Un paro, un nombre y una huelga: los eventos que marcaron un agosto conflictivo
Fueron 31 días de polémicas y hechos violentos, la mayoría enmarcados en la disputa latente en la Macrozona Sur.
Agosto empezó con incendios. El 2 de agosto, La Araucanía despertó con fuego en las municipalidades de Traiguén y Ercilla, pero también hubo destrozos en las sedes comunales de Victoria y Curacautín. Los hechos se enmarcaron en la demanda de algunas comunidades mapuche por la liberación del machi Celestino Córdova, en prisión por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay en 2013, y otros 26 comuneros en huelga de hambre en tres cárceles de la zona.
Ese fin de semana, el primero del mes, vecinos del área se organizaron para desalojar a quienes ocupaban las sedes comunales de Victoria y Curacautín, entre palos, detenidos y denuncias de cánticos racistas. Las críticas apuntaron al viaje que el recién estrenado ministro del Interior, Víctor Pérez, hizo el viernes inmediatamente anterior a los hechos. El mismo día de la Cuenta Pública Presidencial, 31 de julio, Pérez llegó a La Araucanía, afirmó que allí no existían presos políticos e instó a los alcaldes a pedir el desalojo de los municipios, que cumplían una semana en toma.
Sus declaraciones cayeron mal entre los partidos de la oposición y representantes de un sector del mundo mapuche, quienes lo acusaron de agravar el conflicto en la zona. Los actos, además, reavivaron la discusión sobre la demandas mapuches y la aplicación del Convenio 169 de la OIT.
Ese fue simplemente el punto de partida.
El crimen de Ámbar
Mientras aumentaba la tensión en el sur y ocho comuneros se acercaban a los 100 días de huelga de hambre, Villa Alemana se remeció. El 6 de agosto, la PDI encontró el cuerpo de Ámbar Cornejo, de 16 años. El mismo día se conoció que el presunto responsable de su asesinato fue Hugo Bustamante, pareja de la madre de la menor, y ya condenado por el asesinato en 2005 de otra expareja e hijo de la misma.
El crimen desató la ira de los vecinos de Villa Alemana, quienes incluso vandalizaron el departamento de la madre de Ámbar. La discusión escaló hasta la pertinencia de las libertades condicionales y reducciones de condenas a convictos por delitos graves. Incluso reavivó el debate de la pena de muerte, de manos de la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, cuyas declaraciones en contra de los jueces la pusieron en la cuerda floja.
De aquellos eventos nació una acusación constitucional a la jueza Silvana Donoso, proceso que aún está en marcha en el Congreso.
Un ultimátum
Cinco días después, los representantes de los tres gremios más importantes que agrupan a los transportistas del país, la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, Chile Transportes y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, llegaron a La Moneda a reunirse con el titular de Interior. La demanda fue una: mayor seguridad y garantías para el trabajo de los transportistas. Pero las palabras de José Villagrán, líder de Fedesur y parte de la CNTC, subieron el tono y advirtieron lo que vendría unos días más tarde.
“Los plazos ya se terminaron. Esta es una semana que los camioneros vamos a estar pendientes de cómo va a actuar el Gobierno. Si el Gobierno nada hace, los camioneros vamos a ver cómo solucionamos el problema. Ya tenemos un mártir, no queremos más. Una quema más y vamos a reaccionar”, dijo Villagrán el 10 de agosto.
Tres días después de aquello, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de la ley Juan Barrios, que era parte del petitorio de los transportistas, y que agrava las penas por quemas de camiones. Con eso, la arista de los camioneros quedó en pausa. Incluso, el 18 de agosto Celestino Córdova llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia y depuso su huelga de hambre a cambio de una serie de condiciones que incluían una visita a su rewe, por 30 horas después de recuperarse. Los ocho comuneros en huelga de Angol aún se encuentran en negociaciones con la cartera.