Las actas del Cosena que confirman el choque entre el contralor y el Gobierno

Como adelantó PAUTA, Bermúdez cuestionó al Gobierno porque, según lo descrito en el encuentro, estaban frente a un problema de “orden público” y no de “seguridad nacional”.

Doce días después de haber convocado al Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), el Gobierno hizo pública el acta del encuentro realizado el jueves 7 de noviembre. Y, tal como adelantó PAUTA en exclusiva al día siguiente de esa cita, en la instancia hubo un momento de tensión protagonizado por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, y el Gobierno representado por el Presidente Sebastián Piñera y su ministro de Defensa, Alberto Espina.

La principal objeción de Bermúdez obedeció a que, a su juicio, la convocatoria misma carecía de fundamentos jurídicos.

“Se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar”, dijo Bermúdez, según el acta. En su opinión, “no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones”, señaló el contralor.

El Cosena está conformado por el Presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, los titulares del Senado y de la Cámara de Diputados; el contralor, y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden.

La respuesta de Espina

Tal como también adelantó PAUTA, la respuesta al contralor provino del ministro Espina. El también exsenador planteó que el Cosena fue reformado en 2005, en las reformas constitucionales impulsadas por Ricardo Lagos. Es decir, se trata de un Cosena reconfigurado en plena democracia, afirmó Espina, con nuevas funciones y estructura. “No corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso”, subrayó el ministro.

Y agregó que, en cuanto a “seguridad nacional”, su “definición moderna dice relación con una alteración al normal desenvolvimiento del país. Es decir, una alteración a la seguridad, por lo que citar al Consejo fue una decisión correcta”, apuntó, según el acta.

Tras las palabras de Espina, fue el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien destacó la importancia de que “las instituciones del Estado se puedan reunir y colaborar para hacer frente a la crisis que vive el país”.

Sin embargo, Bermúdez habló de nuevo y lanzó un desafío conceptual mediante una pregunta: “¿El orden público está incorporado en el concepto de seguridad nacional?”.

La respuesta en ese minuto provino de boca del Mandatario, quien señaló que la Constitución vigente incluye al Consejo de Seguridad Nacional como organismo asesor del Presidente, por lo que estimó -según el acta- “relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la Nación, en un período tan complejo como han sido las últimas tres semanas”.

“Estamos ante una ola de violencia y destrucción, como nunca antes. El concepto moderno de seguridad nacional dice relación con aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y el normal funcionamiento de la sociedad”, interpretó el Presidente en la reunión. 

Bermúdez no fue el único en cuestionó la idea de convocar al Cosena. El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), y su par de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), criticaron la cita y a la salida del encuentro lo hicieron saber. De hecho, en el acta quedó registrado que ambos parmentarios no compartieron la convocatoria, en especial por la señal política que se daba. “Quienes tienen cargos de responsabilidad en el Estado”, dice el acta, “no pueden permitirse la posibilidad de generar confusión. Cuando se convoca a este Consejo, tienen una responsabilidad frente al país”, señaló Flores según constata el documento. 

La demora del acta y el énfasis en los DD.HH. 

El acta de la reunión del Cosena se conoció casi dos semanas después del encuentro. El senador Quintana apuntó a que el lapso se debió a que “el Gobierno quería evitarse un problema y entregarla de manera desfasada para no generar una discusión al respecto”.

“Cada uno podrá sacar sus conclusiones respecto de lo que se señaló en esa oportunidad al Ejecutivo. Creo que el Gobierno está arrepentido de haber hecho una convocatoria al Cosena, no se daban las condiciones ni se cumplían los requisitos constitucionales, tal como se señala ahí”, dijo el presidente de la Cámara Alta.

Según el documento, el Mandatario, además, realizó un resumen de los hechos acontecidos, incluido los detalles de cuando decretó estado de emergencia el pasado 19 de octubre. De hecho, en el acta queda registrado que Piñera agregó que, una vez decretado el estado de excepción, “una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión”. 

Luego de eso, el Presidente repasó las acciones preventivas que tomó el Ejecutivo en esta materia, como contactar a la alta comisionada de los DD.HH, Michelle Bachelet y sus reuniones con el INDH; también las conversaciones con las policías y las Fuerzas Armadas con “la clara instrucción de aplicar en forma estricta de las Reglas del Uso de la Fuerza”, dijo el Jefe de Estado.

Además, Piñera pidió al Congreso colaborar con la aprobación de las leyes necesarias que son parte de la agenda social y la agenda de seguridad ciudadana y solicitó al Poder Judicial que, junto con el Ministerio Público, tomara “todas las medidas para investigar y sancionar todos los casos en que se haya cometido un delito o abuso”.

En esta línea, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señaló que, “para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan. Ese es el punto de partida”.

El papel de las Fuerzas Armadas y del Orden

Desde las FF.AA. también se abordó el tema, donde la mayoría de los presentes indicó que sus actuaciones se han realizado “de conformidad a la Constitución y a las leyes”. Por ejemplo, el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, hizo una diferencia de roles: “Orden público es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía”. Con ello básicamente estaba reseñando el artículo 101 de la Constitución.

Y agregó que “ni las policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas salen a la calle a producir daño, ni tampoco a que les hagan daño a ellos”. 

Fue un mensaje similar al que transmitió el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, almirante Julio Leiva, quien comentó, según el acta, “que los miembros de las Fuerzas Armadas no salieron a las calles a agredir a la población, sino que a protegerla”. 

El general director de Carabineros, Mario Rozas, confirmó que el Presidente “le pidió cumplir con la misión de la institución, con la advertencia de que debe hacerse con respeto irrestricto a los derechos humanos” y aseguró que Carabineros tiene una relación estrecha con el INDH, “la que se ha ido consolidando”. Además, explicó que por cada querella que han presentado, se ha abierto un sumario interno. 

Ya al cierre de la cita, el Presidente reiteró la necesidad de  cambiar el Sistema de Inteligencia y pidió al Congreso aprobar el proyecto que moderniza esta área y que hace más de un año se está tramitando. “El actual (sistema) presenta graves falencias”, dijo, y aseguró que “es clara la diferencia entre la Inteligencia que realiza las Fuerzas Armadas, de la que realiza Carabineros y la ANI”. 

Al cierre, según quedó constancia, el Mandatario comentó que era “necesario iniciar un proceso de cambios a la Constitución”. Una declaración de intenciones que se concretó públicamente cuatro días después, cuando el ministro Blumel, a la salida de la casa del Presidente, anunció que el Gobierno se abría a una nueva Carta Fundamental.