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Directo a Punta Peuco: el debut de Rodrigo Pica, el nuevo ministro del TC

El juez fue parte del voto que rechazó el requerimiento de Chile Vamos por la Ley de Indulto Conmutativo. Dijo que fue "un 'o sacan a los míos de la cárcel o no sale nadie'".

Agencia Uno

Por Ana María Sanhueza

Jueves 16 de abril de 2020

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El fallo que rechazó el requerimiento de 11 senadores de Chile Vamos contra el entonces proyecto de ley de indulto conmutativo para reducir los contagios de Covid-19 en las cárceles chilenas fue el debut público del nuevo ministro del Tribunal Constitucional (TC), Rodrigo Pica Flores (41). Llegó a comienzos de marzo, designado por la Corte Suprema en reemplazo de Domingo Hernández.

Pica fue parte de los siete votos que rechazó el requerimiento, una sentencia que permitió que finalmente el Presidente Sebastián Piñera pudiese promulgar, la tarde el 16 de abril, y después de tres complicadas semanas, la ley que permitirá a más de 1.300 condenados por delitos menos graves, entre 55 y 75 años, puedan cumplir el resto de su pena con arresto domiciliario total. Son parte del grupo de riesgo del Covid-19: mujeres embarazadas y madres con hijos de hasta dos años, además de adultos mayores, entre otros.

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Como parte de la mayoría, en la que estuvieron la presidenta del TC, María Luisa Brahm, y los ministros Gonzalo García, Cristián Letelier, Nelson Pozo, María Pía Silva y Miguel Ángel Fernández, Pica fue el único de los jueces que, en una larga prevención, habló directamente de Punta Peuco y le dio a su argumento un enfoque de derechos humanos.

La prevención de Pica

"La inclusión de otros delitos graves en la impugnación formulada en el requerimiento no es casual, pues los presos por quienes el requerimiento aboga y pretende sacar de las cárceles, violadores de derechos humanos, fueron condenados por delitos de secuestros y/o por delitos de homicidios en su mayor parte, motivo por el cual, si no se elimina dicha exclusión de las normas del proyecto, no podrían acceder al indulto", escribió Pica en su prevención.

"A la vez", continuó, "ello desnuda que la intención del requerimiento es lo que usualmente se diría bajo la castiza expresión 'sacar de la cárcel' a autores de graves violaciones de derechos humanos 'a como dé lugar', incluso si ello significase indultar a todos los violadores de menores, secuestradores, homicidas, narcotraficantes, agresores sexuales de menores y femicidas condenados (entre otros de los delitos contemplados como excepciones en las normas cuestionadas)".

No es todo. El nuevo ministro también reflexionó sobre las condiciones en que viven los internos de Punta Peuco y estableció las diferencias que tienen con respecto de los reos de la mayoría de las cárceles chilenas.

Para ello no solo citó tratados internacionales sobre derechos humanos respecto de las condiciones en que deben vivir quienes están privados de libertad. También incluyó el informe que sobre las cárceles elaboró el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): "No todos los penales tienen agua caliente, perteneciendo Punta Peuco a uno de aquellos que sí la tienen, además de ser de aquellos en los cuales los internos pueden proveerse de calefacción y de aquellos pocos en los cuales se proporciona dieta especial a personas hipertensas y diabéticas", redactó.

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Se trata de un informe del INDH al que también aludió la fiscal de la Corte Suprema Lya Cabello, quien llegó a la conclusión, pese a las acciones que ha tomado el Gobierno, que la situación en que las cárceles chilenas enfrentan la emergencia sanitaria debido al hacinamiento son "una bomba de tiempo".

La cárcel especial para exmilitares era una de las piedras de tope para que la Ley de Indultos Conmutativos fuera promulgada y fue lo que motivó, entre otros factores, a que un sector de Chile Vamos recurriera -infructuosamente- al TC. Solo obtuvieron tres votos: Iván Aróstica, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez.

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Los tres ministros del voto de minoría, junto con la jueza María Pía Silva, son parte de la Primera Sala del TC, la misma a la que se integró Pica.

En el equipo de Francisco Zúñiga

Rodrigo Pica es el ministro más joven del Tribunal Constitucional. Sin embargo, es un mundo que le era más que conocido cuando fue nombrado por la Suprema -sacó 11 votos de un Pleno en el que participaron 19 ministros-, pues llevaba al menos una década vinculado al organismo que preside María Luisa Brahm.

