Senado salva a la ministra Silvana Donoso de su acusación constitucional
El libelo fue rechazado por amplia mayoría de votos. El caso abrió un debate sobre la libertad condicional, la falta de un tribunal de ejecución de penas y las carencias en la protección de los niños y niñas, como fue la historia de Ámbar Cornejo.
El Senado rechazó la acusación constitucional presentada contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso por notable abandono de deberes. Fue un libelo que interpuso un grupo de parlamentarios, liderado por el diputado Andrés Longton (RN), luego de que la magistrada presidiera la Comisión de Libertad Condicional que dejó fuera de la cárcel en 2016 a Hugo Bustamante, imputado por la violación y femicidio de Ámbar Cornejo, de 16 años.
La votación se produjo en forma separada, durante la mañana del 29 de septiembre, por los dos capítulos que contenía la acusación: el primero fue rechazado por 29 votos, ocho a favor y tres abstenciones.
El segundo capítulo, en tanto, tuvo 34 votos en contra, uno a favor y cinco abstenciones.
Los capítulos del libelo consistían, primero, en notable abandono de deberes y, segundo, en la transgresión de tratados internacionales respecto de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Dos días de debate
La sesión comenzó la mañana de 23 de septiembre con la intervención de Longton, Gonzalo Fuenzalida (RN) y Daniel Verdessi (DC), quienes fueron nombrados el pasado 10 de septiembre para exponer el caso de la jueza ante el Senado. Ese día, por 73 votos a favor, 52 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional.
Desde esa fecha, la ministra Donoso se encontraba suspendida de su cargo.
En su parte final, Longton dijo que si los senadores rechazaban el libelo, serían responsables del próximo crimen que cometa alguien que a futuro sea liberado por Silvana Donoso. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), se molestó y le llamó la atención al diputado. Longton después se disculpó y solicitó retirar sus expresiones del acta.
En la votación se inhabiltaron los senadores Francisco Chahuán (RN), pues su esposa trabaja en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y Manuel José Ossandón (RN), porque en la causa por tráfico de influencia por la que fue formalizado el 26 de agosto es defendido por el penalista Samuel Donoso, hermano de la jueza.
También se inhabilitó el senador Guido Girardi (PPD) por su amistad con Samuel Donoso, quien fue presidente del Tribunal Supremo del PPD, al que después renunció.
Gendarmería y el Decreto Ley 321
Esta fue la primera acusación constitucional en contra de una ministra de Corte de Apelaciones, pues los libelos anteriormente presentados fueron dirigidos hacia ministros de la Corte Suprema: en 1992 fue destituido el supremo Hernán Cereceda por el retraso en la dictación de un fallo de derechos humanos.
El asunto de Donoso ha enfrentado al Poder Judicial con el Congreso, al punto que el Pleno del máximo tribunal emitió una dura declaración señalando que se ponía en riesgo la independencia judicial, la vigencia del Estado de Derecho y, además, “exigió respeto”.
El debate contra la jueza -quien tiene por delante 10 años en el Poder Judicial antes de jubilar a los 75 años- se generó pues, ya gozando de su libertad condicional, Hugo Bustamante cometió el crimen de Ámbar Cornejo. Por ello, los parlamentarios acusadores le reprocharon su criterio en el sentido de haber dado el visto bueno –junto a otros magistrados que integraban la comisión– para que Bustamante saliera de la cárcel pese a que tenía antecedentes -un doble crimen en 2005- y a que Gendarmería no recomendaba que se dejara en libertad.
Sin embargo, la defensa de la ministra sostuvo durante el proceso que, para el 2016, cuando la Comisión que presidió Donoso dio la salida a Bustamante -y a más de 700 internos-, el Decreto Ley 321 que rige las libertades condicionales no exigía que tomaran en cuenta los informes sicosociales de Gendarmería. La situación cambió a fines de 2019, cuando esa ley se modificó.
Winter: “En el caso de Ámbar, no hay sistema”
A diferencia de la votación de la Cámara de Diputados, esta vez la jueza Silvana Donoso sí se presentó ante la Sala del Senado. Estuvo sentada al lado de su abogado, el penalista Jaime Winter, quien al iniciar su exposición ante los parlamentarios señaló que la magistrada se había transformado para sus acusadores en un “chivo expiatorio” de las fallas del sistema.
