Las tres mesas del Gobierno para avanzar en un acuerdo nacional
El Presidente convocó a un diálogo transversal para un pacto social, de empleo y reactivación económica. El tridente negociador tendría a los ministros Blumel, Briones y Sichel.
Fueron varias las propuestas y los llamados a un gran acuerdo. En las últimas semanas, hubo intensos debates al interior del Gobierno, en Chile Vamos y también en la oposición sobre la factibilidad de un pacto para enfrentar la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
Finalmente este lunes el Presidente Sebastián Piñera dio la señal y llamó formalmente a un diálogo, a la creación de un acuerdo nacional con cinco lineamientos: 1) combatir la pandemia, 2) proteger los ingresos y 3) el empleo; 4) reactivar la economía, y 5) pensar estas soluciones en un marco de responsabilidad fiscal.
“Un llamado a todos los sectores que quieran dialogar, que quieran colaborar y que quieran buscar acuerdos que nos permitan avanzar con mayor rapidez, con mayor seguridad, con mayor resistencia y con mayor responsabilidad en desafíos tan grandes, como el combate contra la pandemia del coronavirus“, dijo Piñera flanqueado por los ministros del Comité Político.
Hacemos un llamado a todos los que quieran dialogar y colaborar de buena voluntad para encontrar acuerdos y avanzar con responsabilidad en soluciones en siguientes áreas: (abro hilo)
PRIMERO:Enfrentar Pandemia Coronavirus para proteger salud y vida de todos nuestros compatriotas
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) May 25, 2020
El potencial tridente negociador: Blumel, Briones, Sichel
Minutos antes de hacer público el llamado, el Mandatario lo comentó rápidamente en el Comité Político Ampliado, que reúne todos los lunes a sus ministros más cercanos con los dirigentes de Chile Vamos. La idea luego se repasó en una reunión vía Zoom con los presidentes de los partidos oficialistas.
La conversación venía fraguándose desde hace al menos un mes. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, venía tanteando desde hace semanas el camino para un acuerdo más amplio tanto con los dirigentes de su sector como con algunos personeros de la centroizquierda.
La idea, dicen en La Moneda, era hacer la convocatoria más amplia en la Cuenta Pública que originalmente estaba programada para 1 de junio. Pero como el debate sigue abierto sobre la fecha de la rendición presidencial y es probable que se corra para el 31 de julio, el Mandatario decidió adelantar el llamado a un diálogo transversal y formalizarlo tras promulgar la ley que busca reducir la dieta de altas autoridades, incluida la de él.
“Los chilenos nos están pidiendo a gritos que nos pongamos de acuerdo; si este no es el momento, no sé cuándo”, señaló el presidente de RN, Mario Desbordes.
Parte de la propuesta, explican las mismas fuentes, es que el Presidente inicie una ronda de conversaciones con distintos actores políticos y sociales, antes de zanjar la fórmula final que dará pie a este acuerdo. Por ahora una de las ideas que se barajan en el Gobierno es la creación tres mesas de trabajo: una política liderada por el ministro Blumel y que tienda puentes con los timoneles de los distintos partidos; otra económica encabezada por el titular de Hacienda, Ignacio Briones, y una tercera, social, que pueda coordinar el ministro del Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
En este escenario ya agendó una cita presencial con los timoneles y jefes de bancada de su sector, quienes llegarán a La Moneda este martes a las 13:00 horas.
Quiénes cederán
Sin embargo, esta propuesta también dependerá del ánimo que encuentren en la oposición. En Chile Vamos emplazaron al bloque opositor a estar “a la altura” de la situación. Si bien en los distintos partidos de la centroizquierda valoraron la disposición del Presidente y se declararon “disponibles” para sentarse con el Gobierno, se repitieron ciertas dudas sobre cuánto los “escucharán”.
“Un acuerdo significa que ambas partes ceden algo”, dijo el senador del PS José Miguel Insulza. Él y el presidente de RN, Mario Desbordes, impulsaron en los últimos días un documento conjunto precisamente para promover un diálogo más amplio. “Un acuerdo significa un consenso y significa concesiones de ambas partes”, agregó el parlamentario socialista.
