Minutos antes de lo esperado la Cámara de Diputados inició la votación de la iniciativa que aporta parte del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), aunque la mayor sorpresa fue que se retirara la solicitud de votar por separado el informe que había despachado a la Sala la Comisión de Hacienda.
En un principio se pretendía separar el financiamiento vía exenciones, propuesto por el Gobierno, del complemento a través del impuesto patrimonial (conocido como impuesto a a los superricos) planteado por diputados de la oposición. Esto debido a que las autoridades habia hecho reserva de constitucionalidad, dado que se trata de una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
Con todo, la votación fue unánime entre los diputados que asistieron a la sesión de la Sala (tal como ocurrió con el proyecto de PGU el lunes 3 de enero): 130 votos favorables recibió la iniciativa de financiamiento en su conjunto. En representación del Gobierno, el ministro Rodrigo Cerda intervino en el hemiciclo y reiteró la reserva de constitucionalidad.
⚠️| El proyecto también incluye el financiamiento a través del "impuesto a los superricos". A pesar de que el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad, descartaron ir inmediatamente al Tribunal Constitucional, esperarán la tramitación en el Senado. @Pauta_cl
— Carlos Agurto Lovera (@AgurtoLovera) January 10, 2022
Terminada la sesión, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa se refirió a el eventual requerimiento que podría presentar el Ejecutivo al Tribunal Constitucional y adelantó que esperarán la discusión que comenzará sobre este proyecto en el Senado.
"Nosotros antes de entrar en esa línea vamos a esperar y vamos a ver cómo se avanza en el Senado. […] Tenemos confianza de que no solo el Senado va a considerar que se trata de un asunto inconstitucional, sino que los senadores van a tener la visión relativa a esta reflexión: cuando sean Gobierno no les va a ser fácil haber tenido este comportamiento previo", indicó Ossa.
Para el ministro Segpres, el uso de atribuciones que no les corresponden a los parlamentarios, como ingresar iniciativas relacionadas a materias tributarias, quitará validez a futuras discusiones en caso que la futura nueva oposición (actual oficialismo) realice las mismas prácticas.
Más allá del debate sobre el financiamiento, el ministro Cerda dijo que la votación unánime "quiere decir que tenemos un muy buen proyecto que está avanzando y yo creo que también muestra que tenemos todos, tanto Gobierno como oposición, el interés de pagar lo antes posible". De hecho, la idea del Ejecutivo es que el pago a beneficiarios comience en febrero.

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El financiamiento ha sido el gran nudo en la discusión sobre la Pensión Garantizada Universal. La tensión aumentó luego del informe del Consejo Fiscal Autónomo que llamó al Ejecutivo a revisar justamente el financiamiento.
Esta mañana y tal como informó PAUTA, el Presidente electo Gabriel Boric dijo que durante esta semana enviarán al Gobierno una serie de ideas para que se pueda asegurar el financiamiento de la PGU.
En el Congreso, y luego de la votación, los diputados de la oposición destacaron el avance del proyecto y su despacho al Senado con el impuesto a los superricos. El objetivo para algunos parlamentarios es que en la Cámara Alta se pueda desatar este nudo.
El diputado Boris Barrera (PC) dijo que "esperamos que en el Senado se siga avanzando en asegurar el financiamiento completo de este proyecto de ley". Por su parte, el diputado Marcelo Díaz (UNIR) reiteró que la PGU "es un proyecto desfinanciado presentado por el Ejecutivo, que negó esa afirmación durante toda la semana pasada".
Alexis Sepúlveda (PR) agregó "hoy día el proyecto se podría demorar por la acción del Ejecutivo, no por la acción de la Cámara de Diputados o del Senado. Solamente es el Ejecutivo el que tiene la manija para poder avanzar y que este proyecto sea una realidad a pago en el mes de febrero".
El financiamiento pasa al Senado en su segundo trámite constitucional y se suma al proyecto de PGU que también se encuentra en la misma corporación, pero siendo revisado por la Comisión de Trabajo.

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