Gasto electoral del 26-A: la tarea contrarreloj que La Moneda tiene pendiente

El tema ha sido abordado por el comité político y el Presidente Piñera. Aunque aún no está cerrado, el Ejecutivo evalúa una fórmula similar al gasto en elecciones de senadores.

Uno de los vacíos que dejó la reforma que habilitó el proceso constituyente es cuál será el límite del gasto electoral para el plebiscito del 26 de abril y cómo se aplicará no solo a los partidos, sino también a grupos independientes que se quieran sumar a las opciones “Apruebo” o “Rechazo”. 

En el Gobierno, en los partidos políticos y en el Servicio Electoral (Servel) están conscientes que el tiempo está en contra para una ley corta que regule este tema, pues el 26 de febrero comienza formalmente el período de campaña. Cualquier tramitación para fijar los topes de gastos deberá estar resuelta a más tardar a fines de enero, cuando termine el año legislativo. 

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Por eso, la Segpres y el Servel han estado en contacto las últimas semanas para evaluar la fórmula final que, según fuentes de La Moneda, fue conversada este lunes en la mañana en el comité político que lidera el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros más cercanos. 

La propuesta que ha evaluado el Gobierno contemplaría que el gasto electoral en el plebiscito debiera homologarse al gasto de las elecciones de senadores, aunque aún no está del todo cerrado cómo se aplicaría a las opciones del “Sí” y del “No”.

Según la ley, el límite de gasto en el caso de las senatoriales no puede exceder de la suma de 1.500 UF, más aquella que resulte de multiplicar por dos centésimos de unidad de fomento por los primeros 200 mil electores; por quince milésimos de unidad de fomento los siguientes 200 mil electores y por un centésimo de unidad de fomento los restantes electores en la respectiva circunscripción o región, según corresponda. El año 2017, el tope máximo se lo llevó la región de Valparaíso, donde cada candidato a la Cámara Alta tuvo como límite $524.366.302. 

Además, la ley corta que trabaja La Moneda incluiría otros temas no resueltos, como la interpretación del concepto de “ciudadanía” que estaba en la convocatoria que realizó el pasado 27 de diciembre el Presidente y que permitiría votar a los extranjeros con residencia definitiva en el país; temas relacionados con la depuración del padrón electoral y también tendría una propuesta para que los chilenos que viven fuera del país puedan votar el 26 de abril. 

La idea, aseguran las mismas fuentes, es que esta semana se pueda bajar estos contenidos con los parlamentarios: primero en Chile Vamos y luego con los de oposición, para consensuar el proyecto y facilitar el trabajo en las distintas comisiones y las salas de ambas Cámaras.  

Los límites a los independientes

“No es un asunto secundario o menor todo lo relacionado con esta regulación. Sin ella se abría la puerta para un conjunto de vicios y dineros negros financiando opciones provenientes de intereses directos a los resultados o, incluso, de financiamiento externo”, advirtió el diputado PS y miembro de la comisión de Cámara, Leonardo Soto. 

El tema inquieta a los partidos políticos que hoy están sacando cuentas para las campañas del “Sí” y del “No” a una nueva Constitución. Esto, porque no hay financiamiento público y sin regular la situación de los independientes, las colectividades políticas pueden quedar en desventaja. Por eso, la bancada del PS espera reunirse esta semana con el titular de la Segpres, Felipe Ward, para abordar el tema. 

La reforma aprobada en diciembre pasado y que habilita el proceso no hizo aplicable la Ley 19.884 que establece las facultades del Servel para fiscalizar, controlar el gasto y aplicar sanciones y solo lo habilitó para aplicar la Ley de Partidos Políticos. Es decir, controlar los gastos en los que puedan incurrir las colectividades en temas como la elaboración de videos, productos gráficos y en la promoción que circule en redes sociales y en la prensa tradicional. 

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Mientras, desde la Cámara Alta, el senador Felipe Harboe (PPD), junto con otros representantes de la oposición, presentarán este martes 14 de enero una iniciativa para regular el despliegue de las agrupaciones como la “Casa del NO”, que lideran los empresarios Gonzalo de la Carrera y Gerardo Jofré, quienes hace más de un mes están coordinando formalmente una propuesta que promueve la opción “Rechazo” en el plebiscito. También está el caso del excandidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien lanzó su propaganda en redes sociales y en una radio a fines de diciembre, causando molestia de los que apoyan el “Sí” y la incomodidad del Servel. 

“La idea es evitar la influencia del dinero en el desarrollo de la campaña. Hoy no está regulado para el plebiscito y no se aplican las normas de gastos electorales de otras elecciones. Es necesario establecer mecanismos para fiscalizar el origen de los aportes de arriendos de sedes, servicios audiovisuales, entre otros, para fiscalizar a un grupo de empresarios u ONG que tengan plata y no se conoce su origen”, comentó a PAUTA el senador Harboe. 

 “No queremos que el dinero determine el resultado”, agregó el también presidente de la Comisión de Constitución del Senado. 

Mirando el Brexit y Colombia 

En los expertos en probidad y transparencia, el tema también encendió las alertas. Entre jueves y el viernes pasado, desde Espacio Público hicieron llegar a diputados, senadores, el Servel y también el Gobierno, a través del Subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, su propuesta de regulación en gasto, financiamiento y control de propaganda para Plebiscito de abril de 2020. 

El informe realizado por Eduardo Engel, director de Espacio Público; María Jaraquemada, directora de Incidencia de la institución y el investigador Gabriel Ortiz, realiza una comparación con procesos como el Acuerdo de la Paz en Colombia y Brexit en Reino Unido. 

En el caso de los independientes y las organizaciones fuera de los partidos, el think tank propone la formación de comités, como se hizo en Colombia, que estén compuestos por un número mínimo de integrantes, y que tengan prohibición de que una misma persona o grupos constituyan más de un comité o se inscriban más de una vez para eludir los topes de aportes y límites de gasto electoral. Además, se sugiere exigirles un administrador electoral, tal como se hace con los partidos en las campañas tradicionales. 

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“Hemos visto personas que no son de partidos políticos y que también quieren hacer campaña. Ya está pasando y nos preocupa que pase sin regulación. Al final, lo que busca ese tipo de regulaciones es nivelar la cancha en la competencia electoral. No queremos que haya una cancha dispareja con recursos privados que no se conoce desde dónde vienen y sin límite alguno”, comentó Jaraquemada a PAUTA.

Además, desde Espacio Público sugirieron que el límite de gasto electoral para el plebiscito sea el que corresponde a las candidaturas presidenciales (equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por quince milésimos de UF el número de electores en el país) para cada una de las opciones “Apruebo” y “Rechazo”. Y que para los partidos políticos, sea de un tercio de ese tope. Sin embargo, desde La Moneda habrían desechado esta opción de homologar los límites de gastos con los mismo que se autorizan para una campaña presidencial.