Agua, vivienda y género: los temas detrás de las primeras normas de la Convención

En los últimos días la Convención ha recibido una avalancha de propuestas de normas constitucionales, tanto de los convencionales como de la ciudadanía. Es una etapa en que ya se aborda la discusión de fondo de los artículos que se podrían incorporar en la eventual nueva Constitución.

En paralelo al proceso de audiencias públicas de las comisiones temáticas, los colectivos han sostenido reuniones para trabajar en propuestas que van desde garantizar el derecho a una vivienda digna, hasta respetar el periodo de las autoridades electas durante el proceso constituyente.

Las ideas han sido revisadas por la Mesa Directiva de la Convención. Ahora serán derivadas a sus respectivas comisiones para que sean deliberadas, sometidas a votación en el Pleno y, eventualmente, incorporadas a la propuesta de nueva Constitución.

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Una serie de normas presentadas por los distintos colectivos buscan consagrar en la nueva Carta Fundamental distintos derechos de la ciudadanía. Las propuestas han estado dirigidas principalmente a la Comisión de Derechos Fundamentales. 

En esa línea, la primera norma que se propuso busca "consagrar el derecho a una vivienda digna para los chilenos". Entre otras cosas, propone que "las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas".

Detrás de esta propuesta están los convencionales de Independientes RN-Evópoli Roberto Vega, Álvaro Jofré, Manuel José Ossandón, Paulina Veloso, Ángelica Tepper, Luciano Silva y Bernardo de la Maza. También están Helmuth Martínez (INN) y Adriana Cancino (Col. Socialista).

Otra iniciativa se conoció durante la visita de la Convención a la Región del Biobío. Un grupo de convencionales feministas presentaron una norma que busca que el Estado reconozca "el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado".

Según explicó Tammy Pustilnick (INN), una de sus impulsoras, la norma no solo busca garantizar un derecho, sino que también "el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar toda forma de violencia de género, independiente de donde venga".

El pasado 2 de diciembre, las convencionales de Chile Libre Ruth Hurtado y Rocío Cantuarias presentaron una idea de norma que busca consagrar en la nueva Constitución el derecho a la vida y primacía de la persona humana. En concreto, el texto señala: "La persona es principio, sujeto y fin de toda sociedad, de todo Estado y de todo derecho; su dignidad es inviolable desde el comienzo de su existencia natural hasta su muerte. Todo ser humano es persona, con independencia de su grado de desarrollo". Establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida. La ley protege la vida del que está por nacer".

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Además se presentó otra norma relacionada con la "reproducción humana", pero con enfoques distintos. La propuesta fue anunciada por Bárbara Rebolledo (Indep. RN-Evópoli), quien explicó que la norma busca asegurar a todas las personas el "derecho al acceso a técnicas de reproducción asistida en la forma y condiciones que determine la ley".

La periodista hizo público sus problemas con el tratamiento para ser mamá, al cual tuvo que acudir en 14 ocasiones. Esa experiencia fue uno de los motivos tras su planteamiento, contó. "Ojalá exista el cuórum y la conciencia dentro de la Convención Constitucional de la importancia de que todos tenemos derecho a formar familia […]. Yo no quiero que existan más mujeres u hombres, o parejas, o personas que quieran ser padres y no puedan serlo", dijo.

Una de las últimas normas en presentarse fue anunciada desde Arica el 9 de diciembre. El convencional Ignacio Achurra (FA) informó del ingreso de una norma que busca consagrar el "principio de interculturalidad y derecho a participar en la vida cultural" en la nueva Carta Fundamental. Esta será una de las normas que deberá discutir y votar la Comisión de Sistemas de Conocimiento. 

Se trata de una norma que contiene dos artículos. El primero busca reconocer a Chile como un "Estado intercultural", que en concreto "reconoce la igual dignidad de las diversas culturas, y garantiza su respeto y promoción, junto con la protección y salvaguardia de todas las formas de expresiones culturales [...]. El Estado deberá velar en el desarrollo de su institucionalidad".

El segundo artículo busca asegurar "el derecho de todas las personas a participar libremente en la vida cultural de las comunidades, pueblos y naciones".

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También se han presentado propuestas en materia medioambiental. Es el caso de la norma presentada por un grupo de "convencionales por el agua", que busca consagrar "el derecho humano al agua y su acceso, como una garantía indispensable para la vida digna".

La propuesta agrupó a constituyentes del Frente Amplio, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Ciudadanos (MSC) e independientes. La idea de norma establece: "Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho". 

Agrega que toda persona y comunidad "tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad". 

Según el especial de PAUTA Anticipo de la Convención, hay al menos un tercio de los convencionales que está por modificar el derecho de propiedad sobre las aguas que se les han otorgado a particulares. Piden modificar el artículo 19° de la actual Constitución, donde se establece que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos".

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Más allá de derechos fundamentales

Si bien la mayoría de las normas presentadas hasta el momento van dirigidas a la Comisión de Derechos Fundamentales, hay otras que se refieren a temas económicos y políticos. 

En ese sentido, el 30 de noviembre la convencional del Partido Comunista Valentina Miranda lideró la presentación de una propuesta de norma que "protege la salud de las personas en la ejecución de actividades económicas". 

El artículo, patrocinado por convencionales de Chile Digno, se presentó a raíz de las demandas de un grupo de personas que se han manifestado en contra del uso del asbesto, que es un material mineral nocivo para la salud y que se usa principalmente en materiales de construcción.

Un caso particular ocurrió con una norma presentada por el Colectivo del Apruebo: fue un capítulo completo para la nueva Constitución. La redacción estuvo a cargo del convencional Agustín Squella, quien explicó que esta es una propuesta que busca establecer el primer capítulo de la nueva Carta Fundamental.

La norma propone una serie de "disposiciones fundamentales" donde se pone la dignidad de las personas en el centro constitucional. El primer artículo dice: "Todas las personas nacen y permanecen libres e iguales en dignidad, que les es inherente, irrenunciable e inviolable, y en ella se basan derechos fundamentales que se reconocen sin excepción y hacen a las personas acreedoras a igual consideración y respeto".

Además, se establecen definiciones como un Estado social y democrático de derechos; se reafirma el carácter democrático de la República; se reconoce un Estado Plurinacional, entre otras disposiciones. Al respecto, Squella dijo que la propuesta "asume compromisos muy explícitos, con la radicación de la soberanía en el pueblo, con el ejercicio de la soberanía por medio de representantes electos, pero también por medio de modalidades de democracia directa y participativa del pueblo".

Por último, un grupo de 16 convencionales, principalmente de la UDI, presentaron una propuesta de norma que busca "respetar la duración del mandato de las autoridades electas por votación popular". Se trata de un artículo transitorio que se aplicaría a las autoridades que fueron electas durante el periodo de funcionamiento de la Convención, entre ellas, el próximo Presidente de la República, la Cámara de Diputados y poco más de la mitad del Senado.

Esta ha sido una discusión frecuente en la Convención previo a las elecciones del próximo 19 de diciembre. Algunos convencionales, principalmente de derecha, llamaron al órgano a dar una señal política donde se garantice el respeto al mandato de las autoridades electas. Sin embargo, la Mesa Directiva decidió no emitir ninguna declaración a nombre de la Convención.

Ahora todas las propuestas de normas deberán ser deliberadas en las comisiones temáticas. Luego, eventualmente, serán sometidas a votación en el Pleno, donde podrán se podrán hacer indicaciones. Finalmente, necesitarán dos tercios de los votos para ser incluidas en la propuesta de nueva Carta Fundamental, en medio de un proceso de armonización que les dé sentido de conjunto.

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