Cómo la Fiscalía irrumpió en el plan de octubre de La Moneda
En Palacio cayó mal la filtración de la llamada del fiscal Jorge Abbott al ministro del Interior. Y todo justo cuando sobre Pérez hay una acusación constitucional en marcha en un mes tan complejo del Gobierno.
Solo minutos antes de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la reclamación que Chile hará de la plataforma continental extendida Isla de Pascua, en La Moneda se confirmó lo ya anunciado hace algunos días por la oposición: una nueva acusación constitucional y esta vez contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.
De hecho, Pérez estuvo en la presentación del Mandatario, pero se retiró sin dar declaraciones públicas. Para eso estuvo el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien habló tras la actividad presidencial y calificó al nuevo libelo -el noveno de la administración Piñera- como “injusto y sin fundamento”. Bellolio apuntó a que la única manera que tiene la centroizquierda para unirse es a través de “una acusación y pidiendo renuncias”, en relación a la petición que han hecho desde la oposición para que La Moneda saque al mandamás de la policía uniformada, Mario Rozas.
Luego, como cada jueves el Comité Político de La Moneda almorzó en el segundo piso del Palacio. Esta vez, eso sí, se trató de una señal de respaldo al titular de Interior. Se sacaron una fotografía para el recuerdo. A eso se sumó el apoyo en redes sociales, donde los ministros y varios parlamentarios de Chile Vamos escribieron a favor de Pérez con el hashtag #OtraAcusaciónSinFundamentos.
Octubre complejo
La arremetida política contra el titular de Interior corona una semana compleja para La Moneda. En medio de la preocupación por la “ambiente político” en un mes clave como lo es octubre, el panorama se ve cuesta arriba y varios inquilinos de Palacio lo reconocen.
En el Gobierno han insistido con su llamado de “unidad” y al diálogo, en especial ante el primer aniversario del 18 de octubre y luego por el Plebiscito que se realizará una semana después. De hecho, el Presidente sostuvo el martes una cumbre con los tres poderes del Estado en esta línea.
Pese a las intenciones del Ejecutivo, el ambiente no afloja. Esta acusación constitucional se mezcla con la situación de Carabineros, el “incidente” del Mapocho y la presión por la continuidad del general Mario Rozas. Y se sumaron las amenazas que recibió la fiscal Ximena Chong, quien lleva la investigación por los hechos ocurridos el viernes pasado y que terminó con un uniformado formalizado por el homicidio frustrado de un joven de 16 años.
Todo se transformó en un cóctel amargo, que tensionó aún más el escenario.
El factor Chong y las versiones de Carabineros
Las amenazas recibidas por la fiscal Chong pasaron de las redes sociales a su casa y de una preocupación puntual a un llamado directo del fiscal nacional, Jorge Abbott, al ministro del Interior. La carta anónima que llegó al domicilio de la persecutora se mezcló además un confuso incidente: el control de identidad del teniente coronel Freddy Vergara, quien fue parado y bajado de su motocicleta por los funcionarios de la PDI que custodian las cercanías del hogar de Chong.
“Esto amerita que el Gobierno, de una vez por todas, inicie la Reforma Policial. No es aceptable que, en un Estado de Derecho democrático, la fiscal que está investigando el caso reciba amenazas o amedrentamientos, menos aun la presencia de un oficial de la policía que está siendo investigada. Eso es absolutamente inaceptable”, señaló el senador PPD Felipe Harboe.
La situación provocó una condena masiva desde distintos sectores y abrió una nueva investigación en el Ministerio Público. De hecho, desde el propio Gobierno el ministro Bellolio condenó cualquier tipo de amedrentamiento. “Nos parecen inaceptables las amenazas que ha sufrido la fiscal Chong y las amenazas que pueda sufrir cualquier ciudadano y particularmente autoridades que tienen la obligación de cumplir un rol, en este caso la justicia”, dijo el vocero.
En relación con la versión de Vergara, hay varias dudas. El carabinero pasó las imágenes del control de identidad, donde dijo que era un “funcionario público” y, tras la insistencia del funcionario de la PDI, señaló que es teniente coronel y aseguró que solo pasaba por ahí. Pero luego grabó un video con una versión más detallada, donde aseguró que su motocicleta tenía un desperfecto y por eso se desvió para regresar a un taller mecánico.
Desde la oposición, algunos como el diputado DC Matías Walker señalaron que esta confusa situación era “la gota que rebasó el vaso” y que la permanencia de general Rozas es insostenible. “El Gobierno tiene que intervenir Carabineros”, dijo.
Desde el Ejecutivo fueron más cautos con este último episodio. “El carabinero dio una versión y esos antecedentes también fueron conocidos por el Ministerio Público”, agregó Bellolio. ¿Hubo contradicción en los videos? “Eso es algo que tiene que ver la Fiscalía”, respondió.
Una agridulce relación
La relación de la Fiscalía con el Gobierno ha tenido de dulce y de agraz el último tiempo, entre otras cosas por la investigación que lleva la institución que lidera Abbott del manejo de la pandemia y que tiene bajo la lupa gestión del exministro Jaime Mañalich, quien también enfrenta una acusación constitucional. El caso del puente Pío Nono no ayuda. De hecho, cuando el ministro Pérez habló el lunes frente al Congreso, una de sus frases más polémicas fue que precisamente apuntó a las tres versiones que había dado la Fiscalía de los hechos.
Por eso, en La Moneda cayó pésimo que se filtrara el llamado del fiscal nacional al ministro del Interior para comentarle sobre el hostigamiento sufrido por Chong. E incluso algunos inquilinos del Palacio apuntaron a que el Ministerio Público no ha mostrado la misma preocupación por otros persecutores que también han recibido amenazas por sus investigaciones. Es un punto que también hacen desde Chile Vamos, desde donde han cuestionado en más de una oportunidad la labor de la Fiscalía.
“Me pregunto si el fiscal nacional es igual de diligente cuando hay fiscales amenazados en La Araucanía, porque hay unos 20 fiscales que están con protección. ¿Ha llamado también al Ministerio del Interior?, ¿ha hecho públicas las cartas las amenazas en La Araucanía? Yo no lo he visto”, apuntó el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida.
El senador UDI Iván Moreira fue tanto más allá con sus críticas que fue pasado al Comisión de Ética del Cámara Alta por sus dichos sobre la persecutora. “Cuando uno provoca políticamente, se expone a este tipo permanente de amenazas y no vengamos a hacernos las víctimas”, dijo Moreira.
“No se pueden normalizar las situaciones de amenazas ni de violencia”, expresó la senadora DC Yasna Provoste. “Nos parece que una autoridad, investida como senador, no puede usar esta tribuna para incitar al odio y tender a normalizar situaciones que no son normales y que, muy por el contrario, requieren del repudio generalizado”.
En todo caso, la Fiscalía y el Gobierno tendrán este viernes un nuevo encuentro y una nueva oportunidad para hablar del tema y del futuro de la policía uniformada. A las 8:30 horas, está citada la Comisión para la Reforma de Carabineros, instancia donde Jorge Abbott, el ministro Pérez y el Presidente Piñera volverán a verse a las caras.