Actualidad

El puzle de la agenda humanitaria del Gobierno

Imagen principal
POR Gladys Pierola |

Tras la victoria del Gobierno ante el TC por el proyecto de indultos conmutativos, el ministro de Justicia pidió a los diputados oficialistas retirar su nuevo requerimiento. “Tiene que continuar”, desafió Mario Desbordes.

Tras la derrota en el Tribunal Constitucional (TC) del requerimiento de 11 senadores de Chile Vamos para declarar inconstitucional el proyecto de ley de Indulto Conmutativo, el Gobierno intentó darse un respiro en un conflicto con su coalición. No lo tendrá: la UDI, Evópoli y RN resolvieron que no retirarán de trámite su nuevo requerimiento ingresado este mismo lunes por diputados oficialistas ante el TC, confirmaron a PAUTA parlamentarios de Renovación Nacional. 

Con ello, la polémica política que tensiona a Chile Vamos tiene para largo justo en medio de la pandemia del Covid-19.

La agenda humanitaria

El tema de indultos y penas conmutadas tiene dos dimensiones.

Por un lado está el proyecto de ley específico (“Ley Humanitaria”) que incluye a condenados por delitos graves que, estando en condiciones de salud muy deterioradas, puedan pasar los últimos días de sus vidas fuera de la cárcel. Por el otro lado está la norma de Indultos Conmutativos, que ha protagonizado el debate público dentro de Chile Vamos: el Gobierno defiende que esa iniciativa, ya despachada por el Congreso, permitirá dejar en arresto domiciliario a unos 1.300 internos condenados por delitos menos graves como parte de una solución sanitaria en medio de la pandemia, pero parte de Chile Vamos exige que allí se incluya a condenados por crímenes más graves cuya salud amerite una acción “humanitaria”.

Es el destino de la ley de Indulto Conmutativo el punto nervioso de la actual polémica.

La discusión tiene tensionadas las relaciones entre Chile Vamos y el Gobierno. Ha unido, además, a los presidentes de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y de RN, Mario Desbordes, contra la postura que defiende el ministro de Justicia, Hernán Larraín (extimonel de la UDI).

De hecho, todo se tradujo no en uno, sino en dos requerimientos ante el TC por parte de los legisladores de derecha: ya estaba el requerimiento de los senadores, y este lunes un grupo de diputados oficialistas llegó hasta la instancia liderada por María Luisa Brahm para reclamar lo mismo: la “discriminación arbitraria” de cierto grupo de riesgo -entre ellos varios residentes de Punta Peuco- que quedaron fuera del veto presidencial y de la ley de Indulto Conmutativo.

La decisión del Tribunal Constitucional

Todo este debate quedó intermediado por el TC. El lunes 13 de abril por la noche, la entidad entregó el veredicto respecto del requerimiento de los senadores: fue un rechazo por mayoría de votos.

En una declaración a los medios, el ministro Hernán Larraín aplaudió la resolución del Tribunal Constitucional: “Esto nos alivia. No solo porque teníamos razón, porque fundamentalmente cientos de personas que hoy están privadas de libertad y son población de riesgo van a quedar en arresto domiciliario”.

Sin embargo, queda el otro paso: la petición de los diputados.

“Esta situación, creo, obliga en conciencia a quienes han presentado un segundo requerimiento a que lo retiren para que no sigamos postergando un indulto que es necesario ahora”, clamó el ministro Larraín. 

Pero el llamado del titular de Justicia, en primera instancia, no tuvo eco. Por el contrario, los parlamentarios insisten en su jugada. 

“Yo tendría cuidado de hablar de conciencia, porque si se trata de eso y de tomar realmente a conciencia, debió haberse hecho un proyecto mucho más amplio”, respondió Mario Desbordes al ministro. “El requerimiento tiene que continuar, el TC ha actuado bastante rápido. No veo razón para retirarlo”, agregó Desbordes en conversación con PAUTA.

“Mantendremos el recurso ya presentado”, confirmó a este medio el diputado Luis Pardo (RN), uno de los coordinadores del segundo requerimiento. “Contiene elementos relevantes distintos al de los senadores, como los tratados internacionales de protección de los adultos mayores, entre otros, y esperamos que el Tribunal Constitucional lo analice y considere. No hay razones para retirarlo”, planteó. 

Mientras la senda del indulto conmutativo riega de conflictos al oficialismo, la agenda “humanitaria” tiene otros flancos.

La frustración del ministro

A la misma hora que el Tribunal Constitucional comenzaba a escuchar los alegatos del primer requerimiento contra la ley de Indulto Conmutativo por Covid-19, la Comisión de Derechos Humanos del Senado terminaba la discusión vía videoconferencia y rechazaba la idea de legislar el proyecto de “Ley Humanitaria”. Por tres votos opositores contra dos oficialistas se le dio el primer portazo legislativo a la iniciativa.

