El octubre que preocupa al Presidente
El Mandatario se reunió este martes con los representantes del Poder Legislativo y Judicial. La Moneda busca dar una señal de “unidad” frente a un mes marcado por el primer aniversario del estallido social y el Plebiscito.
Un poco más de 45 minutos duró la reunión que lideró este martes el Presidente Sebastián Piñera con las respectivas cabezas de los poderes Legislativo y Judicial. Pasado el mediodía el Mandatario recibió a la titular del Senado, Adriana Muñoz; al de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, y al de la Corte Suprema, Guillermo Silva, con el fin de dar una señal de coordinación en este mes “tan trascendente”, como calificó Piñera.
O como lo describió el diputado Paulsen a la salida: “Creo que Chile en las próximas semanas y meses se juega el futuro los próximos 40 años”.
Octubre se transformó en un portal para el Gobierno. El primer aniversario del estallido social (18 de octubre) y el Plebiscito (25 de octubre), con solo una semana de diferencia, preocupan a La Moneda. Si a esto se suma el ambiente crispado que dejó el caso del joven de 16 años que cayó del puente y terminó herido en el río Mapocho con el accionar de Carabineros, el espacio de maniobra se estrecha para el Ejecutivo. Parte del conflicto de traduce en la presión política que hay sobre la continuidad del general Mario Rozas en Carabineros y la acusación constitucional que amenaza al titular del Interior, Víctor Pérez.
Tras la cumbre con los tres poderes del Estado, el Presidente no solo hizo un llamado a la unidad; condenó y lamentó los hechos del caso de Pío Nono y también la muerte de Pedro Cabrera, un trabajador forestal que fue baleado en la cabeza en la comuna de Collipulli el fin de semana.
Y si bien expresó su respaldo a la institución de Carabineros, desde el Gobierno -tanto él como parte de sus ministros- evitan a responder directamente si ese apoyo cerrado también llega a la figura del mandamás de la policía uniformada.
“Condenamos clara y categóricamente cualquier atentado a los derechos humanos y también rechazamos cualquier desvío de los protocolos y las reglas que deben regir la actuación de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad”, dijo Piñera flanqueado por Muñoz, Paulsen y Silva.
Agregó que cualquier atentado a los derechos humanos y que “cualquier desvío de los protocolos debe ser investigado por el Ministerio Público y posteriormente, si corresponde, conocido y sancionado por los Tribunales de Justicia. Eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho y a una democracia, como es lo que tenemos en Chile”.
¿La responsabilidad política?
El más cauto en la reunión fue el presidente de la Corte Suprema, pues tanto en privado como en público detalló que como ambos casos están en la justicia debía guardar distancia. “El país está viviendo tiempos muy difíciles y, por lo tanto, pienso que la única manera de salir adelante es buscar los puntos que nos une y no lo que nos dividen. Si nos concentramos en los puntos que nos dividen no vamos a llegar a ninguna parte”, dijo el ministro Silva tras finalizar el encuentro.
Según comentan distintas fuentes, el Presidente señaló en esta línea que se darían certezas jurídicas en ambos casos, en un proceso justo y “sin defensas corporativas”.
Sin embargo, en la conversación la senadora Muñoz le planteó otro punto y es que para tener una acción conjunta de todos los poderes es necesario llegar no solo a responsabilidades administrativas y legales, sino también políticas. Y si bien no dio nombres y no hubo respuesta directa a este emplazamiento, dicen las mismas fuentes, la presidenta del Senado insistió que “no es una buena señal” que se relativizara que el resguardo al orden público debe estar supeditado al irrestricto respeto de los derechos humanos y las libertades públicas.
De hecho, señaló que cualquier tipo de conversación para reactivar la modernización de la policía y de llamado a la unidad debía partir de esa premisa. Muñoz, además, hizo sus descargos por las palabras que dio el lunes en la tarde el ministro Pérez en el Congreso, quien apuntó a que la Fiscalía había dado tres versiones distintas en el caso del adolescente que terminó en el río Mapocho herido y con fracturas en sus manos.
“Lo que ha acontecido nos estremece y vuelve a poner sobre la mesa la búsqueda de responsabilidades no solo en lo penal, sino que también administrativas y políticamente”, indicó la senadora.
Y agregó: “No le hace bien a la búsqueda de diálogo, a poner los valores que nos unen, como lo hemos conversado con el Presidente, cuando hay señales del propio Gobierno de que el resguardo y respeto a los derechos humanos son relativos o que la Fiscalía tiene distintas versiones. Creo que eso no le hace bien al Estado, y eso lo que yo he planteado que como poderes del Estado tomemos la decisión de establecer que en Chile no se violan los derechos humanos en democracia”.
La moneda de cambio
Piñera, también, pidió “pacificar los espíritus” y reiteró la solicitud de avanzar en los proyectos de modernización y la reforma a Carabineros que están trabadas en el Congreso. Y si bien los representantes del Poder Legislativo estuvieron de acuerdo con la petición, el camino de cómo se hará quedó en duda.
Estas rondas con tintes republicanos de cara al Plebiscito continuarán. La idea es invitar a otros personeros a dar una señal ante la conmemoración del 18-O y la realización de la consulta constitucional, explican desde La Moneda. Además, este miércoles el Gobierno tiene planificado lanzar su campaña comunicacional que invita a participar del proceso, llamada “Chile vota por Chile”.
Sin embargo, varios de estos planes dependen del ambiente que se dé en los días previos, más si prospera la idea de una acusación constitucional contra el ministro Pérez la que podría votarse a pocos días del 25-O.
En el Gobierno no solo criticaron el libelo que sería presentado este jueves por la oposición, además, aseguran que la arremetida es una “cartita bajo la manga” de la centroizquierda e izquierda, que busca presionar la salida del general Rozas a cambio de no acorralar al titular del Interior.
“Hay una especie de chantaje que es totalmente inaceptable”, señaló el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien calificó la acusación como una mofa y una pantalla política que busca desnaturalizar la herramienta.