Semana del 18 de abril en la Convención
Pleno aprueba derechos sociales y rechazo de informe de Medio Ambiente genera quiebre en la izquierda. Se suman reclamos en la derecha al no prosperar indicación que permitía a las FF.AA. colaborar en catástrofes y emergencias.
Lunes 18 de abril
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó cinco artículos, de un total de siete presentados, pertenecientes a la segunda propuesta de la comisión de Medio Ambiente. Cuatro normas corresponden a bienes comunes naturales y se les sumó el artículo N°19 sobre el acceso responsable a la naturaleza.
El artículo 12-A definió como bienes comunes naturales “el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo”. En esa línea, se estableció que el agua es un bien inapropiable, traduciéndose en que su uso será custodiado por el Estado, siendo intransferible.
La coordinadora de la comisión de Medio Ambiente, Camila Zárate (Pueblo Constituyente), señaló que “las autorizaciones de uso ya no van a entregar propiedad respecto a estos bienes comunes. Sabemos que Chile es el único país del mundo con las aguas privatizadas”.
Otro artículo que alcanzó los 2/3 en el Pleno fue el del acceso responsable a la naturaleza, reconociendo el derecho de acceso universal a riberas de ríos, mar, playas, lagos y lagunas. A esto se le agregan las montañas y humedales, que no estaban consagrados constitucionalmente.
También fueron aprobados dos artículos completos, y otros tres parcialmente, del tercer informe de la comisión de Principios Constitucionales. En cambio, fueron rechazadas, pero pueden ser mejoradas y presentadas otra vez, otras siete normas. De ellas, dos son relativas a la migración: el derecho a migrar, que prohibía las expulsiones colectivas; y el principio de no devolución.
Los artículos que pasaron en su totalidad al borrador de la nueva Constitución son el derecho a una vida libre de violencia de género y el derecho al asilo.
También fueron aprobados algunos incisos de tres artículos: inclusión de los derechos de las personas mayores a “envejecer con dignidad”; los derechos de las personas con discapacidad, y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Martes 19 de abril
Durante la jornada se votaron todos los artículos referidos a los derechos sociales.
En vivienda se aprobó por 133 votos a favor, 11 en contra y seis abstenciones que toda persona “tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”.
También pasó al borrador de la nueva Constitución que el Estado deberá tomar “todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”. Lo anterior considera la “habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley”.
El mismo resultado tuvieron los derechos de seguridad social, donde se aprobó: “La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”.
A lo anterior se sumó que la ley “establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo”. En el mismo inciso, se agrega que este sistema “asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”.
En temas de pensiones pasó al borrador de la nueva Carta Fundamental el inciso donde se estableció que “le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.
Fue rechazada con 49 a favor, 47 abstenciones y 37 votos en contra la indicación de la convencional Rocío Cantuarias (Chile Libre), donde se fijaba que el “Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores”.
En conversación con Primera PAUTA, de Radio PAUTA, el convencional de Renovación Nacional Bernardo Fontaine dijo que “en pensiones, el Pleno les dio un portazo a los trabajadores”. Agregó que “vamos a insistir, porque todavía queda espacio para volver a votar” una nueva indicación para la inexpropiabilidad de los fondos.
En tanto, los derechos sociales relacionados con el trabajo fueron rechazados en su gran mayoría. Uno de los más polémicos se refería a la subcontratación, materia sobre la cual se planteaba en un inciso que esa modalidad “estará permitida únicamente para actividades ajenas al giro de la empresa”. Todo lo anterior volvió a comisión para que tenga otra redacción.
Sí fue aprobado en esa materia un solo inciso, que establece que “se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario”.
También se estableció que la libertad sindical podrá ser ejercida tanto en el sector público como privado, luego de que el Pleno aprobara la siguiente norma: “La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”.
También se incorporó a la propuesta constitucional el artículo referido a la participación de los trabajadores en las empresas por medio de sindicatos. Específicamente, se aprobó que “los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho”.