Desde la Democracia Cristiana, su presidente, Fuad Chahin, pidió incluso la creación de un comité de crisis entre el Gobierno y la oposición en “24 horas”. Desde el Frente Amplio, algunos de sus dirigentes aseguraron que dialogar sobre la pandemia “no es lo mismo que acordar por arriba entre el mundo político un nuevo pacto social”, como dijo la diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, quien además llamó al Ejecutivo a “no pasarse de listo”.
De hecho, la postura que tomará la oposición, o las oposiciones como se autodenominan en la centroizquierda, es parte de los temas que -hasta el cierre de esta edición- conversaban en “la reunión de los lunes” que reúne a los dirigentes desde la DC al FA.
“El Presidente tiene que escuchar; de lo contrario, será un diálogo de sordos. Es muy importante llegar a un acuerdo efectivo”, comentó el timonel del PPD, Heraldo Muñoz.
Un pacto económico
En La Moneda, comentan que los lineamientos entregados por el Presidente tienen como fin hacer un acuerdo acotado para hacerlo más factible, alejándose así de las propuestas, entre ellas la de Desbordes e Insulza, que hablaban de un pacto social mucho más grande.
Por ejemplo, en el plano económico la convocatoria presidencial considera proteger los ingresos y el abastecimiento de las las familias, junto con los empleos y la subsistencia de los hogares. También incluye un plan de reactivación que permita recuperar el dinamismo de la econonomía en materia de inversión, creación de empleos y productividad.
En esta materia, lo que está ya sobre la mesa son el bono Covid de $50 mil por carga familiar pagado en abril, la Ley de Protección del Empleo, los créditos Fogape y el Ingreso Familiar de Emergencia. Recientemente se sumó la distribución de 2,5 millones de cajas de alimentos y productos de higiene.
Pero desde la oposición se ha insistido en que estas medidas son insuficientes, con montos bajos y decrecientes en el tiempo, y que no llegan a todos los segmentos afectados. Faltan, entre otros, los independientes de emiten boletas de honorarios, las pymes no bancarizadas y las grandes empresas (entre ellas, las líneas aéreas).
A la presión de los políticos comenzaron a sumarse otros sectores. El 23 de mayo, el Colegio Médico presentó en la Mesa Social Covid-19 una propuesta transversal de seis economistas que proponen incrementar sustantivamente las ayudas a familias y trabajadores con más endeudamiento y usando el fondo soberano. Un grupo de economistas de las universidades de Chile y Católica también planteó su propia propuesta.
El apremio de algunos sectores por ampliar ahora las ayudas, para lograr que las personas puedan mantenerse en confinamiento, choca con la decisión del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, de mantener recursos en caja para contribuir a impulsar la economía cuando pase la crisis.
El marco fiscal
Entre los economistas hay acuerdo en que Chile tiene un espacio fiscal envidiable a nivel regional para enfrentar la crisis: una aún buena clasificación de riesgo, deuda aún baja para estándares internacionales y ahorros en un fondo soberano. Donde hay discrepancias es en cuánto gastar hoy y cuánto es prudente seguir endeudándose.
La decisión es difícil cuando se proyecta un déficit fiscal de 8% del PIB este año, una deuda pública que pasará de 29% del PIB en septiembre de 2019 a 40% del PIB en 2024, y un escenario en que no existen holguras para 2021-2022, porque el gasto ya comprometido excede el compatible con la meta de reducción del déficit que se propuso esta administración.
¿Se debe cambiar (nuevamente) esa meta? ¿Resiste más endeudamiento este escenario? ¿Cómo conciliar un Presupuesto 2021 reactivador con el imperativo de bajar el gasto? Ya que este tipo de decisiones afectan a los próximos gobiernos, un pacto fiscal parece una buena fórmula para zanjar el punto.
El Presidente Sebastián Piñera apeló a acordar un plan fiscal que permita responder a las necesidades actuales, pero comprometiendo un “calendario de recuperación de los equilibrios fiscales y de estabilización de la deuda pública” cuando concluya lo más agudo de la crisis. Esto incluye tanto el gasto para 2020 como el que contendrá el Presupuesto 2021, que ya adelantó que sería de base cero.