La incómoda instalación de Cencosud en la agenda de La Moneda

El Ejecutivo prepara una indicación “antiabusos” para las empresas que busquen acogerse a la Ley de Protección del Empleo y repartan sus utilidades.

El tema fue comentario obligado en la reunión que sostiene el Presidente Sebastián Piñera con sus ministros más cercanos los lunes a primera hora y también, un rato después en el Comité Político Ampliado que se realiza a cada inicio de semana en La Moneda. El caso de Cencosud molestó en el Gobierno y en particular, al Mandatario. No lo escondió e incluso en medio del anuncio del pago del Bono Invierno hizo un llamado al mundo privado, apuntando a la polémica que abrió esta empresa. 

La situación del conglomerado de Horst Paulmann -que acordó repartir cerca del 80% de sus dividendos de 2019, pero también se acogió la Ley de Protección del Empleo a través de su filial Paris- puso en un escenario incómodo al Ejecutivo justo en medio de la discusión en el Congreso por los ajustes del uso excepcional del fondo de cesantía. Según la ley, las sociedades anónimas están obligadas a distribuir al menos el 30% de las utilidades.

“Es un problema de qué señales se está dando”, dicen en La Moneda.

De ahí que primero fuera el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien partió el día calificando como “inentendible” tanto para la ciudadanía como para el Gobierno que al mismo tiempo una empresa que se acoge a la Ley de Protección de Empleo, reparta sus dividendos más allá del piso del 30%. En conversación con Emol TV, el titular de Teatinos 120 apuntó a la discusión que se levantó en torno a la confianza: “Señales como estas no contribuyen en esa dirección”, dijo. 

Luego fue la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien señaló que esta ley “debe usarse como corresponde y solamente por parte de empresas que realmente se vean afectadas”.

Sin embargo, la señal de la molestia siguió hasta el propio Presidente, quien en pleno Patio de Los Naranjos realizó una petición, más bien tres, “a distintos grupos” de la sociedad. Partió por amplio llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, a no caer en falsos “triunfalismos” y cerró con una solicitud al Congreso para aprobar el proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia, pero el segundo mensaje fue directo al sector privado. 

“Quiero hacer un llamado a los empresarios a proteger los empleos y a proteger la salud de sus trabajadores como primera prioridad y, también, proteger las condiciones de trabajo y poner por delante la salud y los empleos de los trabajadores por encima de otros objetivos como son, por ejemplo, el pago de dividendos”, señaló Piñera.

¿A la justicia?

Mientras el Presidente terminaba su actividad, en paralelo, en el Comité Político Ampliado, Evópoli -partido del ministro Briones- pidió medidas al Gobierno para que “esto no se repita”. Algo similar se escuchó desde la UDI. “Es un mal precedente sobre la idea matriz de esta ley”, fue la frase que se repitió en la cita. 

“Este hecho afecta la confianza pública y tuerce el espíritu de la ley […] emplazamos al sector privado y a los gremios empresariales para rechazar esta acción y para que no se repita”, señaló el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte.

A esa misma hora, desde Cencosud explicaban a través de una declaración pública que sus resultados y dividendos corresponden al desempeño de las sociedades en los cinco países y que solo 7.731 de sus trabajadores, que se encuentran contratados por filiales de Cencosud S.A. (son más de 53 mil en Chile) “se acogieron voluntariamente a la Ley de Protección de Empleo […] Ninguna de estas filiales ha distribuido dividendos”, dice el texto firmado por Matías Videla, gerente general de la empresa. 

Pero la aclaración del holding de Paulmann poco sirvió para calmar los ánimos. A esa altura el Gobierno ya buscaba una fórmula para mejorar la ley e incluso aseguraban que la situación podía escalar. 

De hecho, por la tarde la ministra Zaldívar detalló en el Congreso que será la Dirección del Trabajo la que “deberá poner los antecedentes ante los tribunales de Justicia” para revisar este caso y ver si se cumplieron los requisitos. “Nosotros vamos a preocuparnos que así sea, y será en la sede judicial donde se formulen los descargos”, agregó.

Además, el Ejecutivo se abrió a revisar una indicación para la ley corta que busca ajustar la Ley de Protección del Empleo: esto es que, a partir del próximo mes, las empresas que quieran repartir utilidades legales no puedan acogerse más allá del 10% de la planilla de empleados. 

Déjà vu

En La Moneda esta discusión trajo a la memoria la polémica que se levantó con el alza en los planes de isapres los primeros días de abril y que el propio Presidente debió zanjar. Esto porque, según las mismas fuentes, se recordó la advertencia que se les hizo a las aseguradoras privadas en ese minuto, por la pertinencia del aumento en plena pandemia, que igual fue anunciado. Finalmente, tras las tratativas del ministro de Salud, Jaime Mañalich y del propio Mandatario, el incremento en los precios de los planes quedó congelado hasta noviembre.

En este caso, la discusión sobre los dividendos e incluso sobre la dieta de los directores sí estaba sobre la mesa desde hace algunas semanas. Ya había resquemor, de algunos sectores y en especial de la oposición, sobre que las grandes empresas pudiesen sumarse la Ley de Protección del Empleo y activar el seguro de cesantía de manera excepcional. De hecho, en medio de la ley corta que se está discutiendo en el Congreso, el Gobierno tuvo que aclarar en más de una oportunidad que solo el 3% de las 66 mil compañías que han usado la ley son grandes firmas.

Pero la oposición insistió en su punto y en la Comisión Mixta que revisa esta normativa, impuso nuevos criterios y limitaciones para acogerse a esta ley: como impedir su uso a las empresas que mantengan capitales o empresas relacionadas en “paraísos fiscales”, y prohibir precisamente que repartan dividendos durante el tiempo en que los contratos laborales estén suspendidos.

La duda sobre “el abuso” de la norma ya estaba, dicen, en el Gobierno. Pero la señal de Cencosud solo ayudó gatillar la polémica. De hecho, se suma otro factor comunicacional externo y en La Moneda, según las mismas fuentes, lo advierten: es que el exministro de Hacienda Felipe Larraín se haya convertido en director de ese holding, justo en medio de la pandemia. “No ayuda mucho”, comentan en el Palacio de Gobierno.  

La discusión no se ve nada de fácil. Este martes a las 9:30 horas el debate continuará en la Comisión Mixta, donde derechamente se habló de incluir un artículo “antiabusos” luego de lo que pasó con Cencosud. En la oposición mantendrán su punto, incluso con la idea que pueda ser retroactiva, pero mucho dependerá de qué tan abierto esté el Ejecutivo para “castigar” a las empresas que ya hayan usado la ley.

De hecho, de la indicación final que ingrese el Ejecutivo depende si hay reserva de Constitución o no, pues el diputado de la UDI Patricio Melero advirtió el uso de esa herramienta en caso de que la indicación de la oposición quedara tal cual en el texto final.