El test a la conducción política de la primera crisis del ministro Pérez

La fórmula negociadora con los camioneros genera reacciones dispares. La oposición aún se divide en si continuará o no una acusación constitucional.

Fueron siete días de paro de camioneros, aunque en el Gobierno reconocen que lo más complejo se vivió entre el domingo y el martes en la tarde. De hecho, fue en el tramo final cuando el ministro del Interior, Víctor Pérez, se sentó a conversar directamente con los dirigentes de los transportistas para negociar el acuerdo que, entre ajustes y sumado a la división interna de los propios gremios, pasó por ocho borradores.

Así el paro se bajó con compromisos como la inversión por $ 5.600 millones en la infraestructura policial, el aumento de la vigilancia en las rutas, el mejoramiento de las áreas de descansos, apoyo a económico a las víctimas de delitos terroristas, subsidios especiales, que incluye el pago de lucro cesante, y una mesa de trabajo hasta marzo de 2021.

“Preferimos el diálogo. Creo que fue constructivo y hoy estamos con las carreteras despejadas”, dijo el ministro tras finalizar las protestas de los camioneros.

Con un poco más de un mes en el cargo, el paro se convirtió en la primera prueba política del nuevo titular de Interior, la que podría terminar en una acusación constitucional si la oposición decide continuar con su ofensiva. Un desafío complejo -admiten en La Moneda- para la muñeca del exsenador y la de su equipo, que lidera el jefe de asesores, Gonzalo Arenas, pues las demandas de los camioneros no solo son consideradas “justas” en el Ejecutivo por los hechos de violencia que se viven en el sur, sino que también tenía otro factor: era una “movilización popular” apoyada por un amplio sector del electorado de centroderecha.

Ese apoyo

“El Ministerio del Interior y en particular el ministro Pérez tuvo la habilidad para poder terminar el conflicto a tiempo sin que hubiera manifestaciones de violencia. El ministro tuvo varios méritos. Logró visibilizar un conflicto que por el hecho de suceder en el sur es mucho menos visible que si sucediera en Santiago y, por lo tanto, creo que lo hizo superbién”, comentó a PAUTA la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. 

Si bien un sector de Chile Vamos valora el tono dialogante del ministro Pérez, también hay voces del Gobierno y en el oficialismo que no son tan amables con el manejo de la crisis. Aseguran que a ratos “se pecó de confianza” con dirigentes como el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, y el líder de Fedesur, José Villagrán, quienes han sido afines al Gobierno.

De hecho, en el Ejecutivo algunos ponen bajo la lupa el estilo más “flexible” y comprensivo que defendió el mandamás de Interior, quien por estos días repitió frases como que “el conflicto había que resolverlo y no agravarlo” cada vez que le consultaban por qué el Ejecutivo no aplicaba la Ley de Seguridad del Estado o la Ley Antibarricadas a los camioneros. Para el ministro había un punto clave y era que, si había más de 95% de coincidencias en el petitorio, amenazar con acciones legales solo agudizaría la situación. Así también lo describe un senador del oficialismo, quien asegura que si el Gobierno hubiese actuado confrontacionalmente se arriesgaba a generar un problema mayor que además tenía límites logísticos, “pues no existía capacidad operativa para despejar las rutas de los camiones”.

Sin embargo, no todos pensaban igual. Al interior de Palacio algunos hicieron una autocrítica. “Probablemente deberíamos haber endurecido la mano antes”, comenta un alto personero de Gobierno.

Parte esa discusión se dio en las últimas jornadas en el corazón de La Moneda y en el propio Presidente Sebastián Piñera, quien incluso puso a uno de sus hombres de confianza, el abogado Benjamín Salas Kantor, a ver cómo se estaban llevando las negociaciones finales en la cartera de Interior.

El estrecho margen

“El Gobierno siempre está abierto al diálogo. Pero el diálogo también tiene sus límites, entre los cuales el respeto a las leyes y al Estado de Derecho es fundamental. Valoramos que ciertos sectores del gremio de los transportistas hayan decidido levantar el paro, que ya empezaba a producir problemas a la cadena de abastecimiento”, comentó el Presidente minutos después que se conociera la decisión de los camioneros.

El domingo en la noche, cuando se cayó el primer acuerdo y el lunes cuando se hicieron visibles los reportes – o “indicios”, como calificó el titular del Interior- de desabastecimiento de alimentos y combustibles, el margen se estrechó y las maniobras de presión también. Además, desde Hacienda alertaron que varias de las peticiones podrían generar un antecedente negativo para las otras negociaciones complejas que debe enfrentar el Ejecutivo como, por ejemplo, con el sector público. 

“Al Gobierno no le queda otro camino que ocupar su autoridad para enfrentar esta situación”, dijo ese lunes 31 el ministro Pérez, tras el rechazo de la propuesta, que fue calificada como “migajas” por las federaciones del sur.

