Ángela Vivanco: “Si una persona es provida, no significa que sea de derecha y ultraconservadora”

Propuesta por la derecha y resistida por el PS, cumple un año como ministra en la Corte Suprema.

“Esta discordancia entre la identidad de género de una persona y su sexo biológico, en lo que consiste la transexualidad, implica para aquella estar en una situación que muchas veces le provoca una grave angustia. […] Queda en evidencia que la transexualidad o transgenerismo no refiere solo a preferencias o deseos, sino y mucho más, a una necesidad asociada con la identidad, la calidad de vida y los derechos”.

El párrafo es parte del fallo que redactó, en noviembre de 2018, la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Llevaba apenas tres meses en ese cargo y el máximo tribunal acogió, en forma unánime, un recurso de casación presentado por una persona trans y ordenó el cambio de sexo registral.

La resolución coincidió con la promulgación de la Ley de Identidad de Género, que entonces generó fuertes críticas de los grupos más conservadores. Y llamó especialmente la atención que en la mayoría -y la redacción- estuviera el voto la ministra Vivanco. Esto, porque cuando fue postulada por el Gobierno de Sebastián Piñera para integrar la Corte Suprema (respaldada por el oficialismo), fue tildada como ultraconservadora. Entre otros asuntos, patrocinó el recurso de protección que presentó la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde es profesora, en contra del Ministerio de Salud por el protocolo de objeción de conciencia institucional y personal para realizar abortos.

También hizo mucho ruido su pasado en política. Pese a que se ha dedicado a la academia por más de 20 años, en 1995 fue presidenta de la Unión de Centro Centro (UCC), partido que fundó Francisco Javier Errázuriz. Luego pasó a RN, donde antes de ser candidata -sin éxito- a diputada por La Cisterna-San Ramón, trabajó en el Instituto Libertad, ligado a ese partido.

A casi un año de integrar la Corte Suprema -fue ratificada el 4 de julio de 2018- hoy Ángela Vivanco es parte de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema, que tiene en sus manos decisiones clave para la ciudadanía, como temas de libertades públicas, derecho a la salud, medioambiente y, entre otros, decisiones sobre libre competencia: a fines de mayo fue parte del voto unánime que prohibió el acuerdo de Latam con American Airlines e IAG. Un tribunal que, además, está integrado por influyentes ministros, entre ellos Sergio Muñoz (presidente); Carlos Aránguiz y María Eugenia Sandoval. El quinto miembro es una vacante por llenar.

Los integrantes de la Tercera Sala también tienen sintonía en varios otros aspectos. Cuatro de sus cinco integrantes son los jueces en contra de quienes el abogado Isidro Solís -que representa a uno de los tres magistrados cuestionados de la Corte de Apelaciones de Rancagua- pidió su inhabilidad para integrar el Pleno que decidirá el próximo 21 de junio la expulsión de los ministros de la Región de O´Higgins del Poder Judicial. Esto, porque el 9 de abril, Muñoz, Vivanco, Aránguiz, Sandoval y Arturo Prado estuvieron por abrir un cuaderno de remoción en su contra para acelerar su exoneración, por lo que el defensor pensaba que habían omitido opinión previa. Sin embargo, la Corte Suprema raechazó la solicitud de implicancia.

La polémica por Quintero 

Vivanco postuló a la Corte Suprema en uno de los cupos para abogados externos, que no hicieron carrera judicial (corresponden a cinco de lo 21 integrantes del máximo tribunal). Y entró en reemplazo de Patricio Valdés, un juez que también había sido apoyado por la derecha en el Senado y que jubiló en febrero de 2018.

En el Senado obtuvo 30 votos a favor (necesitaba 28), ocho en contra de los senadores socialistas  Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Álvaro Elizalde, Rabindramath Quinteros y Carlos Montes; Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (MAS) y Juan Ignacio Latorre (RD). Ricardo Lagos Weber (PPD) y José Miguel Insulza (PS) se abstuvieron.

Sobre su primer año en la Suprema, Ángela Vivanco lo califica como “una oportunidad de aprender mucho. Yo venía de afuera, del mundo académico y profesional, y la visión que da estar dentro de la judicatura es distinta. En mi sala se ven cientos de temas, pues todos los recursos de protección llegan a mi sala. Ha sido una experiencia enriquecedora y un sistema de trabajo fuerte”, dice la ministra a PAUTA.

-¿Y cuánto cambió su visión del Poder Judicial al estar dentro?

“Cuando uno es abogado foráneo, está pendiente de una determinada causa o consulta. Pero cuando se es juez,  está viendo el pulso de las materias en cuanto la necesidad de los requerimientos de las personas. En muchísimas causas hay mucha angustia de personas que concurren a judicializar los temas porque no tienen otras formas de obtener respuestas. Y ese pulso social, que es la administración de justicia en global, se ve mucho más claro cuando uno está en un tribunal”.

