La participación de Guillermo Silva el pasado 9 de noviembre ante la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional (CC) fue su última actividad pública de prominencia como presidente de la Corte Suprema.
El Pleno de la Suprema ya fijó fecha para la elección de su reemplazante, el lunes 13 de diciembre, y quien asuma lo hará el 7 de enero de 2022. Desde ya, el nombre más posible para la sucesión es el del ministro de la Primera Sala Civil Juan Eduardo Fuentes Belmar. La razón: es quien tiene la mayor antigüedad en el máximo tribunal.
Silva termina así dos años de gestión marcados por cuatro hechos clave: las causas de derechos humanos derivadas del estallido social; el debut del sistema telemático del Poder Judicial por la pandemia del covid-19; la administración por parte de los jueces familia de las pensiones alimenticias por los retiros del 10% y el proceso constituyente.
La Comisión de Justicia de la Convención analiza realizar trasformaciones al Poder Judicial. Y quien suceda a Silva en la presidencia enfrentará los cambios que pueda decidir la CC.
Guillermo Silva ya adelantó a la Convención algunas posturas al respecto: separar las funciones jurisdiccionales de la Corte Suprema de las administrativas, además de mantener "la independencia judicial, inamovilidad, legalidad, imparcialidad, responsabilidad, autonomía e inexcusabilidad, principios que han demostrado ser contributivos para ese objetivo".
También, dijo, en una nueva Constitución se debería dejar por establecido cómo se aplica el derecho internacional de los derechos humanos. Y declaró que está en contra de la figura de abogados integrantes.

La Suprema y el TC muestran sus cartas a la Convención Constitucional
Guillermo Silva dijo que una nueva Constitución debería establecer cómo se aplica el derecho internacional de los DD. HH. Juan José Romero se manifestó en contra del voto dirimente en el TC.
El cargo dura dos años. Si el nombre Fuentes Belmar aparece como el más probable presidente del máximo tribunal, es porque la Corte Suprema tiene una tradición: votar para ese cargo a quien tiene la mayor antigüedad dentro del Pleno.
La tradición solo se interrumpió una vez. Fue en 1998, cuando el Pleno eligió a Roberto Dávila y no a Osvaldo Faúndez. Esa vez fue clave que el primero estuviera a favor de la Reforma Procesal Penal.
Juan Eduardo Fuentes Belmar (72) es uno de los cuatro ministros de la Corte Suprema que el Presidente Sebastián Piñera nombró en su primer gobierno. En su caso, fue ratificado por el Senado en septiembre de ese año y juró ante el Pleno en noviembre.
Cuando en 2011 fue nominado a la Suprema, era presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Fue uno de los ministros que investigó un caso emblemático de violaciones a los derechos humanos después del golpe militar: el homicidio del cantautor Víctor Jara en el Estadio Chile en 1973.
Fuentes ha hecho carrera en el Poder Judicial. Ingresó en 1974 como secretario del Juzgado de Letras de Yungay. Ha sido ministro en las cortes de Apelaciones de Chillán, Talca, Valdivia, Arica y San Miguel. A Santiago llegó en 2002, donde estuvo nueve años, hasta que llegó a la Suprema.

El mapa de nombramientos en la Corte Suprema de Lagos, Bachelet y Piñera
De 21 integrantes del máximo tribunal, uno ha sido nombrado por Lagos y seis por la exmandataria. Piñera cuenta con la mayoría de los actuales nombramientos, todos los cuales son ratificados por el Senado.
Otro cambio que viene en la Corte Suprema es la nominación de quién asumirá la vocería.
Actualmente, la vocera es la ministra Gloria Ana Chevesich. Si bien depende del Pleno si se mantiene en el cargo o se busca un nombre nuevo, la opinión de quien presida la Corte Suprema pesa en esa determinación.
De ahí que el nombre de la ministra de la Tercera Sala Constitucional Ángela Vivanco ya ha surgido como posible nueva vocera, porque tiene mucha sintonía con Fuentes Belmar.

La presidencia de Guillermo Silva en la Suprema en cinco momentos decisivos
Este 1 de marzo deberá encabezar su última ceremonia de inauguración del año judicial. La pandemia, la nueva Constitución y la relación con el TC han marcado su gestión.
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