Política

Nacionalización de firmas mineras: comisión aprueba norma y gremios anticipan menor inversión

La idea aprobada -en general- en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención profundiza ideas de la época de Allende.

La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general una norma que establece la nacionalización de empresas mineras.

Las normas polémicas tuvieron el respaldo de 11 de 19 convencionales en la Comisión de Medio Ambiente. Créditos: Agencia Uno

Por Paul Follert

Martes 1 de febrero de 2022

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"Queremos un control planificado estratégico de la gran minería, donde podamos controlar todo el proceso productivo", señaló Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) minutos después de que la Comisión de Medio Ambiente aprobara en general una iniciativa que busca nacionalizar las empresas mineras. 

Olivares es una de las autoras de la propuesta denominada "Norma por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir", la cual fue firmada por convencionales de Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional. 

La norma establece la nacionalización de los bienes naturales de carácter estratégico, entre los que se fijan el cobre, litio, el oro, la plata y el uranio, entre otros. En ese contexto, se señala que "toda planificación, exploración y explotación de bienes estratégicos se desarrollará considerando su impacto sobre las fuentes hídricas, territorios, comunidades y trabajadores afectados, debiendo la valoración ecosistémica de tales impactos".

Respecto de la exploración, agrega que "deberá realizarse en estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes, en particular, el derecho al consentimiento previo, libre e informado respecto de decisiones que afecten sus territorios o su supervivencia como pueblos".

En esa misma línea, hubo artículos que encendieron las alarmas en el gremio de empresas mineras. Particularmente, aquel artículo que establece lo siguiente: "El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tienen el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas [...] Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes". 

Es un reminiscencia directa de la reforma impulsada por Salvador Allende en 1971, de nacionalización del cobre. Decía aquella reforma: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y imprescriscriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los sales, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales". La propuesta de la UP tuvo entonces el respaldo unánime del Congreso.

La Constitución de 1980 cerró esos espacios y le dio robustez al derecho a la propiedad privada, comentó el abogado constitucionalista Jaime Gajardo (PC) a WatchDog PAUTA. Según Gajardo -recién designado subsecretario de Justicia de Gabriel Boric- esos refuerzos ocurrieron porque los constitucionales de aquella Carta Magna no querían que se repitieran procesos como la Reforma Agraria o la nacionalización del cobre que habían afectado a dicha garantía. 

No obstante, el artículo 19, numeral 24, de la actual Constitución, dispone lo siguiente: "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas". 

En la presentación de la norma, la convencional Olivares recordó la reforma de 1971. "El año pasado se cumplieron 50 años de la nacionalización del cobre, hecho histórico que el presidente Salvador Allende calificó como quizás el acto más importantes desde nuestra independencia nacional, aquel 11 de julio fue nombrado como el día de la dignidad nacional".

En tanto, su compañero de comisión Pablo Toloza (UDI) señaló que "en el año 71, cuando fue nacionalizado el cobre, el Estado solo tenía el 50% de las empresas mineras. Estamos hablando que en esa época se producían alrededor de 600 mil toneladas, en la actualidad son más de 5 mil, estamos hablando de dimensiones totalmente distintas. Hay que recordar que en esa época el país también, producto del no pago, tuvo cesaciones de pago, fue embargado".

Respecto de las concesiones de explotación y exploración de las empresas, la norma votada en la Comisión de Medio Ambiente en la Convención señala que estas concesiones "cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización. La nacionalización se extenderá a los bienes de terceros, de cualquier clase, directa y necesariamente destinados a la normal explotación de dichas actividades y empresas".

La propuesta fue aprobada por 11 convencionales, con seis rechazos y dos abstenciones. En esta etapa basta que la mayoría absoluta dé su apoyo para que la norma sea aceptada en la votación general.

Mayoría aprueba norma de nacionalizar empresas mineras.

Asimismo, se aprobó una disposición transitoria donde se indica que, "debido al interés de los pueblos de Chile y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, nacionalízanse y decláranse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional".

Para aquello, la norma señala que habrá un plazo máximo de un año desde la promulgación de la nueva Constitución, para que el Estado tome posesión "inmediata" de los bienes, en la oportunidad que determine el Presidente de Chile.

Esta propuesta fue aprobada por 11 de los 19 convencionales de la comisión.

