La mano de Sergio Muñoz en la estrategia de la Suprema para enfrentar la crisis en Rancagua

Tras las medidas de transparencia anunciadas por Haroldo Brito, también está el Comité de Modernización que preside Muñoz.

Tras la crisis en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la que tres jueces están suspendidos y uno de ellos formalizado, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, informó este jueves 9 de mayo de una serie de medidas de probidad y transparencia para el Poder Judicial y su Corporación Adiministrativa (CAPJ). Entre ellas se cuenta que, en adelante, todos los jueces del país deben llevar una agenda pública para que se conozca con quiénes se reúnen y qué temas tratan.

En estas medidas, así como en otras actuaciones relevantes que ha realizado la Suprema en respuesta a la crisis en Rancagua, ha sido el ministro Sergio Muñoz quien ha trazado visiblemente un camino de mayor influencia. Su mano para enfrentar la crisis es evidente.

Respecto de los anuncios de Brito, hasta ahora la agenda pública estaba reservada solo para quien ejerce como presidente de la Corte Suprema. Pero tras la medida anunciada por su titular, la práctica se extenderá para todos los supremos, ministros de cortes de Apelaciones, jueces orales y de garantía, fiscales judiciales, jueces de policía local y de letras, administradores de los juzgados e, incluso, para los ministros de tribunales especiales, como es el caso de los ambientales, de Libre Competencia, Propiedad Industrial y Tribunal de la Contratación Pública.

En el acuerdo sobre las medidas, el ministro Hugo Dolmestch fue el único que se opuso -como se lee en el acta del máximo tribunal- al establecimiento de la agenda pública aplicable a todas las autoridades judiciales. La razón, dice el documento, es que “estima que esta regulación excede los términos de la ley orgánica respectiva al no tener esta Corte Suprema las facultades legales y reglamentarias para ello”. Y añade: “El disidente cree, además, que lo pretendido en esa materia es impracticable y que, aun de serlo, sus efectos serán contrarios a los deseados por todos y que se contienen en las innumerables declaraciones en orden a acercar la justicia a la gente, especialmente los más vulnerables. Lo anterior porque limitándoles por esa vía la posibilidad de acceder a la persona de los jueces y autoridades reseñadas, provocará una mayor distancia entre éstos y la comunidad, a la que nos debemos”.

Revise el documento acá:

No es todo. Entre las iniciativas también se implementarán las audiencias públicas en los concursos en las cortes de Apelaciones del país, en las que los candidatos deban exponer tal cual lo que hacen los abogados externos que postulan a la Suprema. Esto, además de aumentar la publicación de documentos -como los fallos- que ya tiene el Poder Judicial.

Entre los nuevos documentos que ahora serán públicos -la implementación de todas las medidas será de aquí a seis meses- serán todas las decisiones de los presidentes y de los plenos de las cortes de Apelaciones; decisiones respecto de concursos y sus reclamaciones respectivas y determinaciones de jueces de primera instancia, entre otras.

Pero también, en adelante, si un ministro se ausenta de una sala -por ejemplo, por estar en comisión de servicio-, debe detallar por qué no asistió al tribunal y la misión que cumple fuera.

Brito dio a conocer todas estas medidas en el edificio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), a pocas cuadras del Palacio de los Tribunales. Esto, pues las inciativas de transparencia que anunció relativas a los jueces concidieron con la agenda de probidad que a su vez entregó el Consejo de la CAPJ.

Para este organismo -que está a cargo de los dineros de la judicatura-, las principales disposiciones son la apertura de un canal de denuncias para sus funcionarios, que operará de formar anónima y confidencial, y la confección de un manual de buenas práticas para prevenir delitos.

El pleno y la comisión

Si bien las nuevas medidas sobre transparencia y comportamiento al interior del Poder Judicial se anunciaron ahora, el paquete de propuestas proviene del documento -que se presentó en el Pleno de la Suprema del pasado 26 de abril y se firmó el 8 de mayo- elaborado por el Comité de Modernización de la Corte Suprema que preside el ministro Sergio Muñoz.

Aunque el Comité de Modernización opera desde 2016, la entrega de las medidas de transparencia coincide con la crisis en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El grupo liderado por el influyente magistrado -fue presidente de la Suprema entre 2014 y 2016- está integrado también por las ministras Rosa Egnem, Rosa María Maggi (quien está a cargo de la investigación por tráfico de influencias a los jueces de la Región de O´Higgins), María Eugenia Sandoval y el también supremo Carlos Aránguiz. Estos dos últimos, además, integran la Tercera Sala Constitucional que preside Muñoz.

Esta no es la primera vez que Muñoz interviene en el caso de la Corte de Rancagua. Como presidente subrogante de la Suprema -y mientras Brito se encontraba fuera del país-, fue el primer ministro del máximo tribunal en referirse a la situación. Así, el 5 de abril, en una ceremonia de juramento de nuevos abogados, en su discurso llamó a denunciar conductas irregulares en el Poder Judicial. 

Además, el ministro fue uno de los protagonistas del pleno de la Corte Suprema del pasado 17 de abril en el que cinco ministros -los integrantes de la Tercera Sala María Eugenia Sandoval, Arturo Prado, Ángela Vivanco y Áranguiz- que se removiera a los jueces de Rancagua Emilio Elegueta, Marcelo Albornoz y Marcelo Vásquez.

La moción fue rechazada en por nueve votos contra ocho en un polémico pleno, en el que finalmente la mayoría optó por esperar que la ministra Maggi termine su investigación.

Entre los ocho votos a favor de la expulsión, a los cinco ministros de la Terera Sala se sumaron Gloria Ana Chevesich, Manuel Valderrama y Ricardo Blanco. Todos ellos estuvieron por abrir de oficio un cuaderno de remoción.

Se trató además de un polémico Pleno cuya acta acaba de ser publicada por el Poder Judicial. En el documento es posible revisar el duro debate que se dio entre los magistrados.

De hecho, en las prevenciones de quienes “perdieron” su voto, los ministros de la Tercera Sala suscribieron su opinión sobre sus razones para pedir la remoción.

Entre el lenguaje jurídico, destaca un párrafo en especial que revela sus motivos: “[…] Los hechos investigados en la actualidad por la ministra en visita extraordinaria señora Maggi, revelan que es necesario abrir este expediente, por constituir hechos de extrema gravedad, tanto por su entidad, como por su carácter excepcional respecto de los jueces de Chile. Estas conductas tienen que hacernos reaccionar y hacerlo a tiempo, entregando un claro mensaje a la comunidad, por ser los tribunales quienes tienen la función de proteger la probidad, ética y dignidad de los magistrados de nuestro país, con mayor razón el máximo tribunal ordinario del Estado, de cara a la ciudadanía y con plena transparencia”.