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Los caminos alternativos para modificar la Constitución desde el Congreso

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Agencia Uno
POR Sofia del |

Tras el aumento del Rechazo en las encuestas de opinión y el posible fin del Senado, desde partidos de la ex-Concertación evalúan con detención un “plan B”. Hay nuevas ideas y la DC adquiere protagonismo.

Solo queda un mes para que la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional (CC) inicie sus funciones, la última etapa del proceso constituyente. El 17 de mayo, en Antofagasta, un grupo de 40 convencionales aún por definir deberán pulir las contradicciones, errores gramaticales o problemas de coherencia del borrador de la nueva Constitución. 

Pero esa comisión no tiene como atribución modificar el contenido de la propuesta constitucional. Por tanto, el 16 de mayo el país podrá conocer cuáles son finalmente los artículos definitivos del proyecto de Carta Magna que será plebiscitado el 4 de septiembre.

Y a pesar de que aún quedan temas sustanciales por definir, desde el Congreso -y especialmente los senadores- ya abandonaron el silencio autoimpuesto sobre el devenir de la Convención. Ese principio se aplica especialmente a los representantes de la centroizquierda. En un inicio hablaban de esperar el texto definitivo; ahora ya pronuncian palabras como “preocupación” y “alarma”.

Todo se acentuó el miércoles 13 de abril, cuando el Pleno de la CC aprobó por 104 votos la creación de una nueva institución llamada Cámara de las Regiones, lo que equivale a eliminar la institución del Senado (creada en 1812). Por desacuerdos entre colectivos, fueron rechazados los artículos que le daban las atribuciones a la nueva entidad, por lo que todo vuelve a la Comisión de Sistema Político para una última y definitiva ventana de indicaciones. 

Y por lo mismo, aunque en un comienzo eran ideas que se abordaban de manera confidencial, muy bajo perfil, sin ánimos de generar rumores, durante los últimos días en el Congreso han empezado a resonar con mayor fuerza algunas alternativas -para modificar la actual Constitución-, si la propuesta de la Convención se llegase a rechazar.

Buenos Aires

La preocupación de los parlamentarios por el contenido discutido y aprobado en la Convención no es una novedad: el primer viaje de Estado del Presidente Gabriel Boric estuvo marcado -entre otras temáticas- por conversaciones del Jefe de Estado con los senadores y diputados parte de la delegación presidencial sobre la situación de la Convención.

Mientras el Presidente Boric sostenía la reunión protocolar con su par argentino, Alberto Fernández, en Chile distintas encuestas de opinión (Cadem, Pulso Ciudadano, entre otras) mostraban por primera vez que en cuanto a la intención del voto para el Plebiscito de Salida, la opción Rechazo se estaría imponiendo al Apruebo. 

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En ese contexto, los parlamentarios asistentes indicaron que aunque no fue un asunto abordado de manera formal en algunos de las actividades programadas, sí fue un tema que estuvo sobre la mesa en distintas conversaciones. 

El mismo Presidente Boric se refirió al asunto. “Los sondeos de opinión por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario”, dijo. Agregó que los problemas que ha enfrentado el proceso no responden a un mero asunto comunicacional, como han indicado algunos de sus integrantes.

La “tercera vía”

En el informe solicitado en enero de 2022 por un grupo de senadores a la Comisión de Venecia -órgano consultivo del Consejo de Europa-, se desliza la posibilidad de un “tercera vía” en el Plebiscito de Salida de la propuesta constitucional, más allá del Apruebo y Rechazo. El documento indica que hay espacio para un acuerdo político una vez efectuado el Plebiscito. 

“La opinión de la Comisión de Venecia es que si se ofrece la posibilidad de una tercera opción, debería ser a través de compromisos políticos de los actores políticos relevantes para llevar a cabo una reforma genuina después del Plebiscito, en lugar de cambiar los términos del proceso de revisión formal en esta etapa”, señala el informe. 

Ya hay un movimiento en esa dirección. El primero en referirse al asunto fue el convencional DC Fuad Chahin (Col.del Apruebo), quien en una entrevista con El Líbero planteó que “si gana el Rechazo debería generarse un procedimiento para que en seis meses se presente una nueva opción”. En esa línea, el constituyente propone la conformación de “un grupo de expertos conformado por personas del Ejecutivo, Legislativo y universidades” para que trabajen en base al texto base que emane de la Convención.

