Política

La extensión de la cobertura del IFE causa el primer traspié del acuerdo Covid

Una cosa fue la firma, pero otra es la tramitación. En la oposición alegan "letra chica", mientras que Hacienda se defiende y habla de una "polémica artificial".

Por Gladys Piérola y Marcela Gómez

Miércoles 17 de junio de 2020

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El "acuerdo Covid" firmado el domingo 14 de junio entre el Gobierno y parte de la oposición tuvo este martes 16 su primer round en el Congreso, al iniciarse de la tramitación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2.0. La discusión fue intensa sobre uno de los puntos más sensibles: la cobertura de la ayuda.

En la oposición, y en especial en el PS, instalaron la idea que había "letra chica" en la propuesta que ingresó el Gobierno. Una acusación que irritó al Ejecutivo, llevando a que varios de los ministros negociadores refutaran las críticas. 

La polémica comenzó en la mañana cuando el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que busca generar un aporte para los hogares más vulnerables que han visto disminuido sus ingresos por la pandemia con hasta $100 mil pesos per cápita para un familia de cuatro personas. Según el Mandatario los beneficios de este IFE recargado llegarán a "2,1 millones de familias chilenas, a 5,6 millones de compatriotas y, por tanto, va mucho más allá de los grupos vulnerables que normalmente son protegidos por la red social del Gobierno, e incluye a la clase media".

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Las negociaciones estuvieron a punto de caerse entre viernes y sábado. El Gobierno se negó a dividir el texto en dos, y tuvo que subir el monto del Ingreso Familiar de Emergencia.

Sin embargo, apenas terminó el punto de prensa presidencial comenzaron los cuestionamientos de la oposición a las cifras de los potenciales beneficiarios, tema que fue uno de los puntos más debatidos en el acuerdo pactado entre el Gobierno, Chile Vamos, el PS, el PPD y la DC. "Es inconcebible que a menos de 72 horas de suscrito el marco de entendimiento para la emergencia, el Gobierno no cumpla la palabra empeñada", dijo el presidente del PS, Álvaro Elizalde

En la oposición, varios parlamentarios explicaron que el compromiso de cobertura era para todas las familias que cumplieran con los requisitos acordados, y que calculaban que podrían alcanzar a "tres millones de hogares, acercándonos a los cuatro", dijo el lunes en entrevista con Primera Pauta, de Radio PAUTA, el senador PS Carlos Montes

Por eso tras conocerse los números de La Moneda, el propio Montes pidió al Ejecutivo "no tener confusiones, letra chica o se pongan barreras de entrada adicionales que no fueron parte de lo acordado". 

Briones: "Polémica artificial"

La discusión que inició el PS siguió durante la jornada en distintas instancias parlamentarias, generando la molestia del Gobierno. De hecho, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, enfrentó las acusaciones precisamente al presentar el "acuerdo Covid" en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. "Me parece francamente sorprendente y triste que se estime que el Gobierno no cumple con su palabra o que el acuerdo tendría letra chica", dijo Briones evidentemente molesto.

Recordó que la cobertura del IFE se discutió varias veces en la mesa negociadora y se generó una regla, "que se traduce en el criterio explicitado por el senador Carlos Montes, en el sentido de que todos los hogares con cuatro integrantes con ingresos inferiores a $400 mil, que cumplieran los requisitos, pueden acceder al beneficio". El ministro ratificó que "ese es exactamente el acuerdo, por lo que me cuesta entender dónde está la discrepancia".

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Detalló que con la mejor información disponible esto implica 2,1 millones de hogares y 5,6 millones de personas beneficiados, "como correctamente y exactamente lo dijo el Presidente". Añadió que esa estimación no es solo del Gobierno, sino también del grupo transversal de 16 economistas que propuso la base económica y fiscal del acuerdo.

"Acá no hay desconocimiento del acuerdo ni letra chica", aseguró, llamando a terminar con lo que calificó como una "polémica artificial". Aclaró que al IFE "van a poder entrar más personas, todas las que sean elegibles según los criterios que acordamos. Este universo no queda congelado".