Y detalló que, en este sentido, es el sistema -y no los jueces de la Comisión de Libertad Condicional- quienes erraron al dejar libre a Bustamantente, sino que fue la protección a la infancia, a la mujer, los problemas en Gendarmería y el rol del Congreso.
“En el caso de Ámbar, no hay sistema”, dijo el abogado. Y ejemplicó que, meses antes de ser asesinada por Bustamantente, la adolescente pidió al conserje de su edificio en Limache no dejar entrar a Bustamantente -pareja de su madre-, pues temía por su integridad.
También recordó que estuvo bajo la protección del Sename y que, a los ocho años, Ámbar sufrió un abuso sexual. Por ello, insisitó en la falta de protección del sistema. “¿Se puede culpar de esto a la Comisión de Libertad Condicional?”, preguntó ante la Sala del Senado.
Luis Hermosilla se suma a la defensa
Jaime Winter no fue el único defensor. Además de la abogada constucionalista Dafne Guerra, se sumó el penalista Luis Hermosilla, quien en el Senado se hizo cargo de la réplica y dijo que la acusación constitucional contra Donoso tenía “problemas de fondo”. Y que, incluso, los acusadores nunca detallaron ni justificaron el segundo capítulo del libelo.
Hermosilla además criticó que el diputado Fuenzalida en su exposición inicial dijo que “Silvana Donoso es responsable del crimen de Ámbar Cornejo”, algo que lo consideró “inaceptable” pues le imputó un delito. “Acá hay un mínimo de Estado de Derecho”, señaló.
Y agregó que con ese tipo de argumentos no solo se caricaturiza a la jueza, sino que se “banalizan” crímenes como el de Ámbar.
“Puede no gustarnos las decisiones de los jueces, puede que no estemos de acuerdo, eso ocurre todos los días. Los jueces se pueden equivocar, eso es absolutamente normal, para eso existe los recursos. Pero nuestros jueces tienen que tener la libertad para resolver todos los días sin temor a que se levante una campaña en contra de ellos y que sean cuestionados por las decisiones que tomaron. Eso es un daño irreparable al funcionamiento de la institucionalidad”, dijo el abogado Hermosilla.
En diciembre de 2019, Luis Hermosilla defendió al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, en la acusación constitucional en su contra y que fue aprobada por 23 votos a favor y 18 en contra.
Longton: “Actuar negligente”
En su exposición, Jaime Winter recordó que el proyecto de la creación de un Tribunal de Ejecución de Penas no se ha concretado, lo que implicaría un seguimiento detallado de jueces especializados para que supervisen el comportamiento de quienes salen en libertad condicional. En cambio, hoy la decisión recae en una comisión de cinco magistrados.
Respecto de la imputación de que Donoso no vio el informe sicosocial de Gendarmería de Bustamante al momento de decidir su libertad , Winter insistió en que, al año 2016, no era un requisito que exigiera el Decreto Ley 321. Y recordó que, hasta hace cuatro años, la libertad condicional era considerada un derecho y no en beneficio como hoy, un criterio que ejemplicó con varios fallos de la Corte Suprema.
Además, el penalista dijo que, de acuerdo con la línea de los diputados acusadores, por las mismas decisiones que tomó la magistrada de Valparaíso debiera haber “verdaderos desfiles de ministros de cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema que han actuado confome a la ley”.
Sin embargo, el diputado Longton replicó que la relatora de la Comisión de Libertad Condicional que presidió Silvana Donoso en 2016, señaló ante la Cámara de Diputados que los jueces no quisieron ver los informes sicosociales de Gendarmería.
Y dijo que, aunque el sistema tiene fallas, no es posible “tratar de echarle la culpa al sistema cuando hay responsabilidades personales” y “un criterio arbitrario y actuar negligente” de parte de la ministra Donoso al presidir la comisión.
Es una decisión, insistió el diputado RN, que “tuvo un irreparable daño a la sociedad al dejar en libertad a delincuentes peligrosos”.