Eran las 14.00 horas, y en ambas instancias la polémica se centraba en el mismo punto aunque con distinta intensidad: si los condendados por delitos de lesa humanidad -varios de ellos en la población de riesgo- debían acceder o no a algún tipo de beneficio ante la crisis sanitaria.

La tramitación de la “Ley Humanitaria” corresponde a la materialización de una promesa de campaña del Presidente Sebastián Piñera. El Ejecutivo le puso discusión inmediata en medio de la polémica. Parecía ser una buena señal para el sector de la derecha que recurrió ante el TC, pues sí abría la puerta para esos casos excluidos en el indulto conmutativo: apunta a que los condenados por cualquier delito que tengan 75 años o más, padezcan una enfermedad terminal o tengan un menoscabo físico grave e irrecuperable, y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario.

Sin embargo, en la práctica, la propuesta tal como está tiene pocas chances de avanzar en el Congreso y tanto en Chile Vamos como en el Ejecutivo lo saben. En la oposición hay más reparos que apoyos. De hecho, así se lo hicieron saber al ministro de Justicia este lunes.

“Cuando se trata de  cosas de esta profundidad humana no es el caso entrar a distinguir por el tipo del delito […] la lógica que hay detrás de este rechazo es muy similar a la lógica que tuvieron algunos senadores para rechazar el indulto conmutativo”, dijo el ministro Larraín, algo frustrado, tras escuchar a los parlamentarios opositores. 

Y ejemplificó: “Porque este indulto conmutativo no incluye [a los condenados de Punta Peuco], ‘no se lo damos a nadie’… Ahora estamos viendo lo mismo, pero al inverso: porque los incluye, ‘no se lo damos a nadie'”, interpretó Larraín.

El timing del debate

Junto con los subsecretarios de Justicia, Sebastián Valenzuela, y de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, el ministro intentó explicar que esto era mucho más amplio que los condenados por lesa humanidad y que estaba en línea con las discusiones internacionales en esta materia. 

Pero no fue suficiente. Si en algún momento hubo espacio para discutir esta propuesta, hoy no está y una de la razones, dicen en la oposición, es el timing de la discusión, que ellos aparezcan en medio de la crisis por coronavirus avalando el indulto a violadores de derechos humanos. Menos, explican algunos parlamentarios, cuando varios de los condenados en Punta Peuco tienen “mejores condiciones” que una cárcel normal. 

“Si queremos debatirlo, hagámoslo, pero no en estas condiciones […] no recogerlo en un subterfugio”, dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).  

Además, comentan algunos parlamentarios, que si los ánimos no estaban, la noticia de que la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rebajó penas a 17 condenados por violaciones de Derechos Humanos, tampoco ayudó. 

“Este proyecto no es necesario. Es un guiño político a los sectores duros del pinochetismo que hace mucho tiempo quieren dar señales de impunidad y de liberar a esos presos. Si el Presidente los quiere liberar, él tiene la facultad del indulto, que él asuma la responsabilidad de indultar a los violadores de derechos humanos, pero que no nos haga responsables o corresponsables a los parlamentarios”, señaló el senador y presidente de la Comisión de DD.HH., Juan Ignacio Latorre (RD). 

Sin embargo, el Ejecutivo intentará avanzar de nuevo con el proyecto. Este martes en la mañana la “Ley Humanitaria” será revisada por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, lo que tampoco parece un escenario fácil para Larraín. 

Contra reloj 

En el Gobierno no se cansan en repetir que están contra reloj: que mientras más demoran estas definiciones y, en especial, la discusión en el TC, los perjudicados son cerca de 1.300 personas de riesgo que podrían conmutar sus condenas por arrestro domiciliario. De hecho, en medio del debate, desde la cartera de Justicia dieron a conocer un sitio con registro en línea de los gendarmes y de los presos contagiados con Covid-19, el que hasta este 13 de abril a las 8:30 horas contabilizaba 59 funcionarios y 24 personas privadas de libertad con coronavirus.

La discusión también llegó hasta el tradicional Comité Político de los lunes en La Moneda, que ahora es mitad virtual. En la cita, según algunos de sus participantes, el senador y jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, insistió en que el Gobierno debía hacer un gesto más en la materia, y el Presidente debía “apurar” la decisión de eventuales indultos.

Aunque en Palacio insisten en que “no hay un cronograma” para conocer si el Mandatario hará indultos particulares motivados por la emergencia sanitaria, sí hay algunas fuentes que reconocen que mucho depende del futuro de la “Ley Humanitaria”. Es decir, que si realmente no logra avanzar en el Congreso, en ese momento se revisarían caso a caso las solicitudes. Bajo la lupa habría 14 casos susceptibles y, de ellos, seis cumplen condena por delitos contra los derechos humanos.

“Espero que el Presidente entregue indultos […] gana en humanidad y puede recuperar a mucha gente que se alejó del Gobierno”, explicó Moreira durante el día. Emplazó al Mandatario a “asumir su responsabilidad política”, aunque no cuente con el apoyo de la oposición.