Nacional

Luis Cordero y cambios en la Contraloría: "Es una pésima señal institucional"

El experto en derecho administrativo critica que se movilice "a todo el sistema institucional para resolver, mediante la ley, un problema de relaciones personales".

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, Luis Cordero, Crédito: FerradaNehme

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, Luis Cordero, Crédito: Agencia Uno.

Por Marcela Gómez

Domingo 22 de diciembre de 2019

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Casi agotando los adjetivos para criticar el fondo y la forma de cómo se modificó la subrogancia en la Contraloría General de la República (CGR), el profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, Luis Cordero, listó las razones que hacen de este cambio "una pésima señal".

El abogado, que se desempeña en el estudio FerradaNehme, planteó que hacia futuro no solo es necesario debatir en su mérito una reforma integral a la CGR, sino evitar que la ley de reajuste del sector público (donde se incorporó el cambio) se convierta en una ley miscelánea con "modificaciones a normas permanentes que ingresan, por así decirlo, por la ventana". Esto, dijo, es lo que está ocurriendo también con las glosas del Presupuesto, que permiten "oportunismos legislativos".

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Por medio de una ley simple y transitoria, el Congreso consagró un cambio a la estructura interna de la Contraloría que está regida por una ley orgánica constitucional.

-¿Por qué critica que se haya incluido en el reajuste la norma que modifica la subrogancia en la Contraloría?

"Más allá del instrumento que se ocupa, es evidente que no hay ninguna razón pública para dictar esa modificación, sino que responde al conflicto entre el contralor y subcontralora. Lo que se está haciendo es movilizar a todo el sistema institucional para resolver, mediante la ley, un problema de relaciones personales. Es una pésima señal institucional en una república democrática, donde el poder debe ejercerse de forma impersonal y sujeto a rendición de cuentas".

"El contralor puede pedir este cambio. Me sorprende que lo haga, pero tiene que ver con la situación incómoda en la que está. Pero en los momentos en que los que estamos, donde se tienen que promover soluciones institucionales, esta norma es una pésima señal del Ejecutivo y el Congreso. Uno puede entender que Jorge Bermúdez y Dorothy Pérez están en un conflicto personal, pero no me parece razonable que el Ejecutivo y el Congreso asuman que tienen que dar una solución legal a ese problema".

-Tanto desde la CGR como desde el Congreso parecen considerar este cambio como menor, ya que señalan que se trata de aplicar las normas de subrogancia que existen en general en la administración pública.

"Este cambio tiene varios defectos técnicos. Se debe considerar que la subrogación opera por el ministerio de la ley en términos de jerarquía, que se mide por el grado. El jefe de servicio elige el orden de subrogancia en el entendido siempre de que a quien elige son funcionarios que están en el mismo grado. Por ejemplo, un ministro con dos o tres subsecretarios puede elegir entre ellos quién lo subroga y el orden en que lo harán, ya que tienen misma jerarquía. Pero no puede poner a un jefe de división".

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"Este cambio en la CGR se salta la regla elemental de la subrogación, que es la jerarquía. No se está trasladando, como se ha dicho, el sistema del estatuto administrativo a esa institución. Esto deja aun más en claro que esto se hace simplemente para resolver un conflicto personal, lo que es impresentable en términos institucionales".

"Lamentablemente, no es el único problema".

-¿A qué otras deficiencias alude?

"La Constitución establece expresamente que las materias de organización de la CGR, como esta, son de cuórum orgánico constitucional y el Congreso las votó como ley simple. Ese es el incentivo perverso de poner esto en la ley de reajuste, que como se vota a fin de año y contra el tiempo, se pone todo como ley simple para no pasar por el control preventivo del Tribunal Constitucional (TC). Es una especie de colusión entre el Ejecutivo y el Congreso para sacar la ley rápido, lo que es reprochable desde todo punto de vista".

-A su juicio, ¿cómo debería entonces haberse abordado esta situación? Se percibe que la convivencia entre el contralor y la subcontralora sigue siendo incómoda y eso afecta a la institución.

"Lo que se debe hacer es discutir el tema de fondo en su mérito. Después del fallo de la Corte Suprema [que ordenó reintegrar a la subcontralora] tenemos una preocupación muy atendible, porque pareciera tenemos un contralor que dura 8 años en el cargo y una subcontralora inamovible, que se mantiene hasta los 75 años de edad. Es evidente que esa es una regla que quedó defectuosa en la reforma constitucional de 2005, pero lo razonable es que se discuta en una reforma de la CGR y no en la ley de reajuste".

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"Con el cambio que se hizo ahora en el Congreso, la subcontralora solo puede ejercer como jueza de cuentas. Es una reforma orgánica de facto. Eso está en el corazón del debate sobre el gobierno corporativo de la CGR".

-¿Se trata, entonces, de avanzar en la reforma estructural ya anunciada?

"El tema de la estructura orgánica de la Contraloría y, en particular, su gobierno corporativo, todos entendemos que está pendiente. Tenemos que ver si vamos a mantener el modelo contralor-subcontralor, cambiar a un consejo o a un consejo presidido por un contralor".

Sobre esto el Gobierno tiene una propuesta, el contralor tiene la suya y también el Consejo de Modernización del Estado, que se creó de modo permanente en este gobierno, tiene la suya. Se trata de posiciones diferentes que deben ser miradas con cuidado, ya que todas tienen cierto grado de razonabilidad".

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-¿Hay alguna acción que se pueda adoptar  para corregir los errores que señala en este caso?

"Hay una jurisprudencia muy antigua del Tribunal Constitucional que dice que los defectos de forma en la tramitación de una ley no son suficientes para después declararla inaplicable".

"Hacia adelante, puede esperarse que los organismos con autonomía constitucional y los jefes de servicio pedirán que les resuelvan problemas orgánicos en la ley de reajuste. Me parece que lo que se hizo aquí no hay que repetirlo, porque la señal es muy, muy equivocada".

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