Y a pesar de que Chahin se encuentre abocado en contribuir con el proceso y ha anunciado que no definirá su postura para el Plebiscito hasta que el órgano constituyente se disuelva, su planteamiento alternativo -en el caso de que gane el rechazo- ha empezado a ganar adeptos.

Pero hay otras ideas sobre la mesa. 

Tres caminos 

A la fecha, desde el Congreso indican a PAUTA que no hay aún una propuesta oficial al respecto, pero sí adelantan que hay algunas “opciones B” que están empezando a agarrar fuerza. En lo que sí hay consenso es que, tras el resultado del Plebiscito de Entrada, en octubre de 2020, la Constitución que actualmente rige al país ya se encuentra obsoleta. 

¿Cuáles serían estas propuestas y quiénes las impulsarían? En la centroderecha saben que ellos como sector no son los interlocutores adecuados para promover cualquier tipo de reforma constitucional. Que una parte de ellos esté muy identificada con la llamada “Constitución de Pinochet” complica sus chances de protagonizar las propuestas alternativas.

Por lo mismo, quienes se sienten más idóneos para liderar las opciones de reformas están en centroizquierda.

“No hay duda de que la Democracia Cristiana debe cumplir un rol en esa articulación. En el PS nos cuesta más presentarnos con esa opción, pero la DC puede fortalecerse dado que necesita recuperarse en el centro”, cuenta a PAUTA un alto dirigente socialista. Además, distintos dirigentes concuerdan en que la DC “no tiene nada que perder”, dado que su presencia es testimonial en la Convención (solo está Chahin), no integran el Gobierno y tienen la “legitimidad” de haber apoyado el Apruebo en el Plebiscito de Entrada.

Desde la DC plantean, por otra parte, que si bien las encuestas están abriendo un momento “popular” del Rechazo que ellos podrían capitalizar, esperan contar al menos con un respaldo tácito del PS.

Después de todo, cuentan dirigentes de los dos partidos, en ambos hay un desencanto de tono “concertacionista” con la Convención y con propio Gobierno de Gabriel Boric. La eliminación del Senado es visto, por ahora, como un punto de colisión frontal. Incluso si a la Cámara de las Regiones le otorgan más atribuciones, o si se introducen disposiciones transitorias que les permitan a los senadores recién electos terminar su período de ocho años, hay una molestia profunda sobre cómo La Moneda ha gestionado -o dejado de hacerlo- este conflicto político.

Todas las ideas parten de la base de que el Rechazo puede ganar. Pero para que ello ocurra, enfatizan, debe haber algo que al mismo tiempo “sepulte” la Constitución vigente.

Una primera idea es similar a la que comentó Chahin: que se establezca un comité de parlamentarios que sea mandatado a redactar un texto que parta de la base de lo producido por la CC y por otras fuentes, como el proyecto de Carta Magna que dejó listo Michelle Bachelet en 2018. La “promesa” de que el Congreso se encargue de esa tarea despierta dudas entre sus propios promotores, pues no es un actor con mucho respaldo ciudadano.

De ahí nace un camino divergente: a través de un gran acuerdo político, se ingresaría una reforma constitucional que modifique la Ley 21.200 que le dio vida al actual proceso constituyente tras el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Allí se habla de que se agregue una segunda papeleta, distinta del Apruebo-Rechazo. Esta idea lleva un buen tiempo en el ambiente y ha incluido variaciones, como aquella de que pueda realizarse una nueva elección de convencionales. Sin embargo, se ha ido desvaneciendo con el paso de las semanas.

Pero hay un tercer camino y en ese sí que hay mucho sigilo. La propuesta -“muy preliminar”, insisten quienes la han planteado- consiste en que el actual Congreso anticipe varios de los derechos sociales que ya el Pleno de la CC ha aprobado. Quienes promueven esta opción lo ven además como una forma de “revalorizar la política” y al actual Parlamento. Allí hay visiones disímiles sobre si la base para las modificaciones debiera ser la actual Constitución o la propuesta que emane de la Convención. Otros han mencionado el proyecto de Constitución de Michelle Bachelet, pero ninguno cree que sea viable ponerlo a “competir” con la Constitución de la CC, pero sí como fuente de inspiración.