Según el informe financiero del proyecto, el costo fiscal de la iniciativa es de $1.129.000 millones (US$ 1.448 millones aproximadamente), de los cuales el 67% se aportaría a hogares con ingresos informales, el 26% a los que reciban ingresos formales y el 7% restante a aquellos donde residan adultos mayores de 70 años que reciban pensiones solidarias.

El gasto fiscal total podría elevarse hasta $1.781.000 millones (en torno a US$ 2.280 millones) si las circunstancias de la pandemia exigen sumar dos meses adicionales de pagos.

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¿Cómo llegaron a la cifra? 

Pero la respuesta de Briones no llegó a todos los parlamentarios. Mientras el titular de Teatinos 120 defendía el pacto alcanzado con parte de la ex Concertación, en paralelo la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados vivía su propio debate por el mismo tema. De hecho, fue el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, quien en esta instancia se defendió de las críticas de la oposición. El exministro de Vivienda aseguró que no se puede decir que "el Gobierno incumple el acuerdo" y pidió respeto en el trato entre el Congreso y el Ejecutivo.

En la comisión -donde se inició la tramitación del IFE 2.0- los parlamentarios de oposición insistieron que los cálculos no los convencían y que no podían actuar como mero "buzón" del pacto cerrado entre La Moneda y parte de la oposición.

"No puedo confiar en las cifras que está entregando el Gobierno", señaló el diputado PS, Manuel Monsalve, quien aseguró que los números del Ejecutivo sobre los posibles beneficiarios eran similares al proyecto del primer IFE. 

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Fue la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, quien explicó las cifras y reconoció que la primera vez "sobrestimaron" a quienes llegarían la ayuda.

A las críticas de Monsalve también se sumaron las del diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, el diputado PS Jaime Naranjo, la diputada DC Joanna Pérez, y los parlamentarios del FA y el PC -partidos que no firmaron el acuerdo- quienes apuntaron, además, a que el proyecto tenía un problema comunicacional: esto por las expectativas que se generaban al decir que llegaba al 80% de los hogares más vulnerables.

Pero la respuesta de Monckeberg en este punto fue clara. "El IFE no busca abarcar a todas las familias que dicen relación con el Registro Social de Hogares (RSH) o el Índice Socioeconómico Emergencia (ISE), sino que lo que busca es abarcar lo más posible respecto de la disminución de ingresos que hayan tenido", dijo el ministro. 

Los otros flancos

Después de cinco horas de debate y de varios tira y afloja sobre las fórmulas, el proyecto fue aprobado en la Comisión de Desarrollo Social y despachado a la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde la polémica por la cobertura promete continuar este miércoles 17 de junio.

Sin embargo, este no es el único roce que generaría el "acuerdo Covid". Al debate por el IFE se suma el flanco que dejó la discusión sobre la extensión del posnatal por la emergencia y su admisibilidad, que será vista en el Senado también este miércoles.

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En este debate hay un evidente conflicto sobre la interpretación de lo que quedó acordado en el texto final firmado por La Moneda y parte de la oposición. De hecho, parlamentarios como el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro -quien además fue uno de los negociadores del marco de entendimiento- aseguran que el mismo Gobierno es el que lo dejó expresamente excluido el tema.

"Es absurdo que ahora digan que está incluido", dijo Pizarro a PAUTA, haciendo alusión al punto F del "acuerdo Covid" que habla sobre la protección para padres, madres y cuidadores de niños y niñas en edad preescolar y que son trabajadores dependientes formales que puedan acceder a la Ley de Protección del Empleo.

Esta es la apuesta de La Moneda para zanjar el tema y ampliar los beneficiarios más allá de las 22 mil mujeres que hoy tienen licencia de posnatal. Además, para evitar el debate de la admisibilidad del proyecto que se votó con un apoyo transversal en la Cámara de Diputados y que desde el día uno han tildado como inconstitucional por generar gastos fiscales. Pero los senadores de oposición insisten que esa solución no los convence y piden patrocinio del Ejecutivo. 

Según cálculos del Gobierno, desde marzo hasta ahora la moción que busca extender el posnatal en medio de la pandemia tendría un costo cercano a los US$100 millones.

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