Abogado por la Universidad Central y con un magíster en derecho constitucional por la Universidad de Talca, Pica había sido parte del TC tanto como abogado asistente, relator y secretario hasta hace dos años. Luego renunció para dedicarse a la academia y al ejercicio privado de la profesión en la oficina del constitucionalista y profesor de la Universidad de Chile Francisco Zúñiga, cercano al Partido Socialista.

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De hecho, Pica estuvo junto a Zúñiga -quien fue el constitucionalista que asesoró a los parlamentarios de la oposición- y al abogado Felipe Perotti hasta las 3 de la madrugada en el Congreso Nacional cuando el 15 de noviembre de 2019 se firmó el "Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución", que selló el Plebiscito en que se votará una nueva Carta Fundamental.

De la píldora del día después a la nueva Constitución

Uno de sus primeros trabajos en el Tribunal Constitucional fue como abogado asistente.

Era el año 2008, en una época muy convulsionada para el organismo: cuando el TC estaba en el ojo de huracán, pues debía resolver si la entrega de la píldora del día después a los consultorios del país era constitucional o no. Entonces Pica era abogado asistente de los ministros Juan Colombo (presidente en ese tiempo) y Hernán Vodanovic, con quienes colaboró en la redacción del voto de minoría: el Tribunal Constitución prohibió la distribución del fármaco.

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En 2015 postuló a ser secretario del TC. Estuvo tres años y renunció al puesto en 2018 para trabajar con Zúñiga y hacer clases: es profesor de derecho procesal en la Universidad de Chile y de derecho constitucional en la Universidad Central.

Además, desde hace cuatro años es profesor de magíster en derecho en las universidades Católica de Valparaíso (PUCV), Central y de Talca.

En paralelo a su vida académica, Pica es un conocido sommelier que participa en distintas actividades de catas y maridaje. Y también lo hizo en programas de radio: ha sido panelista en Futuro y conductor, por tres años, del programa "La mesa coja" de la Radio Universidad de Chile.

Allí comentaba y escribía de vinos y gastronomía. 

Su especialización en vinos, es decir el nivel 1, la cursó en Mendoza. Tenía clases dos veces a la semana: los viernes por la noche y los sábados por la mañana. Luego (el nivel 2) obtuvo la certificación internacional WSEP en el Conservatorio del Vino en Santiago.

"O sacan a los míos de la cárcel también o no sale nadie"

Uno de los puntos que retrasó la aprobación de la Ley de Indulto Conmutativo es que el proyecto de ley que impulsó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dejaba fuera del beneficio a condenados por delitos graves, entre ellos lo de lesa humanidad. Una cuestión jurídica que fue la base para el requerimiento en el TC, pues los parlamentarios de Chile Vamos, representados por el abogado Maximiliano Murath, alegaban desigualdad ante la ley.

Al respecto, Pica dijo en el fallo que "no deja de llamar la atención que el presente requerimiento sea presentado en un momento crítico de pandemia mortal a nivel mundial y nacional, lo que trae
como consecuencia suspender durante días y eventualmente valiosas semanas la entrada en vigencia y ejecución de la ley de indulto".

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Tensión en el oficialismo. "La gestión del ministro de Justicia ha sido bastante negativa", dice el presidente de RN. "Es doloroso e impresentable", agrega su par de la UDI.

A su juicio, el efecto de esa acción resta "días necesarios para salvar vidas, en un ejercicio de litigación que se puede resumir en un 'o sacan a los míos de la cárcel también o no sale nadie', utilizando la pandemia y la demora del indulto de presos comunes como una herramienta de presión para que el Estado deje de sancionar efectivamente a los autores de graves violaciones de derechos humanos". Para Pica, aquello "resulta aun más paradójico teniendo presente que un delito común de secuestro u homicidio calificado, suele tener penas más altas que aquellas que en los hechos se han asignado en sus sentencias condenatorias por secuestro a los autores de desapariciones forzadas".

Además, recordó que las investigaciones por violaciones a los derechos humanos "continúan al día de hoy, pues al no estar aclarados gran parte de los hechos y lugares, la negativa a entregar información y algunas prácticas de negacionismo acerca de la identidad y participación de los autores persiste".

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