly, quien fue condenado en 2014 a cuatro años de libertad vigilada. En cambio, el caso del Jardín Hijitus, el imputado fue absuelto.

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El fiscal Álvaro Pérez, en tanto, ha trabajado en análisis criminal y, además, estuvo en la unidad dedicada a investigar portonazos en la Fiscalía Oriente. Pero desde 2019 se ha concentrado en causas derivadas del estallido social del 18 de octubre de ese año. Una de ellas fue el incendio a la Universidad Pedro de Valdivia, donde logró la condena de cinco años de presidio efectivo a su autor. A la vez, indaga el caso por denuncias de torturas de parte de un carabinero en una manifestación en Plaza Ñuñoa.

Patricio Pérez es el único postulante que es de la Fiscalía Metropolitana Sur, donde es fiscal adjunto de Delitos Violentos desde 2005, año en que comenzó a operar a nivel nacional la Reforma Procesal Penal. Fue carabinero y renunció para entrar el Ministerio Público. Es experto en homicidios y la zona donde trabaja es la que concentra este tipo de delitos: en el área metropolitana sur hay, en promedio, 10 homicidios semanales y el 70% de ellos está relacionado con ajustes de cuentas.

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En el grupo, además, hay otros dos abogados. Rocío Berríos fue jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público y hoy es directora ejecutiva de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que encabeza el fiscal José Pérez Calaf.

En septiembre de 2019, Berríos también postuló para ser fiscal regional de Los Lagos, concurso en que fue electa Carmen Gloria Wittwer.

Hernán Ferrera Leiva es parte de la Unidad de Recursos Procesales y jurisprudencia de la Fiscalía Nacional, un rol que implica que representa al Ministerio Público usualmente ante las cortes de apelaciones y la Corte Suprema.

En el caso de la abogada Ymay Ortíz, como jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, su trabajo se concentraba hasta antes del 18 de octubre en causas de violencia de género y femicidios. Pero ahora se ha enfocado en las denuncias por causas de derechos humanos relacionadas con el estallido social.

Rolando Melo, en tanto, antes de ser gerente general de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, fue director de Sename: lo nombró el exministro de Justicia, Felipe Bulnes. Anteriormente tuvo una carrera de 10 años como fiscal y se especializó en causa de lavado de activos.

Melo postuló en su momento a la Fiscalía Regional de Los Lagos, quedó en la terna de seleccionados para el cargo de Defensor Nacional Público. Sin embargo, en junio el Ministerio de Justicia declaró el concurso desierto.