El tema del plazo también se repite entre los parlamentarios. “Debería hacerse en un período acotado, entre seis meses y un año”, piensan algunos. Otros creen que el avance debe ser mucho más rápido, de modo de que Chile cuente con derechos sociales nuevos y que, por lo mismo, no sea necesario aprobar una nueva Constitución para ese objetivo. En esa mirada está la idea de que la campaña del Apruebo se concentrará en esos derechos para persuadir a la población. Sin ellos, esa campaña debería centrarse, por ejemplo, en los principios de plurinacionalidad que recorren todo su articulado y que generan menor apoyo en numerosos sectores.

Para concretar este camino, un grupo de parlamentarios tendría que proponer una serie de reformas constitucionales que absorban buena parte de los derechos sociales que ya están en el borrador de la nueva Constitución. En la DC miran con atención esa línea de acción.

“Si se aplicara algo así, habría que ser muy cuidadoso porque involucra, por ejemplo, dejar atrás el principio de subsidiariedad de la actual Constitución”, apunta un conocedor de esas ideas. En todo caso, incluso en la derecha asumen que pasar a ser un Estado Social, tal como también lo establece el proyecto de Bachelet, es un costo que debe asumirse. Sobre esa base se podrían levantar los “derechos sociales” que los convencionales han ido aprobando, en áreas como la salud o el acceso a la vivienda.

En el PS plantean que una reforma constitucional de ese tipo requiere el patrocinio del Ejecutivo, y difícilmente el Presidente Boric avalaría un camino así. No obstante, también reconocen que el actual Congreso ya ha dado muestras de tramitar legislaciones incluso a contrapelo de la institucionalidad, como sucedió con el primer retiro previsional.

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Los protagonistas

Un eventual triunfo del Rechazo sería una gran derrota para La Moneda. Buena parte del programa que llevó al Presidente Boric a La Moneda quedaría en cuestión.

Pero las últimas noticias de la Convención han generado molestia en sectores oficialistas. El descontento es tal que a la reunión de coordinación legislativa de bancadas afines al Gobierno del jueves 14 de abril asistieron muy pocos legisladores. Algunos incluso ya no quieren hablar de “oficialismo”.

El que sí llegó a La Moneda para reunirse con la ministra del Interior fue el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien a la salida de la cita mostró su preocupación con el devenir de la Convención y realizó un llamado al Gobierno. “Este Gobierno no puede ser neutral, no puede tomar una actitud jurídica diciendo que la cConvención es autónoma. Claro que es autónoma jurídicamente, pero políticamente hay partidos que están en la convención y partidos que están en el Gobierno, y ellos tienen que asumir esa responsabilidad de para adónde están dirigiendo este barco”, dijo el parlamentario.

En esa línea, el senador DC agregó que “podemos tener un escenario en que a esta Constitución le vaya mal, eso sería un tremendo problema político para el país, porque significaría pegarle en la línea de flotación a un Gobierno que está partiendo y que predicó y llegó al poder diciendo que Chile tenía que cambiar”.

Consultado al respecto, el senador Iván Flores (DC) dice a PAUTA que “la Convención Constitucional está generando preocupaciones, yo también las tengo, pero todavía es pronto para emitir una decisión final o definitiva”. Como “preocupado” se define el parlamentario respecto al desarrollo del órgano, destaca que “queda poco tiempo” y remarca que espera que las comisiones puedan enmendar ciertos asuntos como el Sistema Político o Judicial.

El DC Matías Walker recordó en un tuit al exsenador Gabriel Valdés, “quien unió a la oposición contra Pinochet [y] le tocó presidir la institución tras la dictadura, logrando grandes acuerdos para la reforma laboral y tributaria. No podemos resetear Chile”.

Opiniones igual de críticas emitieron senadores como los PS Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza.

El senador Pedro Araya (IND) también manifiesta que el trabajo de la CC “ha ido generado cierto grado de incertidumbre en la ciudadanía, y esto no tiene que ver solamente con lo que se ha propuesto por la eliminación del Senado, sino que también por ejemplo respecto al Sistema Judicial, Ministerio Público, entre otros”. Y aunque aún cree que se debe esperar el texto final para tomar una postura, indica que si el Rechazo se llegase a imponer en septiembre, “el Congreso tendrá que debatir respecto a si se mantiene la actual Constitución, se generan modificaciones o se propone un nuevo proceso constitucional”.

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