En 2004, el abogado Jorge Gálvez Santibáñez (46) fue parte de uno de los juicios más complejos de la década de los 2000: el caso Spiniak. En ese entonces, Gálvez era parte del estudio Albagli-Zaliasnik, donde con el penalista Gabriel Zaliasnik asumieron la representación de la UDI en el proceso que investigaba el actual ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. Fue uno de los partidos políticos -entre ellos la DC, el PS y el PPD- que se hicieron parte en la causa a través de la presentación de querellas en contra de Claudio Spiniak.
Ahora Gálvez se ha puesto el traje ante otro caso de amplia repercusión pública. Será el abogado que defenderá al Presidente Sebastián Piñera en la acusación constitucional en su contra luego de la difusión de los Pandora Papers que reveló detalles de la venta de minera Dominga.
El caso será tramitado durante estas semanas en la Cámara de Diputados.
La carrera
Jorge Gálvez partió en Albagli-Zaliasnik como procurador mientras cursaba tercer y cuarto año de leyes. En quinto año de su carrera se retiró, pues lo eligieron presidente de la Escuela de Derecho de la UC.
Cursó un doctorado en derecho en la Universidad Pompeu Fabra, en España, y a su regreso a Chile fue director de Derecho Penal en la Universidad Andrés Bello. En ese entonces proyectaba su carrera como académico, pero luego regresó a Albagli-Zalianik, esta vez como abogado asociado.
Además del caso Spiniak, en ese estudio Gálvez fue parte del equipo liderado por el penalista Francisco Veloso que trabajó en la defensa del expresidente de Perú Alberto Fujimori ante el proceso de extradición desde Chile a ese país.
En 2006, el penalista abrió su propio estudio en calle Merced: Gálvez y Cía. Allí estuvo hasta 2015. Un año después se asoció con José Miguel Gana, especialista en libre competencia, y fundaron Gana & Gálvez.
El estudio tiene tres áreas de práctica: libre competencia, litigación civil y litigación penal. Gálvez encabeza el área penal, y sobre todo se concentra en causas penales económicas.
Política
Oposición presenta libelo de la acusación constitucional contra Piñera
Los integrantes de la comisión revisora ya están definidos. Requiere de 78 votos para ser aprobada en la Cámara. Votación está prevista entre el 5 y 8 de noviembre.
En el área constitucional
Aunque Gálvez ha enfocado su carrera en casos penales de alta complejidad, también ha incursionado en otras materias. El 12 agosto se anotó un triunfo, aunque con escaso margen, cuando la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional que parlamentarios de oposición presentaron en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Hubo 73 votos a favor y 77 en contra.
Fue la primera experiencia de Gálvez en una acusación constitucional. Es amigo de Figueroa desde la Universidad Católica, pues son de la generación de la Escuela de Derecho que egresó en 1997. Es la misma cohorte de donde salieron Gonzalo Fuenzalida, diputado RN, y Paola Tapia, exministra de Transportes de Michelle Bachelet. Gálvez regresó a las aulas de esa misma escuela, pero ahora como profesor de derecho penal.
En 2018, 25 abogados -de posturas políticas transversales- suscribieron una carta en que criticaron la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller. Fue un libelo que promovieron parlamentarios del Partido Comunista, el Frente Amplio y algunos de la ex Nueva Mayoría y que, finalmente, no prosperó. Gálvez era uno de los firmantes de la misiva.
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Penalistas consultados por PAUTA señalan que alegar cosa juzgada y prescripción son las vías más posibles. Pedir el sobreseimiento definitivo también, pero ninguno lo haría en este momento.
Sus casos penales
En los últimos 20 años, Jorge Gálvez ha estado tras varias causas complejas de connotación pública. En el caso Inverlink representó a Javier Moya, de BBVA Corredores de Bolsa Limitada, hasta que la causa llegó a la Corte de Apelaciones. En el caso EFE defendió a Claudio Carreño, exgerente de administración y finanzas.
En 2012, fue uno de los querellantes en la causa contra Luciano Pitronello, quien fue condenado a seis años de libertad vigilada por instalar un artefacto explosivo en una sucursal del Banco Santander en calle Vicuña Mackenna.
En la causa de Pitronello, Gálvez fue el abogado de Santander. Y también fue representante del banco como querellante en el caso La Polar. Ha sido contratado en varios procesos por el BancoEstado.
El penalista también estuvo en los casos Penta y SQM. No defendió a políticos, sino que representó a varios de los imputados que fueron contactados para la emisión de boletas.
Actualmente, Jorge Gálvez es abogado en otras dos causas de connotación pública. En el caso Luminarias representa a la Municipalidad de Valdivia, y también es representante de las agencias de turismo que son investigadas por el fiscal José Morales por la venta y devolución de pasajes a altos funcionarios del Ejército, entre ellos el general (r) Humberto Oviedo.
Aunque la causa fue sobreseída en 2017, el fiscal nacional Jorge Abbott abre una carpeta de oficio para indagar eventuales delitos de cohecho, soborno y tributarios. La Fiscalía dice que hay antecedentes nuevos.
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Por qué la Fiscalía abre una arista penal contra Piñera por la venta de Minera Dominga
La acusación constitucional contra Piñera
Ahora el penalista asumió la defensa de Piñera en la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por diputados de oposición y que, para ser aprobada, necesita 78 votos en la Cámara de Diputados.
Tras las notificación al Presidente del libelo, su defensa tiene 10 días de plazo para responder a los cargos. Luego, la comisión encargada de revisar el origen de la acusación tendrá seis días para despacharla a la Sala de la Cámara. Por ello, se prevé que la votación será entre el 5 y 8 de noviembre.
Los nombres de esa comisión -cuyos votos no son vinculantes- fueron sorteados. Sus integrantes son Raúl Florcita Alarcón (IND), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (IND), Virginia Troncoso (IND) y Paulina Núñez (RN).
El libelo constitucional es uno de las dos casos que tiene Sebastián Piñera tras los Pandora Papers. El otro es penal: la investigación que abrió la Fiscalía para indagar eventuales delitos de cohecho, soborno y tributarios por la venta de Dominga en 2010. En esa arista lo defendió en 2017 el penalista Juan Domingo Acosta.
La Cámara de Diputados aprobó la acusación. Ahora es el Senado quien definirá si el Mandatario debe dejar su cargo.
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