Y añade: “Esta es una sala en la que se estudia mucho y en la que tenemos relatores muy preparados precisamente porque son temas de gran trascendencia, donde se tratan los derechos constitucionales de las personas. Y también de trascendencia institucional, porque comprometen intereses colectivos, del Estado y la fe pública”.

La Tercera Sala, además, es uno de los tribunales que el Gobierno, el Congreso y los académicos del derecho siempre tienen en la mira por sus fallos. El último fue del 29 de mayo pasado, cuando en forna unánime acogió 10 de los 12 recursos de protección presentados por los habitantes de Quintero y Puchuncaví por la crisis provocada por los episodios de contaminación.

Se trata de una resolución en la que los jueces ordenaron al Estado -dándole plazos de cumplimiento- cambiar el Plan Regular de Quintero y cumplir con 15 medidas para evitar nuevas crisis de contaminación.

El fallo fue considerado “histórico” por la cominidad afectada, pero también generó críticas desde Gobierno. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo esa vez que ese fallo “está en el límite de lo que se puede hacer”, mientras que Andrés Chadwick, ministro del Interior, señaló en La Tercera que en el Ejecutivo “respetamos y cumplimos los fallos de la Corte Suprema” y, al mismo tiempo, que “hacemos ver que hay políticas públicas que son responsabilidad del Presidente”.

Isapres y el cobro por hijo

No es todo. Vivanco fue parte del Pleno que el 26 de abril acordó que las sentencias condenatorias en en el caso Norín Catrimán perdieron sus efectos, lo que implicó que la Corte Suprema reconociera también la jurisdicción de la Corte Interamerciana de Derechos Humanos, que en 2014 condenó al Estado chileno por discriminar en una sentencia al pueblo mapuche y no respetar el debido proceso. Se trata de una causa que abrió una fuerte debate jurídico en Chile por las competencias del tribunal internacional. Son alcances que la magistrada ha explicado junto con el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito.

Hoy en su sala, la ministra Vivanco no solo ha coincidido en su visión en temas de medioambiente con el presidente de esa instancia, Sergio Muñoz, de quien muchos abogados que litigan en la Corte Suprema pensaban que ella sería su contrapeso. También han tenido la misma postura en derecho a la salud. Por ejemplo, son parte de los supremos que desde 2018 han empezado a correr la vara en materia de salud, acogiendo recursos de protección en contra de Fonasa en caso de enfermedades raras con tratamientos millonarios y ordenando al Estado costear los medicamentos pese a que esas patologías no están contenidas en la Ley Ricarte Soto. 

El argumento de los jueces es que el derecho a la vida está por sobre cualquier legislación, lo que también ha generado críticas.

En el casi de las isapres, Vivanco tiene cinco resoluciones en contra de las asesguradoras sobre un tema específico: ha resuelto en contra de las isapre cuando hay cobro adicional por hijo nacido, pues su sala estima que se está cobrando dos veces. Explica la ministra a PAUTA: “Esto es porque una parte importante de las prestaciones de los hijos, cuando nacen, son prestaciones neonatales que están cubiertas por el GES. Entonces, si yo cobro más porque tienes un hijo, tú ya estás pagando el GES que tiene las prestaciones neonatales. Y nosotros dijimos que no procede el doble cobro”.

De Muñoz ha discrepado en otras áreas, como ocurre con las atribuciones de la Contraloría y el caso de la subcontralora Dorothy Pérez. Si bien se ordenó en forma unánime -en diciembre de 2018- la reintegración de la subcontarlora, los supremos tuvieron matices. 

El consenso de la sala se rompió al momento de determinar si Pérez debía ser reincorporada exctamente en su mismo puesto. El voto en contra fue de los ministros Muñoz y Sandoval: consideraron que era perjudicial, pues ya había sido nominada abogada María Soledad Findt. Vivanco, Aránguiz y Prado estimaron que Pérez debía volver de inmediaro a ser subcontralora.

También, en otras causas de transparencia, han votado en forma disímil. Pero -admite la ministra Vivanco- “con el ministro Muñoz tengo bastantes coincidencias en los temas de salud y medio ambiente”.

“Siempre la gente es materia de prejuicios”

La oficina de la ministra Ángela Vivanco está en el tercer piso del Palacio de Tribunales. Recibe mucha luz y su ventana da hacia la Plaza Montt Varas. Está rodeada de libros. No todos son de derecho. Muchos son de sociología, medicina, bioética, trasplantes de órganos, fecundación asistida e, incluso, hay uno sobre “El animal como sujeto experimental“. A la entrada tiene una colección de miniaturas de edificios del mundo. Las adquiere cada vez que viaja.

-Cuando la propusieron para la Corte Suprema, fue tildada de “ultraconservadora” por su postura contra el aborto. ¿Qué opina de esa visión un año después?