En materias de salud llegó al borrador la creación de un Sistema Nacional de Salud que tendrá un “carácter universal, público e integrado, que se rige bajo algunos principios como equidad, solidaridad, interculturalidad y no discriminación”.
Este sistema se financiará a través de las rentas generales de la nación. Y, añade la norma, será la ley la que podrá establecer “el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores, con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema”. Asimismo, la ley determinará el órgano público que se encargará de la administración del conjunto de los fondos.
Además, fue aprobado que el Estado deberá generar políticas y programas de salud mental “destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento”. El derecho a la salud incluirá tanto la dimensión física como mental.
Miércoles 20 de abril
El Pleno aprobó la creación de la comisión de Preámbulo, que redactará un texto que abre, de manera declarativa, el cuerpo normativo. En principio, la tarea recaía en la comisión de Principios Constitucionales, sin embargo, se estableció finalmente que un grupo especializado elaborará el primer segmento de la propuesta constitucional. Esta nueva comisión deberá sesionar de manera simultánea con la de Armonización.
El espacio estará integrado por 15 convencionales, de los cuales uno deberá pertenecer a escaños reservados de pueblos indígenas. Además, se requerirán diez patrocinios para presentarse, y en escaños reservados, nueve, cumpliendo criterios de paridad.
También fue incorporada la comisión de Normas Transitorias y se estableció que cada una de las coordinaciones de las comisiones temáticas deberá definir qué temas son susceptibles de recibir artículos transitorios. Ese cuerpo de artículos transitorios van al final de la Constitución, dado que le dan un marco de gradualidad a los artículos que se deberán ir adaptando en la tansición entre una Carta Magna y otra.
Una vez definidos los temas, los convencionales podrán presentar sus propuestas en las comisiones temáticas, para las cuales necesitan el patrocinio de 32 constituyentes. En este punto, la propuesta señala que “cada convencional podrá patrocinar solo una propuesta de norma constitucional transitoria por cada unidad temática”.
Posteriormente se agruparán en un único informe todas las normas transitorias aprobadas en general por las comisiones temáticas. En esta etapa entraría la nueva comisión de Normas Transitorias, que deberá recibir el informe emanado de las comisiones temáticas. Todas las normas aprobadas en esa comisión deberán ser enviadas al Pleno en un solo informe, donde será sometido a una única votación en general.
Para la votación en particular, las propuestas que sean aprobadas por los dos tercios serán remitidas a la comisión de Armonización.
En Sistemas de Conocimientos, en tanto, el inciso primero, referido al derecho a una muerte digna, pasó directamente al borrador. Lo contrario ocurrió con el inciso segundo, que establecía que “la Constitución asegura el derecho de las personas de tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida, sus cuidados y tratamientos, con pleno respeto a su cultura, creencias y espiritualidad”. El acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de “enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social”, sí se llevará al borrador constitucional tras alcanzar el cuórum de 2/3 del Pleno.
Fueron devueltos a la comisión de Sistemas de Conocimientos los artículos relacionados con la creación de organismos como un Consejo Nacional de Comunicaciones y un Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios. Tampoco avanzó al borrador de propuesta de nueva Carta Fundamental el carácter independiente y pluralista de los medios de comunicación públicos.
El artículo N°6, además, sufrió el mismo destino y fue enviado a la comisión. Ahí se creaba un Sistema Nacional de Medios Públicos y Comunitarios que asesoraba y coordinaba diversos medios de comunicación, buscando fortalecer aquellos de carácter regional, local, comunitarios e indígenas.
El primer inciso del artículo N°5 fue el único que pasó al borrador. Establece la existencia de medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos, “que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población”.
Uno de los incisos aprobados más celebrados fue el primero del artículo N°17, que proponía el derecho sobre el libro y la lectura.
Artículo 17.- Sobre el libro y la lectura. “El Estado fomenta el acceso y goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias”.
Jueves 21 de abril
Hubo un ambiente tenso e incluso un quiebre en las relaciones en la izquierda. Tras el rechazo por segunda vez del trabajo de la comisión de Medio Ambiente varios convencionales interpelaron a los constituyentes del Colectivo Socialista por haber rechazado o abstenerse en la votación del informe en general.
