A partir de la entrega del informe final el 29 de mayo de la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, comenzó la cuenta regresiva para los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elegueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez. En su contra se establecieron nueve hechos por faltas relativas a incumplimiento de obligaciones funcionarias y que comprometen el principio de probidad. Maggi no solo les aplicó la sanción administrativa máxima para casos de irregularidades, es decir, la suspensión de sus cargos por cuatro meses, sino que también sugirió al Pleno del máximo tribunal abrir un cuaderno de remoción con miras a su expulsión del Poder Judicial.
Esta última sugerencia (abrir un expediente de remoción) está contemplada en el artículo 80 de la Constitución, inciso tercero, el mismo que invocó un grupo de supremos liderados por Sergio Muñoz en el polémico Pleno del 17 de abril pasado, en el que la moción se rechazó por nueve contra contra ocho. Entonces, la mayoría de los ministros consideró que había que esperar que Maggi culminara su sumario.
Ahora, tras las fuertes sanciones contra los ministros de Rancagua -que fueron informadas por el vocero, Lamberto Cisternas- existen instancias de apelación. Así, después de la notificación del informe de Maggi, hay un plazo de tres días para que las defensas -si deciden apelar- pidan alegatos públicos. Luego de eso el Pleno de la Suprema puede fijar una audiencia para analizar la causa, que podría desarrollarse dentro de dos semanas. Y tras ello, tienen cinco días para resolver.
Otro escenario posible es que los ministros cuestionados presenten su renuncia.
En todo caso, la señal de que la situación de Elgueta, Albornoz y Vásquez es más que complicada, ya se dio en la cita del 17 de abril. Esa vez, de los ocho ministros que estaban por la expulsión, cinco (Muñoz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado, Ángela Vivanco y Carlos Áranguiz) expresaron una prevención en el acta del ese Pleno: "[...] Los hechos investigados en la actualidad por la ministra en visita extraordinaria señora Maggi, revelan que es necesario abrir este expediente, por constituir hechos de extrema gravedad, tanto por su entidad, como por su carácter excepcional respecto de los jueces de Chile. Estas conductas tienen que hacernos reaccionar y hacerlo a tiempo, entregando un claro mensaje a la comunidad, por ser los tribunales quienes tienen la función de proteger la probidad, ética y dignidad de los magistrados de nuestro país, con mayor razón el máximo tribunal ordinario del Estado, de cara a la ciudadanía y con plena transparencia".
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Emilio Elgueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez se mantienen suspendidos de su cargo.
Los nueve cargos contra los jueces
De acuerdo con el informe de la ministra Maggi, nueve son los hechos que comprometenen a los tres jueces de Rancagua. De ellos, cinco se le atribuyen a Elgueta, tres a Vásquez y uno a Albornoz.
Un personaje que cruza las acusaciones de los magistrados es el médico siquiatra de Rancagua Luis Arenas Contreras, quien en abril de 2018 fue condenado en un juicio abreviado por tráfico de sicotrópicos. Los cuatro eran cercanos y además miembros de la logia masónica "Jorge Washington" Nº 56 de Rancagua, de la que fueron expulsados el 31 de marzo a raíz de la crisis que se desató en la Corte de Apelaciones.
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En el caso de Elgueta, la jueza Maggi determinó que intervino en un recurso de protección de Luis Arenas y le entregó información de la causa; que se comunicó con abogados y partes litigantes en siete casos; que pidió al fiscal regional de O'Higgins designar en un puesto de trabajo a su excónyuge y a una alumna; de exigir la designación de una alumna en un puesto en el Primer Juzgado Civil de Rancagua a través de presiones y, además, de haber requerido y aceptado $1.000.000 de parte del juez de Garantía Gianni Libretti.
En cuanto a Vásquez, la magistrada instructora estableció que "es responsable de irregularidades por haber dictado el nombramiento de su hija [Karla Vásquez Valenzuela] como consejera técnico suplente; haber prestado consejo a Luis Arenas Contreras, a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar, y por haber modificado –en su calidad de presidente del tribunal de alzada- la integración de una sala de la Corte de Apelaciones sin justificación ni motivo legal".
A Albornoz se le incluye por solicitar al imputado Luis Arenas $1.500.000 mientras este se encontraba incumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva.
Absoluciones y sobreseimientos
En el mismo informe, Maggi decidió sobreseer a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Carlos Farías (hoy en la Corte de San Miguel), Ricardo Pairicán, Emilio Elgueta y Michel González; la jefa del departamento de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa, Andreína Olmo, y a la funcionaria de la Zonal Rancagua Claudia Fuenzalida en el caso del nombramiento de Karla Vásquez.
El nombre de Pairicán surgió en el caso luego de que, cuando se vio en la Corte de Rancagua el sobreseimiento de Sebastián Dávalos por el caso Caval en enero de 2018, el juez fuera sacado sin justificación de la sala que integraba y reemplazado por Marcelo Vásquez.
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También sobreseyó al juez Gianni Libretti por la transferencia de dinero a Elgueta, y también al secretario de la Corte de Rancagua Hernán González Muñoz.
Asimismo, absolvió parcialmente a Elgueta del cargo "relacionado con recepción de dineros" y lo sobreseyó del depósito en dinero en efectivo.
En el caso de de Marcelo Vázquez, lo absolvió del cargo por el nombramiento de Alejandra Prado Avendaño.
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