A eso se sumaron dos eventos inesperados: la viralización de un video de los conductores de una fiesta en plena carretera y sin respetar las medidas sanitarias, y la muerte de uno de los participantes, que fue atropellado tras intentar bloquear el paso de otro camión con insumos de la Cenabast. “El movimiento se desprestigió solo ante la opinión pública. No calibraron que el mejor momento para bajarse era el fin de semana”, explican las mismas fuentes del oficialismo.

El cambio de tono del Gobierno

Luego las señales se extendieron al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, o incluso el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quienes endurecieron sus dichos sobre las manifestaciones y las consecuencias que se estaban desarrollando en las distintas carreteras del país.

El Gobierno cambió el tono público, sí. Pero la oposición reclamó una y otra vez “doble estándar” del Ejecutivo por el manejo de este conflicto en comparación con otras movilizaciones sociales, en especial por no aplicar herramientas como la Ley de Seguridad del Estado (LSE), mientras que desde Chile Vamos pedían no criminalizar las manifestaciones.

Ante las amenazas de endurecer los bloqueos, extender el paro y el desorden entre las distintas facciones de transportistas, la redacción de las querellas por LSE se inició y el martes se firmaron. Se amenazó, pero no se aplicaron. Quedaron sobre el escritorio de los intendentes de la Macrozona Sur como la señal de que el conflicto no podía pasar un día más.

“En una situación no de incertidumbre sino de bloqueo, íbamos aplicar, sin duda […]. La seguridad del Estado no se pone en riesgo por incertidumbre, en riesgo por cosas que pueden estar solo en el imaginario de las personas. El Gobierno tiene que ser extraordinariamente responsable y creo que los chilenos efectivamente tuvieron incomodidades que generaron incertidumbre”, dijo Pérez, quien a su favor compara este episodio con el que vivió la administración de Michelle Bachelet, donde tampoco se invocó la LSE contra los camioneros. 

Del apoyo a la tarjeta amarilla

“Es un ministro que está recién llegado y si esto sale el bien, va a ser un buen triunfo del ministro Pérez”, comentó a PAUTA el timonel de RN, Rafael Prohens. 

Pero precisamente fueron en RN, desde donde salieron las voces más críticas del oficialismo, quienes pidieron al ministro del Interior tomar él las riendas de las conversaciones que llevaban principalmente sus asesores. En esa línea estaban los diputados Miguel Mellado, Andrés Celis y el senador Juan Castro, quien incluso acusó de notable abandono de funciones a los secretarios de Estado. “Debemos ser capaces de admitir que tenemos un mal Gobierno, incapaz de escuchar las legítimas demandas de nuestros camioneros”, dijo el senador del Maule a sus compañeros de bancada. 

Por ejemplo, Celis aseguró que aunque al final los había escuchado, el jefe del Gabinete cometió “un error” que lo dejó con “tarjeta amarilla”. “Espero que con esto asuma el liderazgo de lo que significa ser ministro del Interior”, dijo el diputado por Valparaíso.

Al otro lado, pero en el mismo partido, diputado de RN Gonzalo Fuenzalida comentó a este medio que la mejor gestión del conflicto no pasaba desarticularlo en tres días. “No sacamos nada con desarticularlas y que en una semana más estén los camioneros en paro. Creo que no hay que ser lapidarios. El ministro Pérez ha hecho una gestión para darle a esto solución y nosotros, por lo menos desde Chile Vamos, estamos comprometidos para sacar una serie de leyes de la agenda de seguridad que son necesarias y que están paradas por un capricho de la oposición”, explicó. 

La “condescendencia”

Sin embargo, en la centroizquierda acusaron “inacción” y “condescendencia” del Gobierno con los camioneros. Por eso, continuarán el estudio de la factibilidad de un libelo contra Pérez por lo que calificaron “graves faltas por omisión que puso en riesgo la seguridad nacional y abastecimiento”. Incluso, algunos como el senador Felipe Harboe (PPD) no solo criticaron lo que no se hizo, sino lo que se cedió en puntos clave del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo y los transportistas, en especial, en los beneficios económicos pactados. “Parece que este no era un problema de seguridad, era un problema de recursos”, dijo el parlamentario, haciendo alusión a los subsidios que recibirán los dueños de los camiones quemados.

De hecho, una de las preguntas recurrentes que recibió este jueves el ministro fue si la “simpatía” por las peticiones de los camioneros le habían jugado en contra y él respondió que “no era un problema de simpatía”, sino de hechos y actos concretos de violencia. Y ahí queda la duda: cuál será el estilo de Pérez para enfrentar otras movilizaciones. “Todo conflicto social es particular y cada uno tiene una naturaleza distinta y lo vamos a ver en su mérito”, respondió propio el titular de Interior.