“Esas críticas provienen solo de gente que no me conoce y que se hizo un estereotipo. Porque quienes me conocen saben que nunca me he desempeñado ni jurídica ni académicamente respecto de una tendencia. Que yo tenga ideas políticas no significa que haya operado al servicio de la política. Siempre he sido lo más ecuánime posible y lo que me parece bien o mal tiene que ver con la formación jurídica. Es por eso es que yo puedo coincidir perfectamente con personas que desde un punto de vista político opinan A o B”.

Y agrega: “Milité en política hace muchos y estuve más de 20 años libre de política justamente para ser libre académicamente. Entonces, cuando te dicen ‘usted es ultraconservadora’ o ‘usted es una persona que defiende tal cosa o tal otra’, significa que no te conocen y que se han ceñido a un estereotipo. En ese tiempo [cuando la criticaron], respondí que ese tipo de razonamientos no me ofendía, porque me pillaba tan lejos de lo que soy. Yo no soy una persona ultraconservadora ni en contra de los derechos de las mujeres. No soy alguien que vaya discriminando por la vida. Nunca he considerado estar al servicio de empresas. Y si bien he tenido de clientes empresas, y he estimado a veces que tal empresa X, Z o S pude tener razón, nunca he estado al servicio de alguna operativa”.

-¿Sintió que hubo prejucios?

“Siempre la gente es materia de prejuicios cuando llega a una determinada posición. Y cuando uno está postulando a un cargo importante, tiene que aceptar que haya gente que tiene prejuicios y que lo evalúe a uno cómo se viste, o cómo dijo tal cosa o en un caso determinado. Por eso, cuando decían todo eso de mí, respondí: ‘No soy esa, no me complica y ya verán en mis fallos que yo soy una persona que no está abanderizada bajo ninguna circunstancia ni tendencia políticas ni con servir a un determinado estamento de la sociedad’. Yo tengo que servir a las personas, particularmente a las más desprotegidas, porque son las que más necesitan la administración de justicia”.

-¿Pesó su posición en contra del aborto?

“Otro prejuicio. Porque que una persona sea provida, ni significa que sea necesariamente de derecha y ultraconservadora. Es una persona provida. Y uno puede coincidir con personas muy diferentes que son provida y, al revés, convivir con personaS muy distintas que son promedioambiente. Entonces, es tratar de construir un personaje sobre un caso. Y eso me parece que es un error, y una simplificación de una persona”.

La Suprema y las políticas públicas

-Hay varios casos en que la Tercera Sala ha fallado en forma distinta a como lo habría hecho años atrás. ¿Cree que hay “nuevos derechos”? 

“El establecer derechos garantizados es una construcción jurídica sobre la base de principios que no son necesariamente normativos. Por ejemplo, la existencia de una dignidad humana, de que sobre el ser humano debe regir un principio de igualdad y de que de esa dignidad emana un derecho, son principios prenormativos, que están en la filosofía, en el espíritu de cualquier régimen democrático. Pero cuando hay derechos garantizados, eso se materializa y se dan herramientas para que las personas estén cubiertas y protegidas. Eso es un proceso histórico, en que parten garantizándose primero unos derechos y después otros. Y es un desarrollo que se va dando progresivo en el que cada vez se van sumando más derechos que uno podría llamarles nuevos y no tan nuevos”.

-¿En qué sentido nuevos pero no tan nuevos?

“Porque quizás son nuevos en su tratamiento y porque nunca antes se trató el tema o se dio el escenario específico. Pero, en el fondo, derivando de grandes principios que siempre han estado. Por ejemplo, si hoy hablamos de derechos de los pacientes no es que esas personas antes no hayan tenido derechos, sino que tenían estos derechos generales. Pero el estatuto de los derechos de los pacientes hace una especificación de los derechos de esas personas y lo que se necesite. Idéntico pasa con los derechos de los niños, las personas con discapacidad. Son derechos generales pero con estatuto más detallado. Y eso es un desarrollo jurídico no solo de los tribunales, sino también constitucional, desde el punto de vista del legislador. Es un desarrollo histórico”.

-En el caso de las enfermedades raras cuyos medicamentos el Estado no paga porque no están dentro de la Ley Ricarte Soto, su sala ha fallado diciendo que el derecho a la vida contenido en la Constitución está por sobre todo. Y los han criticado por ir más allá de ley que existe.

