Política

Lo que cedió el Gobierno para destrabar el conflicto de los camioneros

Tras siete días de movilizaciones el paro de camioneros terminó con un acuerdo entre el Gobierno y los dirigentes.

Por Gladys Piérola M.

Miércoles 2 de septiembre de 2020

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Inversión por $ 5.600 millones en la infraestructura policial, aumento de la vigilencia en las rutas, el mejoramiento de las áreas de descansos, apoyo a económico a las víctimas de delitos terroristas, subsidios especiales  y una mesa de trabajo hasta marzo de 2021. Esos fueron los puntos clave de la negociación que selló el ministro del Interior, Víctor Pérez, y los gremios de camioneros y que se tradujo este miércoles en el fin del paro de transportistas.

"El Gobierno va a demostrar que actuó correctamente, que actuó pegado a la ley y que permanentemente nuestro interés y actitud fue resolver los problemas. Y, por lo tanto, las incomodidades que pudieron haberse producido son menores de las que se hubiesen producido si se alarga este conflicto", dijo el ministro Pérez en La Moneda tras confirmarse el fin de las manifestaciones. 

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El dirigente de los transportistas de carga (CNTC), Sergio Pérez, responsabiliza a los tres poderes del Estado por ser incapaces de garantizar su libre desplazamiento sin sufrir atentados. "Nos están matando", expresa.

Pensiones de gracia

Luego de siete días con las carreteras entrecortadas, el Ejecutivo se comprometió a agilizar la agenda legislativa de seguridad basada en 13 proyectos de ley. En temas económicos, se accedió a apoyar a las familias de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial superior al 70% producto de delitos terroristas; con pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos. En esto, además, el Gobierno aseguró que en lo que queda de 2020 se ingresará al Congreso un proyecto  para establecer un fondo de reparación para las víctimas de la violencia en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Además, La Moneda se comprometió a trabajar junto con las empresas concesionarias de autopistas de la Macrozona Sur, con el objetivo de establecer sistemas de peaje free-flow, cámaras e iluminación. En este tema, también, se acordó conversar con esas empresas para analizar un plan tarifario especial en las rutas 68 y 78, "para avanzar en la instauración de una tarifa plana los fines de semana y feriados", dice el acuerdo de nueve puntos.

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El Gobierno presentó una propuesta para bajar las movilizaciones y espera la respuesta de los dirigentes gremiales. La oposición emplazó al Ejecutivo tomar otras acciones contra los conductores que han bloqueado las rutas.

A esto se suma, la creación de Programa Especial solo para aquellos dueños o conductores camiones que sean víctimas de delitos terroristas, otorgándoles un subsidio que cubra todos los costos de los vehículos destruidos y que no sean cubiertos por las pólizas de seguro respectivas. De hecho, este programa también considerará el lucro cesante que se producirá entre el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio. 

Incluso, a través del grupo de trabajo se buscarán los mecanismos y se realizarán estudios para ver la factibilidad de ampliar este último punto; es decir, para "complementar los montos no cubiertos por las actuales pólizas de seguros".

¿Acusación constitucional?

Ahora, despejadas las carreteras, queda pendiente el conflicto político, pues la Democracia Cristiana y el resto de la oposición aún evalúan si continuarán o no con la ofensiva de una acusación constitucional contra el ministro del Interior, entre otras cosas, por no haber aplicado la Ley de Seguridad del Estado a los transportistas que se movilizaron en la última semana. 

Revise los datos y el análisis en esta conversación en Pauta Final 

 

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