La semana en la Convención

Semana del 7 de febrero en la Convención

Hubo votaciones claves para transitar de un Poder Judicial a Sistemas de Justicia. Además, se avanzó en un Estado Regional y se votaron en general derechos fundamentales.

Durante la semana del 7 de febrero fueron enviados los primeros informes que serán debatidos y votados en el Pleno de la Convención Constitucional, donde necesitarán 2/3 para su aprobación.

Pauta

Por Pauta

Viernes 11 de febrero de 2022

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Lunes 7 de febrero

La Comisión de Forma de Estado comenzó la votación en particular de las más de 700 indicaciones que fueron ingresadas a las normas que habían sido aprobadas en general. En ese contexto, se aprobó un artículo donde se establece que "Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado".

Sobre el mismo artículo se aprobó un segundo inciso donde se señala que "El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales". Además, se incorporó el concepto de maritorio chileno, como parte del territorio: "Está integrado por el mar territorial, las aguas interiores y la zona costera". 

 

La Comisión de Justicia dio inicio a la votación en particular respecto del capítulo "Principios de la Jurisdicción". En la instancia se rechazó el concepto de "unidad jurisdiccional" y aprobó transitar hacia un "pluralismo jurídico".

Uno de los puntos álgidos de la jornada se dio previo a la votación del artículo número 4, titulado "De la inamovilidad". Según se lee, "Las juezas y jueces son inamovibles y no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino por el Consejo de la Justicia, conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes". Pero el segundo inciso indica: "Cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo, por alcanzar los setenta años de edad, por renuncia voluntaria, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción".

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La Mesa Directiva, encabezada por María Elisa Quinteros (MSC) y Gaspar Domínguez (INN), se reunió con representantes de cada colectivo para tratar, por primera vez de manera formal, los tiempos de trabajo de la Convención.

El objetivo de las autoridades apuntó a pedirles a los convencionales que redoblen sus esfuerzos por avanzar según el cronograma. En definitiva, que es importante que las comisiones puedan votar normas que tengan apoyos suficientes para que después en el Pleno alcancen el mínimo de dos tercios para quedar dentro de la nueva Constitución. Algunos hablaron de solicitar la prórroga al Congreso, pero otros lo ven inviable políticamente.

 

Martes 8 de febrero

La Comisión de Forma de Estado continuó con la votación en particular de las normas constitucionales. Entre otras cosas, se aprobó la organización institucional de las Regiones Autónomas, las que quedaron compuestas por un Gobierno Regional, una Asamblea Legislativa Regional y un Consejo Social Regional.

Uno de los que más llamó la atención fue la Asamblea. Según la propuesta aprobada, se trata de un órgano de representación "popular, colegiado, autónomo, plurinacional y paritario, dotado de potestades legislativas, resolutivas y fiscalizadoras en el ámbito de sus competencias, en conformidad a la Constitución y las leyes".

Algunos la llaman "Core 2.0", ya que tendría una composición similar al Consejo Regional que figura actualmente en la organización territorial, pero con cambios relevantes. Por lo pronto, se le sumarían escaños reservados.

Entre las nuevas atribuciones aprobadas por los convencionales de esta comisión, para dotar a las regiones de otras atribuciones, se incluyen disposiciones que les permitan a esas entidades cobrar sus propios tributos por medio de tasas y contribuciones.

 

En conversación con Pauta Final, de Radio PAUTA, la abogada Tammy Pustilnick (INN), una de las convencionales que integra la comisión, enfatiza que "no estamos propiciando un Estado Federal". "Nosotros estamos proponiendo un Estado Regional, que es un intermedio entre el Estado Unitario, que tenemos hoy día, y el Estado Federal", agregó. 

 

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) envió un oficio a la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, donde se señala: "Manifestamos nuestra preocupación en orden a que, para cumplir las fechas propuestas por la Mesa, se tenga claridad de los recursos involucrados en la Consulta Indígena [...] a la fecha, no se ha recibido en esta Secretaría de Estado ningún requerimiento formal ni específico asociado a incrementos de presupuestos para estos fines". 

