Van Rysselberghe y Desbordes unidos contra Hernán Larraín

Tensión en el oficialismo. “La gestión del ministro de Justicia ha sido bastante negativa”, dice el presidente de RN. “Es doloroso e impresentable”, agrega su par de la UDI.

“Yo creo que acá se equivocó el Gobierno y se equivocó el ministro Hernán Larraín“. Ese fue el diagnóstico que realizó la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, minutos después que se hiciera oficial la decisión del Gobierno por medio de uno de los personeros históricos de su tienda, el titular de Justicia: enviar un veto aditivo para salvar el proyecto de ley de indulto conmutativo por Covid-19, y reponer dos articulados claves de la propuesta, los mismos que el martes 31 quedaron fuera por no contar con el apoyo del oficialismo en la Cámara de Diputados.

El proyecto busca sustituir el saldo de penas por reclusión domiciliaria total para reos de baja peligrosidad que sean mayores de 75 años; hombres entre 60 y 75 años; mujeres entre 55 y 75 años, y mujeres embarazadas o que tuviesen hijos de menos de dos años de edad. Sin embargo, quedaron excluidos los sentenciados por delitos de mayor conotación, entre ellos, los condenados por lesa humanidad. 

De ahí que el tema se convirtiera en un dolor de cabeza para La Moneda y, en particular, para el titular de Justicia (expresidente de la UDI entre 2015 y 2017), pues en Chile Vamos acusaron discriminación especialmente para parte de los reos que están en Punta Peuco y que son adultos mayores.

Van Rysselberghe y Desbordes al unísono

“Eso es doloroso e impresentable en nuestro Gobierno […] Nadie estaba pidiendo que aquellas personas que habían sido acusadas como autores de delitos de lesa humanidad pudiesen hacer uso de ese beneficio. Solo estábamos pidiendo [incluir] personas que en el año 1973 que no tenían mando […] Es doloroso que el Gobierno haya avalado esta discriminación que se dio en esta ley”, señaló la timonel de la UDI a PAUTA. 

Las gestiones fueron varias. Hubo advertencias directas al Presidente Sebastián Piñera y también conversaciones de él con los titulares de los partidos hasta último minuto para contener las críticas. Fueron tratativas durante semanas para revertir la situación y, además, indicaciones -como la de RN- en medio del trámite legislativo que no lograron ver la luz. De hecho, desde el partido que lidera Mario Desbordes acusan que parte de esas diligencias no prosperaron por lo que llamaron el “bloqueo” de Larraín.

“Se equivoca el ministro de Justicia con el camino que tomó y su insistencia hizo que no se pudiera avanzar en una alternativa distinta. Lo lamento muchísimo. El ministro Larraín ha priorizado la relación con la oposición a la relación con su propio sector con un proyecto que de humanitario no tiene nada”, dijo a este medio el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes.

Sin embargo, la polémica subió un tono más cuando un grupo de senadores oficialistas decidieron recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) con un requerimiento para pedir “igualdad ante la ley”, pues según ellos todos los mayores de 75 años son parte de la población de riesgo del coronavirus independientemente del penal en que esté cumpliendo la sentencia. Es una estrategia de presión que fue resentida por el Gobierno y que incluso llevó a que Larraín apelara “al sentimiento humanitario” de quienes presentaron el recurso.

“Esperamos que ese requerimiento sea retirado, no solo porque no tiene visos de prosperar, sino porque causa una grave dilación en el tiempo para resolver la situación de personas que hoy necesitan estar fuera de la zona de riesgo”, advirtió el ministro.

Pero la respuesta vino desde su propio partido, donde insisten que seguirán ese camino. “Me duele profundamente que mi Gobierno haya caído en ese tipo de discriminación. Por eso, vamos a conversar entre nosotros, pero la intención nuestra es mantener el requerimiento ante el TC”, dijo Van Rysselberghe. 

Una señal insuficiente

Las negociaciones que se dieron en las últimas 24 horas en La Moneda no fueron suficientes para calmar los ánimos internos. Tras analizar los distintos escenarios junto al Mandatario y los titulares del Interior, Gonzalo Blumel, y de la Segpres, Felipe Ward, Larraín anunció el veto y dos medidas extras: la discusión inmediata del proyecto de “ley humanitaria” que desde diciembre de 2018 está en el Senado y que bajo ciertas condiciones sí podría abrir la puerta a los reos que están en Punta Peuco y la reevaluación de los indultos presidenciales.