Votación de disposición transitoria de expropiación de bienes de empresas mineras.

Gremio minero critica la propuesta

La propuesta fue aprobada en general, lo cual quiere decir que aún falta votación en particular dentro de la comisión y luego en el Pleno. En ese contexto, el gremio empresarial minero reaccionó a la decisión adoptada en la comisión. 

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, sostuvo en un comunicado que "es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras".

Con todo, no es una medida aprobada, sino una norma que alcanzó la mayoría en una comisión, pero que aún debe conseguir el respaldo de al menos dos tercios de los constituyentes.

La Sonami indicó que "una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses, generando demandas en tribunales internacionales. Esto significará pagar a las compañías los montos que los tratados y tribunales internacionales indiquen, con base a lo que la Constitución vigente hoy indica".

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La norma propuesta también establecía una serie de lineamientos relacionados con la indemnización de las empresas mineras expropiadas. Específicamente, se establece que "corresponderá al contralor general de Chile determinar el monto de la indemnización que deba pagarse a las empresas nacionalizadas y a sus filiales, conforme a las reglas que se expresan a continuación". Y agrega que "no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre bienes mineros y de hidrocarburos ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile".

El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Sergio Hernández, criticó esta medida y comentó a PAUTA que "la forma natural de compensar al Estado de Chile por los recursos que efectivamente son del país, es el pago del royalty minero. No nos podemos olvidar que el insumo minero, que sí efectivamente es del país y de todos nosotros, es uno de los elementos que permiten generar los recursos y los ingresos de la actividad minera". 

"¿Qué pasa con la inversión hecha, que es la que complementa el recurso natural? ¿Vamos a desconocer el valor de la inversión, de toda aquella inversión industrial, de todo lo que es el aporte a la nueva tecnología? si todos esos elementos son esenciales para generar el ingreso minero, es decir, hay nuevamente afirmaciones totalmente parciales y desconocedoras de la actividad", agregó. 

Si bien Chile nacionalizó el cobre en 1971, Hernández advierte que hay muchas diferencias con el contexto actual. En particular, señala que en aquella época prácticamente no había gran minería chilena; los precios que se pagaban por el precio del cobre eran inferiores a los del mercado y que no había fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. "Había muchos elementos que impulsaron al país a nacionalizar, justificadamente a mi juicio, el cobre [...] sin embargo, la realidad es muy distinta hoy". 

En esa época, el gobierno de Allende resolvió que las ganancias que habían obtenido las mayores mineras extranjeras eran mayores que las eventuales indeminizaciones ("rentabilidades excesivas", las llamó) que le hubiese correspondido al Estado pagar. Incluso planteó que esas empresas le debían dinero a Chile. El conflicto generó un grave distanciamiento entre ese gobierno y la Casa Blanca, dado que las dos mayores mineras afectadas eran estadounidenses: Kennecott Copper Company (El Teniente) y Anaconda Copper (Chuquicamata).

El director de Aprimin sostiene que pensar en una nacionalización de las empresas "sería un suicidio para el desarrollo humano de Chile, se perjudica la confianza para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energía renovable [...] El catastro de inversiones de la minería chilena de Cochilco asciende a 68 mil millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Vamos a nacionalizar todo?, ¿de dónde vamos a sacar los 68 mil millones de dólares o más para otras actividades económicas, si el país apenas tiene que hacer los esfuerzos para cumplir una justa agenda social? Se puede decir que los va a sacar de préstamos en el exterior, o sea nos vamos a endeudar como país para invertir en minería".

Una postura similar manifestó Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Sostuvo que "el éxito de la minería chilena se explica por un sistema mixto, que combina armoniosamente la minería pública con la privada, tanto nacional como extranjera; así como las operaciones de pequeño, mediano y gran tamaño. Garantizar a todos estos subsectores la certeza y la permanencia de sus derechos, así como la exigibilidad de sus obligaciones, resulta indispensable". 

En ese sentido, agregó que "en el caso de que se realicen cambios en materia minera a nivel constitucional, esperamos que estos tengan una mirada de largo plazo que potencie a la industria y su sustentabilidad, así como que se implementen y regulen de manera eficiente y equitativa".

La norma ahora podrá recibir indicaciones en la comisión, para ser votada en particular y luego pasar como informe al Pleno de la Convención, donde necesitará dos tercios para ser aprobada.

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