Desde la Mesa dijeron que se estaba trabajando en una respuesta. Esto, a menos de una semana de que parta la etapa de los encuentros territoriales de la Consulta Indígena.

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Miércoles 9 de febrero

Según el cronograma elaborado por la Secretaría Técnica de Participación Indígena y presentado al Ejecutivo, el lunes 14 de febrero se debe iniciar la discusión territorial de la Consulta Indígena. Sin embargo, según dio a conocer PAUTA, aún no hay facilitadores capacitados ni está cerrado en qué lugares se organizarán las jornadas, ni hay definición clara sobre las fechas de los encuentros.

Además, desde los representantes de los Escaños Reservados también surgen distintas propuestas para complementar el proceso, e incluso algunos convencionales apuestan por tener una "consulta paralela".

 

La Comisión de Forma de Estado terminó de votar la totalidad de las indicaciones que habían sido ingresadas a las normas aprobadas en general. De esta manera, enviaron más de 30 artículos al Pleno, instancia donde necesitarán la aprobación de dos tercios de los convencionales para que sean incorporados en la propuesta de nueva Constitución que será sometida a un plebiscito de salida.

Jueves 10 de febrero

La Comisión de Sistema Político votó en general una serie de iniciativas populares y de pueblos originarios. La iniciativa popular de norma "Un poder legislativo en Chile de carácter bicameral", presentada por el ingeniero Miguel Lorca, que había conseguido 27.441 firmas en un tiempo récord durante el proceso de participación, fue rechazada por 13 votos en contra y 12 a favor del total de 25 integrantes de la comisión.

Se rechazó con los votos en contra de Pueblo Constituyente; Coordinadora Plurinacional; Frente Amplio; Partido Comunista; Movimientos Sociales; Rosa Catrileo (Mapuche) y Renato Garín (Independiente).

En tanto, votaron a favor los representantes de la UDI; RN; Evópoli; Colectivo del Apruebo; Colectivo Socialista; e Independientes por una nueva Constitución.

 

La Comisión de Derechos Fundamentales comenzó la votación del bloque dos de normas. Se lograron 146 votaciones, aunque de ellas fueron aprobadas apenas un poco más de un cuarto. Los temas: libertad de expresión, la propuesta de aborto -que fue la primera iniciativa ciudadana en alcanzar las 15 mil firmas- y también la libertad de emprendimiento. 

Varias de las normas aprobadas lograron dos tercios de los votos al interior de la comisión. Esto, luego de que se llegara a acuerdos para aprobar y rechazar, donde el Colectivo PS, el Frente Amplio e Independientes No Neutrales (INN) funcionaron como eje y lograron entendimientos con los convencionales del PC, del Colectivo del Apruebo, Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y los escaños reservados, entre otros. 

 

Viernes 11 de febrero

La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en general la norma "Derecho a la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas y Derecho de propiedad". Fue presentada por constituyentes del Frente Amplio e Independientes No Neutrales, e indica que la "Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Los bienes incorporales solo estarán amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley".

Convencionales de derecha manifestaron reparos a la norma. Bernardo Fontaine (Ind-RN), por ejemplo, señaló a PAUTA que "la Convención tramitará una débil garantía a la propiedad que, entre otras cosas, no establece forma de indemnizar las expropiaciones".

Además, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, afirmó que el rechazo de algunas normas "no significa que el tema se haya eliminado de la deliberación [...] puede haber otra propuesta que lo aborde de la misma manera". También añadió que "hay una segunda etapa que tiene que ver con las indicaciones [...] seguramente hay algunas partes que van a ser incluidas como indicaciones".  

Durante la jornada, además, fue aprobada una disposición que consagra que "El Estado reconoce la desposesión, usurpación, expoliación y despojo de las tierras, territorios y bienes naturales que han sufrido los pueblos y naciones indígenas". Y se alude a una "violencia estructural e histórica".

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