“Uno va interpretando la Constitución y, de una manera, midiendo qué tan importante es frente a las leyes que la pormenorizan. Idealmente, las leyes tienen que garantizar de modo adecuado la salud y la vida de las personas. Pero si esto no es así y una persona se ve en un predicamento tal que su vida no tiene modo de ser protegida si no es constitucionalmente, evidente que ahí nace la necesidad del juez de decir ‘bueno, yo no puedo dejar de hacer valer la Constitución, porque este es un mandato a todos los órganos del Estado’. Y la Constitución mandata sobre los jueces, los legisladores y el Ejecutivo. Y, en consecuencia, yo no puedo hacer políticas públicas diciendo ‘esto se va a hacer así, de este modo, con estos porcentajes’. Pero sí puedo dar cautela urgente a una persona que de otra manera se va a morir. Y esos son los casos que nosotros vemos. Nosotros no decimos ‘usted tiene que hacer esto de esta manera o qué medicamento es el que tiene que dar, pero si llega el caso de una persona que de otra forma se muere, y si eso se comprueba, lo que se ha hecho es otorgarle cautela urgente. Sin perjuicio de que en el funcionamiento ordinario, cada gobierno y Estado dé las políticas públicas que estime”.

-En algunos casos, entonces, se interpreta la Constitución. ¿Eso es para todas las leyes? ¿Es cierto que hay jueces que son ‘literales’ y otros que las interpretan?

“Las leyes siempre se interpretan para aplicarlas. No hay ningún modo de aplicar la ley a rajatabla, salvo que se estuviera en presencia de una ley muy sencilla y que tuviera una dimensión muy limitada. Porque, en general cualquier, ley tiene que ser interpretada. No existe ley que sea a rajatabla, ciegamente. Ahora, el punto es que como el recurso de protección es una cautela urgente, es un procedimiento de urgencia. Y lo que uno hace es decir: ‘Con las herramientas legales de hoy, ¿se cubre esa necesidad urgente o no?’. Porque, como acabo de decir, en temas como el derecho a la vida, si no se cumple significa que la persona se muere. Entonces, en ese momento uno tiene que decir que si la legislación no alcanza a llegar al estándar que la Constitución propone, que es un estándar mínimo para que la persona se mantenga con vida, tendrá que primar la Constitución. Pero la labor interpretativa se está haciendo siempre. No es solo en estos casos”.

-En fallos como el de Quintero, la Suprema dijo que hay un abandono histórico del Estado y dio plazo a la autoridad para cumplir. ¿Qué piensa de las críticas respecto de los jueces se sobrepasan y que imparten políticas públicas?

“Las políticas públicas son formas en que el Gobierno decide desarrollar sus deberes, prioridades, tiempo, instrumentos y presupuestos. Son un tema extendido que tiene que ver con la labor de Gobierno y este decide qué prioriza y qué no, qué proyectos va a impulsar primero, etcétera. Y nosotros no le decimos al Gobierno ‘usted tiene que impulsar tales proyectos, gobernar de tal manera o poner a tales personas a cargo’. Cuando se resuelve uno o varios recursos de protección, como es el caso, es que uno dice que de acuerdo a la situación gravísima que se ha producido de cara al medioambiente, salud de las personas, etcétera, nosotros no vamos a enmendarles la plana a las políticas públicas ni nos corresponde. Pero sí les vamos a pedir a los entes que están a cargo que, en un plazo que nos parece prudencial, resuelva la problemática esencial de este caso. Y en esa problemática esencial ha quedado en evidencia que hay elementos en que se ha avanzado y en otros falta. Eso no una recriminación ni un condena, sino sencillamente decir que falta un avance, que ha habido una moratoria histórica pero falta un avance que nosotros consideramos sustantivo para el medioambiente, para la salud, para la seguridad de las personas. Y creemos que es prudencial pedir que esto se haga en el plazo de un año”.

-¿Este tipo de fallos corresponde a los “nuevos derechos”?

“No tiene nada que ver con nuevos derechos, pues están en la Constitución desde que empezó su vigencia, como el vivir en un ambiente libre de contaminación. El derecho a la salud, la vida y la integridad han estado siempre. De tal manera que no hay una variedad de derechos que nunca hayan surgido”.

-Entonces, ¿por qué se critica a su sala por ir supuestamente “más allá”?

“Hay que preguntarles a los críticos y si es que se han leído los fallos. Porque yo me he topado con críticas de gente que no los ha leído. Entonces, se quedan con un titular. Lean para criticarlos, porque tienen todo el derecho a hacerlo. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es solucionar problemas que tienen urgencia, entregando medidas que los jueces puedan proponer y no diciéndole al Gobierno que gobierne de este modo o a los legisladores que legislen de tal modo, sino que diciendo ‘por favor, dado que en este proceso ha quedado constancia múltiple de evidencia de estos problemas, asúmalos desde el punto de vista sectorial que le corresponde y procure resolverlos dentro de un año’. Porque eso es lo que nosotros les podemos ofrecer a los requirentes. No se trata de enmendarle la plana al Gobierno ni ponernos nosotros a gobernar, prqueo hay ni esa pretensión ni tenemos esa facultad. Ni lo pretendemos ni podemos”.