“Esto ayuda también a ir despejando inquietudes respecto de personas que están en una situación gravísima y que podrían no estar incorporada en esta ley de indulto”, explicó Larraín al ser consultado por el tema. 

Lo que parecía ser una señal para su sector, en la práctica no fue suficiente y no contuvo ni las críticas ni la molestia de parte de Chile Vamos, entre otras cosas, porque comentan que es poco probable que la oposición dé sus votos para que avance este proyecto.

“Es insuficiente. Esa es una ley que está durmiendo desde hace dos años en el Congreso y cuya presentación fue una promesa de campaña. Si lo que están haciendo es que la van a rechazar y van a dejar a las personas que hoy están condenadas en Punta Peuco, condenadas no solo a las penas privativas de libertad, sino que además se puedan contagiar y morir, porque son justamente la población de mayor riesgo”, señaló a este medio la presidenta de la UDI.

Se trata de un punto que comparte el senador RN Francisco Chahuán, uno de los impulsores del requerimiento ante el TC. “Ponerle urgencia al proyecto de ley humanitaria no resuelve el problema. El requerimiento dice relación de cómo resolver en este proyecto con la posibilidad de incorporar a los adultos mayores de 75 años, que tienen buena conducta, bajo nivel de peligrosidad, calificado por Gendarmería y que, además, tengan enfermedades basales. Esta era la oportunidad de resolverlo. Por lo tanto, el llamado que hacemos al Gobierno es que en este veto aditivo se resuelva finalmente la controversia”, expresó el parlamentario por la Región de Valparaíso. 

De hecho, apenas se supo la noticia varios parlamentarios de la ex Concertación y del Frente Amplio le dieron inmediatamente un portazo a la idea. “El Gobierno pretende legislar de contrabando, aprovechando la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, para consagrar la impunidad en delitos de lesa humanidad en nuestro país”, señaló el senador y timonel PS, Álvaro Elizalde. 

El fuego amigo

Durante los últimos días, el ministro de Justicia ha insistido en la importancia de sacar adelante el indulto conmutativo que según los cálculos del Gobierno podría beneficiar a 1.300 personas. 

Por ello, el veto que ingresará por el Senado no solo repondrá la posibilidad de que Gendarmería realice el seguimiento a los reos beneficiados por conmutación de penas, y también incluirá a los delitos excluidos del indulto a los condenados por control de armas, asociación ilícita y suma a los delitos cometidos en contexto violencia intrafamiliar. 

“Esto es urgente dada la situación que hay en nuestros recintos penitenciarios. Necesitamos aliviar y que la población de riesgo pueda salir lo antes posible si cumple los requisitos de esta ley”, reiteró el ministro este jueves. 

Pese a la presión del oficialismo, “el gallito” lo ganó Larraín, pues lo sustancial, dicen en el Ejecutivo, el proyecto sigue la línea de la propuesta original: sin delitos graves y sin delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el costo interno ha sido duro para el también extimonel del UDI, explican fuentes de La Moneda, en especial por fuego amigo. “En el rostro del ministro se ha notado”, comentan. 

De hecho, parte de los desafíos que tendrá el Ejecutivo y el propio ministro, en los próximos días, es lograr que esta vez sí estén los apoyos de Chile Vamos para aprobar el veto.

“El problema no lo tiene el ministro Larraín. El problema lo tiene el Presidente. Es evidente que tiene cada vez menos control de su coalición. La debilidad política de Sebastián Piñera se demuestra en que cada vez es más difícil para los ministros conseguir los votos para su propio sector”, señaló a PAUTA el senador PPD y miembro de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe. 

¿Cómo quedan las relaciones después del impase? “Vamos a seguir ayudando, en la UDI siempre ha mirado el bien de Chile por sobre las diferencias que puedan existir, pero esto es algo que, sin duda, nos duele”, insiste Van Rysselberghe. Desde Renovación Nacional subrayan que la relación con el Presidente sigue siendo buena y “mucho más amplia que este proyecto humanitario”.

“Aquí la responsabilidad es estrictamente del ministro y del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela […] Y la gestión del ministro de Justicia en este tema ha sido bastante negativa”, sentenció Mario Desbordes.