La coordinadora de la comisión, Camila Zárate (Pueblo Constituyente), junto a varios convencionales y asesores, se mostraron decepcionados e indignados por el resultado. Y responsabilizaron inmediatamente al Colectivo Socialista por su derrota.
“Lamentamos que le hayan dado la espalda a la ciudadanía, a las comunidades, a la población y a los territorios que hemos estado hace años movilizándonos para poder lograr estas grandes reivindicaciones en este texto constitucional. Espero que aquellos que hoy día rechazaron y se abstuvieron, que mediten. Que mediten lo que hicieron el día de hoy”, afirmó.
La indignación se tradujo, además, en gritos e insultos en contra de los convencionales socialistas, a quienes calificaron de “traidores”.
Casi una hora después del término del Pleno, el Colectivo Socialista respondió ante las críticas y los gritos en su contra. Y atribuyó su decisión de no apoyar el informe a la calidad. También cuestionó la forma en que fueron interpelados.
“Lamentablemente, la tónica de hoy día han sido la persecución, la funa y el matonaje. Nosotros no vamos a aceptar que esa sea la forma de deliberación en la Convención”, señaló Tomás Laibe (Colectivo Socialista). Y agregó: “No debería sorprenderle a nadie que este informe fuera rechazado”. En la misma línea, el convencional añadió que el informe no cumplía con el estándar que esperaban y que por ello decidieron devolverlo a la comisión.
Viernes 22 de abril
Ante las acusaciones por el rechazo del informe en general de la comisión de Medio Ambiente, la la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (MSC), señaló que “sentimos mucho lo ocurrido. Por supuesto que tenemos que respetar y conservar el diálogo que hemos impulsado por todos estos meses. Tenemos posturas diferentes de concebir la vida, cuestiones políticas distintas, y siempre las hemos sabido llevar con respeto”.
“Reiteramos el llamado a los convencionales el reglamento que nos hemos entregado para respetar la norma que hace alusión a que tenemos que respetarnos en las diferencias que son muy legítimas. Necesitamos seguir construyendo los amplios concensos”, añadió.
En tanto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien respaldó a los convencionales del Colectivo Socialsita luego de los ataques recibidos por el rechazo del informe de Medio Ambiente, indicó que “estos actos de manotaje, que corresponden a conductas proto-fascistas, son inaceptables”.
Además, un total de 18 artículos de la comisión de Sistema Político pasaron al borrador de propuesta de nueva Constitución. Se aprobaron disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas de los órganos del Estado y funciones públicas, además del artículo referido a la creación de un Consejo para la Transparencia, que fiscalizará el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado, garantizando el acceso a la información pública.
El artículo N°13, que prohíbe la designación a cargos públicos o de elección popular a personas condenadas “por fraude al fisco, lavado de activos, corrupción, soborno, cohecho, malservación de caudales públicos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar”, fue devuelto a la comisión tras no alcanzar los dos tercios solo por un voto. El convencional Fernando Atria (Frente Amplio) definió lo anterior e indicó que no consideraba óptimo “marcar” a una persona de por vida.
Los artículos N°15 y N°16 referidos a las Fuerzas Armadas también pasaron a la propuesta de texto constitucional. Se estableció en uno de sus incisos que deberán establecer la paridad de género, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional.
Convencionales de derecha manifestaron su molestia por una indicación presentada que fue rechazada por el Pleno. Arturo Zúñiga (UDI) dijo que “permitía que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en situaciones tan necesarias como un terremoto o un aluvión, es alejar a los chilenos de sus Fuerzas Armadas”. Mientras que Cristián Monckeberg (RN) advirtió: “¿Quién se hará cargo cuando los habitantes del país lo necesiten?”.
También se decidió que será el Presidente de la República a quien le corresponderá la conducción de la defensa nacional, siendo jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
El artículo N°19, que cambiaba la institución actual de Carabineros fue rechazado. La norma establecía que las policías son instituciones civiles de carácter centralizado.